La organización Movimiento Ciudadano Pro Cierre del Vertedero de Arecibo (Mocivea) presentó una demanda contra los alcaldes de Arecibo, Hatillo y Quebradillas, municipios que utilizan el sistema de relleno sanitario que, por años, ha sido señalado por incumplir con las regulaciones para garantizar la salud pública y ambiental.

“La calidad de vida de los miembros de Mocivea se perjudica severamente por las continuas descargas de desperdicios sólidos en el vertedero municipal de Arecibo (AML, en inglés). Estas descargas impactan negativamente el uso y disfrute de sus propiedades, impactan drásticamente su calidad de vida y bienestar. Los miembros de Mocivea han sido, son y seguirán siendo afectados adversamente por la disposición de desperdicios sólidos en el AML”, resume el recurso radicado ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.

Los malos olores que alcanzan los hogares, puntualiza la demanda, obligan a los residentes a cerrar las ventanas, provocando “niveles incómodos de calor” e incrementando las facturas de luz por el uso de los acondicionadores de aire.

Ya en febrero, los ahora demandantes habían notificado a los alcaldes de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez Irizarry; Hatillo, Carlos Román Román; y Quebradillas, Heriberto Vélez Vélez, su intención de presentar el recurso legal. Se trata de los tres municipios que depositan sus desperdicios en el vertedero de Arecibo, ubicado en el barrio Factor 2.

Por medio de sus portavoces de prensa, los tres alcaldes indicaron por escrito, durante el fin de semana, que aún no habían sido emplazados por los demandantes, que presentaron el recurso el 2 de junio, según el expediente del Tribunal Federal. El caso fue asignado a la jueza Aida Delgado Colón.

Landfill Technologies of Arecibo (LTA), la empresa privada que opera el vertedero, no figura entre las partes demandadas. Sin embargo, en una carta dirigida a Mocivea, fechada el 11 de abril, solicitaron a la organización un “cese y desista” de “continuar diseminando alegaciones no sustanciadas a cualquier agencia regulatoria, municipio o tercero; perseguir alguna acción legal basada en estos reclamos no sostenidos; y realizar más declaraciones, pública o privadamente, sobre el cumplimiento de LTA con estándares regulatorios sin evidencia factual apropiada”.

Al emitir el aviso a los ejecutivos municipales en febrero, el abogado de Mocivea, Miguel Sarriera Román, había recomendado cuestionar al operador sobre los alegados incumplimientos.

La demanda de Mocivea enumera, al menos, siete violaciones reglamentarias asociadas a los materiales de cubierta de los depósitos, el control de acceso, el control de escorrentías y de aguas superficiales, los procedimientos dirigidos al cierre del vertedero y las garantías financieras para las gestiones de cierre y mantenimiento posterior a la clausura.

El vertedero de Arecibo opera desde 1973, y las denuncias en torno a su funcionamiento inadecuado e impacto ambiental y en la salud de las comunidades, principalmente Garrochales, Factor 2 y Cercadillo, llevan varias décadas.

En el último permiso otorgado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para la operación del vertedero, la agencia fijó mayo de 2027 como la fecha de cierre. Previo a ello, el Municipio de Arecibo, dueño de la instalación, y el operador deben entregar a la agencia un plan de cierre. Los líderes de Mocivea, sin embargo, han exigido una clausura adelantada, a la luz de las supuestas irregularidades en el manejo del vertedero.

El recurso legal se presentó al amparo de la Ley federal de Conservación y Recuperación de Recursos, bajo cuyas disposiciones, se argumenta, la instalación arecibeña debe ser catalogada un “vertedero abierto” (“open dump”), prohibido por el estatuto.

“Las prácticas de disposición de los municipios mencionados violaron, violan y probablemente continuarán violando la prohibición de vertederos abiertos bajo la sección 6945(a) de la Ley”, reza la demanda.

Como parte de los remedios solicitados al Tribunal Federal, Mocivea enumera que se prohíba a los tres ayuntamientos continuar transportando su basura al vertedero de Arecibo, pagar penalidades ascendentes a $25,000 diarios por “descargar ilegalmente desperdicios sólidos en un vertedero abierto” y cubrir los costos del procedimiento legal.