Luis A. Pérez Vargas. (Gerald López Cepero)

Los dos funcionarios nombrados en receso por la gobernadora Wanda Vázquez Garced para dirigir el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) deberán enfrentar cuestionamientos de la Asamblea Legislativa por sus recientes ejecutorias públicas.

Por un lado, a la designada secretaria de Justicia, Dennise N. Longo Quiñones, se le adjudica haber revocado una subasta en la que no salió favorecida la empresa de seguridad St. James Security Services Inc. mientras fue administradora interina de la Administración de Servicios Generales (ASG).

Mientras que Luis A. Pérez Vargas, nominado como director de la OEG, fue quien anunció al país en diciembre del año pasado que esa agencia fiscalizadora no tenía “campo de acción” contra la presidenta de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, Nydia Cotto Vives.

La OEG ordenó el archivo de una queja en contra de Cotto Vives que llevaba dos años bajo consideración de la OEG, tras ser referida por el Departamento de Justicia por supuesto conflicto de interés.

La ahora exdirectora de la OEG, Zulma Rosario, se había inhibido de intervenir en el asunto por su amistad con Cotto Vives. Por ende, Pérez Vargas, entonces subdirector de la OEG, quedó a cargo.

Ahora, tanto Pérez Vargas como Longo Quiñones deben pasar por un proceso de confirmación.

Preguntado sobre Pérez Vargas, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz dijo que “cualquier persona que tenga alguna información de nominado o nominada que la quiera ofrecer para que los senadores y senadoras las puedan evaluar, pues bienvenida sea. Pero no creo que el subdirector (de la OEG) bregue con querellas”.

Pese a que El Nuevo Día solicitó entrevista con Pérez Vargas, la oficial de prensa de la OEG, Jennifer Rodríguez, dijo que no estaría disponible hasta el miércoles.

La designada secretaria de Justicia tampoco concedió entrevista.

De acuerdo con información divulgada por el Centro de Periodismo Investigativo, la empresa St. James Security Services no cumplió con los requerimientos de una subasta efectuada en julio de 2011 por lo que fue descalificada.

Sin embargo, la ASG -bajo el mando de Longo Quiñones- revocó la subasta ya otorgada e incorporó a la empresa St. James Security Services Inc., que es propiedad del contribuyente del Partido Nuevo Progresista Guillermo Martínez, según ha trascendido.


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