La Fundación Surfrider en Puerto Rico alertó este viernes –por voz de su gerente de programas, Héctor “Tito” Varela– que el proyecto de ley que redefine la zona marítimo terrestre (ZMT) supone “un retroceso” en la protección de las costas del país y “una oportunidad perdida” para fortalecer un sector económico y ambiental clave que históricamente ha sido subestimado.

“Puerto Rico es parte de un archipiélago caribeño tropical. Nuestras costas no son estáticas; responden a marejadas, corrientes y al movimiento natural de la arena. Delimitar la zona marítimo terrestre sin considerar estos procesos es legislar de espaldas a la ciencia y a la realidad del cambio climático”, expresó Varela, en comunicado de prensa, en alusión a las disposiciones del Proyecto de la Cámara (PC) 25.

El PC 25 fue radicado por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, el primer día de sesión del cuatrienio, en enero de 2025. Su aprobación en ese cuerpo, sin embargo, se dio el pasado 27 de enero, dos semanas después que la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, presidida por Thomas Rivera Schatz, emitiera un informe negativo del proyecto de administración que concedería licencias de ocupación a las estructuras existentes en La Parguera, en Lajas, incluyendo las de los suegros de la gobernadora Jenniffer González.

La ZMT, según la medida, sería “el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo hasta donde llega la línea del nivel medio de pleamar mayor determinada sobre una época mareal de 19 años, en donde son sensible las mareas, y hasta donde alcance las olas bajo condiciones meteorológicas típicas documentadas, excluyéndose las marejadas ciclónicas en donde las mareas no son sensible, e incluye los terrenos ganados al mar y las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensible las mareas”.

Al recordar que la Fundación Surfrider lleva más de 41 años protegiendo los recursos oceánicos del mundo, Varela destacó que, aunque Puerto Rico cuenta con cerca de 1,500 playas, apenas cerca del 30% son arenosas, lo que las convierte en un recurso limitado y estratégico.

“Las playas de arena son la base del turismo, del ‘surfing’ y de múltiples industrias acuáticas costeras. Reducir la zona marítimo terrestre pone en riesgo ese activo natural y económico”, recalcó.

Mencionó, asimismo, que pueblos como Isabela, Arecibo y Camuy dependen directamente de bancos de arena marinos y sistemas de dunas para mantener playas saludables, permitir su regeneración natural y proteger comunidades tierra adentro. “Estas playas no solo generan actividad económica; funcionan como barreras naturales que protegen vidas, infraestructura y propiedad frente a marejadas y eventos extremos”, afirmó.

Desde la perspectiva económica, Varela compartió que, hace 20 años, la Fundación Surfrider realizó un estudio económico en Rincón, que evidenció el impacto significativo de la industria del “surfing” en la economía local. “Los datos fueron contundentes: millones de dólares se generan anualmente únicamente a partir de esta actividad”, explicó.

Añadió el estudio “confirmó” que preservar la ZMT, restaurar áreas costeras afectadas y evitar daños en otros sectores del litoral no es solo una acción ambiental, sino una estrategia económica inteligente. “Estamos hablando de un motor económico que nunca se ha considerado seriamente en Puerto Rico, pero que puede beneficiar a amplios sectores del país”, sostuvo.

Según Varela, el impacto del “surfing” se extiende a múltiples industrias. “Un ‘surfer’ que viaja a Puerto Rico incurre en gastos de pasajes aéreos, equipaje, alojamiento, alquiler de vehículos, alimentación, combustible y otras actividades recreativas. Ese gasto se distribuye directamente en la economía local”, indicó, al resaltar que diversos estudios reflejan que el perfil del “surfer” viajero es mayormente profesional, con capacidad económica y viajes recurrentes, lo que convierte a este sector en un mercado sostenible a largo plazo.

En años recientes, dijo, Puerto Rico también se ha consolidado como sede de algunos de los eventos de “surfing” más importantes a nivel internacional, celebrados en diversas costas del país. Aun así, señaló que no tiene conocimiento de que, durante el proceso de desarrollo del PC 25, se hayan llevado a cabo reuniones formales con entidades, organizaciones o sectores asociados al “surfing” para integrar su experiencia y perspectiva.

“Cualquier legislación que impacte directamente la zona marítimo terrestre y las playas del país debe construirse escuchando a todos los sectores que dependen de ella y la protegen”, concluyó.

El PC 25 permanece ante la consideración del Senado.