El alcalde de Carolina, José Aponte Dalmau, calificó este martes como “informativo” el opúsculo o “brochure” que distribuyó en el pueblo y que señala a dos senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) por investigar denuncias de presuntas violaciones ambientales en el vertedero municipal.

“Los gobiernos municipales utilizan todos los medios tradicionales y de fácil alcance para mantener a la ciudadanía informada de toda gestión de gobierno que se realiza”, dijo Aponte Dalmau, en respuesta a una petición de entrevista de El Nuevo Día. “Hace dos semanas, informamos de los efectos negativos que pudieran resultar de la Resolución del Senado 2, que pone en riesgo las operaciones del sistema de relleno sanitario (SRS) de Carolina”, agregó, por escrito.

El folleto –repartido a vecinos de Carolina, supuestamente, por empleados municipales– señala que los senadores Marissa Jiménez Santoni y Héctor Joaquín Sánchez, mediante la Resolución del Senado (RS) 2 –que dio paso a la pesquisa legislativa–, “atentan contra la renovación del permiso de operación del sistema de relleno sanitario de Carolina” y el servicio de recogido y disposición de basura, “poniendo en riesgo la salud, el bienestar y la calidad de vida” de los residentes.

Aponte Dalmau fue referido el lunes por ambos senadores a la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor por, supuestamente, utilizar fondos públicos para desarrollar y distribuir el folleto, que, a juicio de ambos, representa un ataque político de parte del alcalde por ir solo contra ellos dos, que representan al Distrito de Carolina, y excluir a Ángel Toledo López y Eliezer Molina Pérez, coautores de la RS 2.

“Con la seriedad y la transparencia administrativa que nos han distinguido a lo largo de los pasados 18 años, atenderemos cualquier solicitud requerida por las agencias del gobierno. Nuestro compromiso es garantizar que cualquier información divulgada sea precisa, oportuna y en cumplimiento de ley”, dijo, en tanto, el alcalde, del Partido Popular Democrático.

Aponte Dalmau defendió que sus acciones son un ejercicio de “responsabilidad ministerial” para proteger el SRS. Se amparó en el Artículo 1.018 del Código Municipal, argumentando que le otorga la facultad de representar al ayuntamiento en gestiones extrajudiciales.

Asimismo, justificó su proceder señalando que la RS 2 ha tenido consecuencias, como un aumento en la burocracia para la renovación del permiso del vertedero. Insistió, en ese sentido, en que la medida “pone en riesgo” las operaciones de la instalación.

“Evidencia de esto es la insistencia de los senadores en cuestionar al Departamento de Recursos Naturales (y Ambientales) los informes que expresan que nuestro SRS opera satisfactoriamente. El resultado ha sido condicionar la renovación del permiso de operación del SRS a una vista pública, dándole foro a intereses externos que pudieran entorpecer el proceso que, hasta ahora, siempre estuvo en manos de los peritos de Recursos Naturales”, señaló.

En sus expresiones, Aponte Dalmau no respondió ninguno de los cuestionamientos surgidos a raíz de la investigación que ordena la RS 2 –un asunto que ha sido cuestionado antes– en torno a la zona de amortiguamiento en los límites geográficos del vertedero, la expansión dentro de las cuerdas de terreno que expropió para otros fines y los señalamientos de violaciones ambientales.

Según la medida, por los pasados años, el SRS de Carolina ha sido objeto de críticas por parte de residentes, así como de arqueólogos y organizaciones ambientales debido a la supuesta expansión ilegal de su perímetro y la contaminación ambiental como resultado de un mal manejo.

“No tenemos ninguna intención ni interés en que se cierre el sistema de relleno sanitario; simplemente estamos atendiendo unas inquietudes e investigaciones que se supone que realizara el Departamento de Recursos Naturales y otras entidades”, sostuvo Sánchez Álvarez, en entrevista el lunes.