Pese a las victorias que han sumado con las peticiones de “habeas corpus” en las cortes federales, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico denunció los altos costos de fianza que se les imponen a los inmigrantes detenidos –desde $1,500 hasta $10,000–, lo que, según la organización, restringe el acceso a la justicia a una población que ya tiene recursos limitados.

El “habeas corpus” es un recurso legal que permite a los inmigrantes, independientemente de su estatus, solicitar a un juez federal que revise la legalidad de su detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y se celebre una vista de fianza.

“Una vez logramos ese acceso a la vista de fianza, la cifra que imponen es una que, entendemos, es excesivamente alta, innecesaria e injustificable”, manifestó David Cordero Mercado,director de Comunicaciones de la ACLU de Puerto Rico.

De cinco casos sometidos por la organización en enero, en dos, los jueces de inmigración impusieron fianzas de $10,000 a cada persona. Otros abogados consultados por El Nuevo Día compartieron el mismo “patrón” durante la administración de Donald Trump.

“Es parte del patrón de acciones para violentar los derechos de las personas inmigrantes y es un nuevo reto que estamos enfrentando. Esto no ha impedido que, en el caso de estos dos inmigrantes que ya tuvieron esa vista de fianza, estén en este momento en libertad”, agregó Cordero Mercado.

La abogada de inmigración Yarima González Crespo comentó, por su parte, que ha visto, en otras jurisdicciones, fianzas que ascienden a $25,000, incluso, en casos de personas sin récord criminal.

Este jueves, Albeto Pierre, el inmigrante haitiano arrestado en Nochebuena mientras caminaba hacia una clínica a acompañar a su esposa embarazada en Barrio Obrero, mantiene la esperanza de que se le conceda una fianza para lograr regresar a la isla con su familia, mientras se ve su caso.

Recientemente, fue trasladado del centro de detención “Alligator Alcatraz”, en Florida, a otra institución del ICE, llamada Broward, en el mismo estado. La semana pasada, le concedieron el “habeas corpus” en Florida, por lo que tendrá acceso a una vista virtual.

“Las fianzas empiezan en $1,500 y se tienen que pagar en su totalidad. Las fianzas de inmigración no son como las de casos criminales, que solamente es el 10%. Así que, si te la ponen de $5,000, $10,000 o $12,000, tienes que poner el dinero completo. Ese es otro escollo”, planteó González Crespo, abogada de Pierre.

Tan como el pasado viernes, la ACLU radicó una moción urgente, ante el Primer Circuito de Apelaciones en Boston, para que el proceso de Pierre continúe en Puerto Rico y que la vista de fianza se celebre en la isla, pero, al momento de publicación, no había sido respondida.

González Crespo explicó que la fianza es “discrecional”, lo que pone a sus clientes y colegas en un terreno de incertidumbre. “Puedes cumplir con todos los requisitos y un juez decirte: ‘A mi discreción, te deniego’. No necesita mucha explicación. Esa es una realidad”, sostuvo.

Advirtió, además, sobre otro reto respecto a los grilletes electrónicos, que sirven de geolocalizadores y “hasta te escuchan o pueden hablar por el grillete”.

“Es otra situación que es una violación a los derechos del inmigrante. Si tú le diste fianza, porque se demostró que no está en riesgo de fuga, que no es un peligro para la sociedad, no tiene récord criminal, ¿por qué le pones ese grillete que, aparte de la vigilancia 24/7, estigmatiza a los que tengan permiso para conseguir trabajo?”, señaló.

Las personas que pagan la fianza pueden seguir trabajando, de contar con un permiso, mientras el caso de inmigración continúa.

“Va en un ritmo mucho más lento cuando tú no estás detenido. Los jueces suelen ser un poquito más lenientes y flexibles. Puedes pagar tu defensa, probablemente poco a poco, a plazos, porque te permite trabajar,dijo González Crespo.

En caso de ganar el caso y lograr un remedio, o perder y ser deportado, se supone que se devuelva el dinero al inmigrante. “Después que tú asistas a todas las vistas, el dinero te lo devuelven”, comentó.

Cordero Mercado denunció, en tanto, que las altas fianzas hacen inaccesible la justicia para los inmigrantes, que, en gran medida, “son personas que no tienen recursos económicos suficientes para cubrir esas cifras”.

“Un caso de inmigración es bien costoso. Por ejemplo, un remedio de asilo tiene un ‘fee’ (tarifa) inicial de $100 y, por cada año que tú estés esperando para que se resuelva, tienes que darle $100 al gobierno. El permiso de trabajo son $465 al año. Una apelación, que antes era gratuita, ahora son $1,000. Es totalmente arbitrario”, anotó.

A estas cifras, se suman gastos legales adicionales cuando los detenidos en Puerto Rico son trasladados a otras jurisdicciones, ya que en la isla solo hay un centro temporero.

“El que migra, lo que quiere es quedarse, así que el riesgo de fuga no se justifica. El que tiene un caso criminal serio, usualmente, le toca la detención obligatoria”, señaló Cordero Mercado.