El origen de las interrogantes que, desde más temprano este mes, han levantado organismos como la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre la distribución de funciones entre las entidades que supervisaron el proceso que culminó en la contratación del consorcio liderado por Power Expectations LLC para la compra de energía se remonta a la privatización del sistema eléctrico, gestada desde 2018, y los acuerdos posteriores con LUMA Energy y Genera PR para administrar el grueso de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).