10 de mayo de 2025 - 4:27 PM
El Colegio de Abogados y Abogadas (CAAPR) celebró este sábado un encuentro contra el desplazamiento poblacional en Puerto Rico, con el que buscaron generar una conversación entre diferentes sectores con miras a identificar alternativas para atajar los diversos flancos de este fenómeno, que incide en la acelerada crisis de vivienda en el país.
Esta es la primera iniciativa del recién creado Comité Especial sobre Derecho a la Vivienda del CAAPR, que está integrado por abogados expertos en la defensa del derecho a la vivienda.
“La vivienda es un derecho humano y, como tal, está reconocido en nuestra Constitución, a través de la dignidad. Así que, en la medida en que se nos reconoce a nosotros y a nosotras la dignidad del ser humano, como parte de la dignidad, la gente merece y tiene derecho a un lugar donde vivir, independientemente su condición social, su estatus migratorio, su estatus político”, expresó la licenciada Annie Rivera Cruz, quien es parte del Comité Especial y profesora de Derecho en la Universidad Interamericana.
La jornada de paneles y charlas contó con expertos en diversas áreas, que abordaron temas como los alquileres a corto plazo, el impacto de los beneficiarios de la antigua Ley 22, los desahucios, los títulos de propiedad, la regulación de alquileres y el impacto comunitario del desplazamiento, entre otros.
Entre los panelistas, estuvo el profesor de la Escuela Graduada de Planificación Raúl Santiago Bartolomei, quien hizo un repaso de las situaciones que trajeron al estado actual, en el que cada vez es menos asequible comprar o alquilar una residencia.
Como ejemplo de la situación, compartió el académico, el índice del precio de viviendas aumentó en casi un 60%, del 2018 al 2024. Explicó que los precios de las viviendas fueron en declive desde la salida de las empresas foráneas que se beneficiaban de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal y vieron un marcado aumento tras el huracán María (2017).
“Hay un antes y después del impacto del huracán María. No por el huracán, porque el huracán no compra viviendas, el huracán no desahucia gente, el huracán no hace nada de eso. El huracán es agua y viento. Eso es lo que es. Son las decisiones que se toman después”, sostuvo Santiago Bartolomei, quien señaló que, entre esas decisiones, está la exclusión de familias en los procesos de reclamación para reconstrucción para daños causados por el ciclón.
El experto compartió que los alquileres asequibles –de $400 mensuales o menos– están disminuyendo, mientras los más costosos –de $1,000 o más– van en aumento. También, van en incremento las viviendas que están disponibles para alquileres a corto plazo, que son unidades enteras y no cuartos individuales dentro de propiedades habitadas.
Santiago Bartolomei presentó un mapa de la densidad de alquileres a corto plazo en Puerto Rico. Estos se centran en las zonas costeras y el área metropolitana. Destacó el caso de Culebra, que estaba completamente cubierto por puntos rojos, que simbolizaban las unidades de vivienda que se alquilan a corto plazo, que son mayores a las disponibles para largo plazo.
“El caso de Culebra es alarmante, porque Culebra es el único municipio en Puerto Rico que no tiene vivienda subsidiada. Ahí, no hay vivienda pública; ahí, no hay Sección 8. También, es el único municipio que tiene más unidades de vivienda que personas. O sea, que no es un problema de que no hay suficientes casas construidas”, subrayó el planificador.
Respecto a las soluciones, dividió las alternativas en “medidas antidesplazamiento” y “medidas para aumentar la oferta de vivienda asequible”. Para la primera, sugirió mantener un registro e inventario de las unidades asequibles, reglamentar los alquileres a corto plazo y establecer un programa de estabilización de rentas, como el que tenía Puerto Rico hasta 1995, entre otras.
De otro lado, para incrementar la disponibilidad de vivienda asequible, recomendó, por ejemplo, crear un programa de vivienda social local, fomentar las cooperativas de vivienda, y la adquisición y redesarrollo de estorbos públicos.
“Históricamente, el Colegio siempre ha estado a la vanguardia de la defensa de los derechos de las personas, los derechos humanos fundamentales. El derecho a la vivienda es un derecho humano. Así que pienso que, como institución, nos pueden escuchar y podemos darles estas ideas, soluciones o alternativas”, sostuvo, en tanto, la presidenta del CAAPR, Vivian Godineaux Villaronga.
Esta es el primer encuentro que organiza la Comisión Especial de Derecho a la Vivienda, de la que forman parte su presidenta, Myrta Morales Cruz; y los abogados Melissa Hernández Romero, Javier Torres Rivera y Mariana Nogales Molinelli.
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