Cerca de 37,000 clientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en San Juan, Carolina, Canóvanas y Loíza, que durante los pasados meses han sufrido interrupciones en el servicio de agua potable debido a las averías y roturas en la infraestructura de la corporación pública recibirán un ajuste en su factura correspondiente al período entre junio y julio.

La información fue compartida este jueves por la directora de Servicio al Cliente de la AAA, Edna Borges, durante una vista pública de la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado, que evalúa la ejecución de la “Ley de Facturación Justa, Razonable y Transparente de los Servicios Públicos Esenciales en Situaciones de Emergencias” (Ley 143-2018).

De acuerdo con Borges, su departamento determina qué clientes recibirán el ajuste a base de un análisis del Departamento de Operaciones y del director regional de la zona afectada.

“Casi a finales de julio, comenzamos el análisis porque muchas de las situaciones de no tener servicio culminaron en julio. Estábamos esperando que el área de Operaciones nos pudiera identificar algunas áreas que fueran mayor afectadas. Todavía nos quedan áreas que van a seguir recibiendo ajustes posteriores al término de julio para darle un ajuste si corresponde”, indicó Borges, quien representó, en la audiencia pública, al presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado.

Borges indicó que la AAA cuenta con las herramientas necesarias para determinar las áreas que se quedan sin servicio, pero el protocolo dicta que sea el área de Operaciones la que determine las zonas afectadas y el tiempo en que estuvieron sin agua para poder ajustar las facturas de esos clientes.

Precisó que los ajustes se verán reflejados en las facturas de este mes de septiembre o para principios de octubre, pero que aquellas personas que entiendan que no se les ajustó su factura correctamente deberán llamar a la corporación pública para hacer una reclamación formal e iniciar un proceso de investigación para determinar si se tiene que revisar o no la deuda.

“Puede ser que algún cliente, cuando reciba el ajuste, entienda que fue más tiempo o que se quedó, puede pasar, pero estamos tratando de poner todas las rutas que corresponden”, afirmó la funcionaria.

Para el senador novoprogresista Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, sin embargo, el estimado de 37,000 abonados como posibles beneficiarios “es un número muy bajito”.

“Es importante que todo abonado se eduque y esté pendiente de su factura, que reclame, porque si no hubo agua, no puede emitir un pago”, expresó el legislador.

De otra parte, el director regional de la Región Metropolitana, José Rivera Ortiz, confirmó, durante la discusión legislativa, que la AAA enfrenta un problema de reclutamiento debido a que los salarios que ofrecen no son atractivos en el mercado laboral.

“El salario es lo que ha provocado que una persona venga, está una semana y se va; en el caso de los operadores, de igual forma el salario es inferior, hay compañías privadas que ofrecen fuera de la Autoridad más de $25 la hora, así que nosotros estamos por debajo de esos salarios”, detalló Rivera Ortiz, quien añadió que la AAA tiene presupuestado el dinero de nómina y entrevistan para llenar las plazas, pero no logran retener el recurso humano.

A causa de esa escasez de empleados, el presidente ejecutivo de la AAA confirmó, en otra vista pública en la Cámara de Representantes el lunes, que la corporación pública recurrió a contratistas privados, que cuestan más dinero, para poder mantener las operaciones de emergencia.

“Hemos activado varias brigadas de emergencia para reparación de salideros. Lo hemos hecho por el proceso normal de licitación, lo hemos hecho para contratos de operadores de plantas, y a través del Departamento de Mantenimiento también se han hecho gestiones para tener brigadas de emergencia a nivel de nuestra región”, dijo, en tanto, Rivera Ortiz en la audiencia pública del Senado.

La AAA paga a un operador entrante el salario mínimo federal de $10.50 la hora. La gerencia propone elevar esa cantidad a $10.92 la hora, tarifa que fue acogida por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el plan fiscal, pero que es rechazada por la Unión Independiente Auténtica (UIA), que impulsa que el mínimo se eleve a $12.50 la hora.

Actualmente la UIA y la AAA se encuentran en un proceso de negociación para fijar las escalas salariales. La unión ya aprobó un voto de huelga que pondrían en efecto de no llegar a un acuerdo con la administración de la corporación pública.

En un comunicado de prensa, la UIA indicó temprano este jueves que entregó a la gerencia un documento en el que estipulan sus peticiones, y señalaron que esperan una respuesta escrita de la AAA.

En la vista pública, también participó la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, quien puso a disposición empleados de su municipio, mediante la firma de un memorándum de entendimiento, para que posteriormente se le reembolse al ayuntamiento por el trabajo que estos trabajadores lleven a cabo.