Pulso Estudiantil fue uno de los medios registrados. (Xavier J. Araújo Berríos)

La gobernadora Wanda Vázquez Garced defendió hoy, miércoles, que, bajo su mandato, el Departamento de Justicia haya conseguido una orden de registro de las páginas de Facebook de tres organizaciones de prensa, que incluyó hasta los mensajes privados enviados por sus seguidores.

La orden de registro a Facebook se expidió el 5 de mayo de 2017, a solicitud del agente de la División de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia, Luis A. Lasalle Vargas.  Con esta orden, las autoridades estatales requirieron que la compañía multinacional les entregara la información relacionada a las páginas de Pulso Estudiantil, Diálogo y Centro de Comunicación Estudiantil, incluyendo la interacción y los comentarios de sus seguidores.  El registro fue autorizado por el entonces juez municipal Rafael Jiménez García, quien fue ascendido a juez superior por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en octubre de 2018.

La orden se dio luego de que un grupo de universitarios irrumpió la reunión de la Junta de Gobierno de la UPR en la que se discutía el aumento al costo de la matrícula y el recorte presupuestario de $241 millones.  Las autoridades estatales acusaron, por estos hechos, a siete universitarios quienes enfrentarán juicio el 12 de noviembre.

Justicia no solo registró el material grabado en directo durante la manifestación que ocurrió el 27 de abril de 2017, sino la información de los administradores de las páginas de estas organizaciones de prensa, incluyendo su dirección, teléfono y cualquier transacción bancaria.  Se registraron también los comentarios que hicieron las personas desde la comodidad de sus casas y los mensajes privados enviados antes y después del incidente.

El registro solicitado por Lasalle Vargas produjo un expediente de miles de páginas con el historial de las publicaciones de la prensa universitaria en Facebook, así como los nombres de sus miles de seguidores con su número de identificación de usuario, según los documentos que pudo examinar este diario.

A preguntas de los periodistas, Vázquez Garced reaccionó confiada en que la orden de registro del Departamento de Justicia se hizo en conformidad con la ley. Negó que se haya violado la libertad de prensa y los derechos constitucionales al expedir una orden de registro de todas las comunicaciones de Facebook de estas tres organizaciones de prensa. Recordó que el tribunal evaluó la solicitud de registro y determinó que procedía en derecho.

“Nosotros tenemos el deber de esclarecer los delitos… Como parte de esa investigación, la información (no) solamente la tiene una persona en particular, la puede tener un medio… El procedimiento no es de forma arbitraria; interferir con el medio, intervenir con el periodista (no es arbitrario). Vamos a hacerlo en conformidad con el orden constitucional”, reaccionó durante una conferencia de prensa en la que anunció la expansión de la empresa Medtronic, en Juncos.

Vázquez Garced agregó que, si el tribunal emitió la orden, “significa que estamos en derecho y que tenemos acceso a esa información”.

Difieren en su interpretación

En una mirada general al asunto, el presidente de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), Hiram Meléndez Juarbe, recordó que los tribunales pueden equivocarse y que las órdenes de registro no pueden ser abarcadoras, más aún cuando se trata de aparatos electrónicos que contienen mucha información almacenada. Meléndez Juarbe confirmó que estarán evaluando la querella presentada por el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, para determinar si procede iniciar una investigación.

El legislador de minoría presentó la resolución de la Cámara 1545, para investigar si estas órdenes de registro son constitucionales a la vez que escribió cartas a la secretaria de Justicia, Dennisse Longo, y a la CDC.

La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico establece que sólo se autorizarán registros y allanamientos por orden judicial, cuando exista causa probable y esté apoyada en un juramento describiendo el lugar a registrarse o las cosas a ocuparse.

“Se solicitó información que, incluso, no tenía nada que ver con la investigación y estamos hablando de medios de prensa”, puntualizó Márquez. 

Entretanto, la directora de Pulso Estudiantil, Marisol Nazario Bonilla, dijo a este diario que a ella y los demás integrantes del medio universitario les sorprendió la noticia de que sus nombres e información estuvieran en manos de la fiscalía, lo que consideran una violación de la libertad de prensa y la privacidad que le deben a sus fuentes. 

“El gobierno tiene acceso a saber quiénes son nuestras fuentes (si alguna de ellas escribió por mensaje privado de Facebook) y si ocurrió con nosotros, que somos un medio estudiantil, puede también ocurrir con medios corporativos como El Nuevo Día, Primera Hora, El Vocero o Metro”, alertó.

Los exempleados de Diálogo -medio oficial de la UPR que prácticamente se desmanteló por la falta de asignación de fondos- emitieron también declaraciones escritas en las que confirmaron que nunca recibieron una orden de registro ni aviso alguno de Facebook, en el que se les informara la entrega de datos privados del medio de comunicación ni de quiénes manejaban, comentaban o compartían el contenido periodístico que se colocaba en esa plataforma.

“Repudiamos la intervención del Estado contra el derecho de libertad de prensa que nos cobija en Puerto Rico”, expresó Víctor Rodríguez, exdirector interino de Diálogo a la vez que anticipó que el grupo evalúa tomar las acciones legales correspondientes.


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