La Asociación de Economistas de Puerto Rico consignó su rechazo al desarrollo del enclave de lujo Esencia, en Cabo Rojo, al concluir que sus beneficios públicos no compensarían “los costos y riesgos” que impondría al erario y las comunidades de ese municipio.

Así lo plasmó la organización en una resolución fechada el 20 de agosto y aprobada de manera unánime por la Junta de Directores.

“La Asociación de Economistas de Puerto Rico rechaza firmemente el desarrollo del proyecto Esencia y exhorta a las agencias concernidas a iniciar los procedimientos necesarios para dejar sin efecto los permisos y autorizaciones ya concedidos, así como a abstenerse de otorgar cualquier permiso o autorización adicional”, dicta el documento de dos páginas.

La resolución de la Asociación de Economistas levanta bandera por el tipo de empleos que crearía el proyecto propuesto por Three Rules Capital y Reuben Brothers, que se concentrarían en actividades de hotelería, limpieza y mantenimiento, y servicio de alimentos, entre otros. Según la organización, los sueldos de estas ocupaciones “suelen encontrarse cerca del salario mínimo”. Menciona, además, que no hay garantías de beneficios marginales.

“La necesidad del país es empleo digno que permita a las personas y sus familias vivir con seguridad económica y permanecer en sus comunidades”, sostiene, y plantea que el beneficio “limitado” que ofrecerían esos puestos “no compensa los riesgos del proyecto para la biodiversidad y el acceso al agua de las comunidades”.

Por otro lado, advirtieron que el proyecto, que ofrecería a la venta residencias de lujo a un costo entre $2 millones y $20 millones, “aumentaría la presión sobre la vivienda en Cabo Rojo, agravaría el riesgo de desplazamiento y favorecería una economía de enclave con vínculos limitados con la actividad productiva local”.

Uno de los argumentos a favor de esta propuesta es que traería desarrollo económico a la región. En una declaración previa compartida con El Nuevo Día, Roberto Ruiz Vargas, cofundador de Three Rules Capital, planteó que “el 47% de las familias de Cabo Rojo que viven bajo la línea de pobreza no tienen por qué seguir esperando por su desarrollo económico”.

Los proponentes no respondieron este sábado una solicitud de comentarios sobre la postura de la Asociación de Economistas.

Los economistas también repasaron las denuncias de impacto ambiental que pesan sobre el desarrollo, incluyendo el reconocimiento de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados –ratificado por la Autoridad de Energía Eléctrica– de que no tiene capacidad para suplir la demanda de agua.

“Una evaluación económica responsable debe contabilizar el valor de los bienes y servicios que prestan los ecosistemas, la presión sobre los recursos naturales, los riesgos climáticos, el daño irreversible a nuestro capital natural, el costo de oportunidad del suelo y la infraestructura, así como identificar quiénes reciben los beneficios y quiénes reciben los costos a lo largo del tiempo”, reza el documento.

La difusión de la resolución se da en momentos en que la capacidad de carga de Cabo Rojo y el proceso de aprobación de permisos del desarrollo, que se levantaría sobre 2,000 cuerdas de terreno –del cual alrededor del 40% está resguardado por su alto valor ecológico, agrícola, hídrico o paisajístico para evitar su urbanización– son investigados por el Senado.

La Oficina de Gerencia de Permisos aprobó la consulta de ubicación –que no es un permiso de construcción– de Esencia el 30 de julio, 16 días después de que Cabo Rojo Land Acquisition presentara la solicitud. Al momento, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tiene ante su consideración dos impugnaciones al deslinde de la zona marítimo terrestre de la propuesta.