La Asociación de Farmacias de Comunidad favoreció el lunes “cualquier iniciativa” que logre reducir el costo de los medicamentos para los pacientes, luego que el presidente Donald Trump firmara, también ayer, una orden ejecutiva que pide a las farmacéuticas reducir los precios, como paso previo a posibles medidas regulatorias.

“La disparidad entre los costos de los medicamentos en Estados Unidos y otros países pueden ser abismales y es uno de los renglones que experimenta aumentos anuales. Apoyamos cualquier iniciativa dirigida a bajar estos costos para que nuestros pacientes puedan tener acceso a sus terapias y tratamientos de salud”, dijo la directora ejecutiva de la Asociación, Linda Ayala, por escrito.

La orden ejecutiva de Trump, titulada “Llevando a los Pacientes Estadounidenses Precios de Medicamentos Recetados de Nación Más Favorecida”, acusa a otros países de “aprovecharse” de los consumidores estadounidenses y plantea que busca poner fin a los precios exorbitantes de los medicamentos recetados en Estados Unidos.

El Nuevo Día solicitó ayer una reacción del secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos, pero no se produjo.

El decreto plantea que los estadounidenses financian una parte desproporcionada de las ganancias farmacéuticas globales, pagando precios hasta tres veces más altos por los mismos medicamentos que se venden mucho más baratos en el extranjero. Ante ello, exige que los estadounidenses tengan acceso a los precios de la “nación más favorecida”, es decir, los precios más bajos disponibles en otros países desarrollados.

“La orden ejecutiva del presidente ofrece unos lineamientos que, una vez sean aprobados por las agencias concernidas y por el Congreso de Estados Unidos, deberán tener un impacto positivo en el bolsillo del consumidor puertorriqueño. Apoyamos la política de Estados Unidos de pagar el mismo precio por un medicamento que el precio más bajo en cualquier parte del mundo”, expresó Ayala.

Dijo esperar que las autoridades correspondientes se aseguren de que el proceso de cambio de precios no dificulte el acceso de los pacientes a los medicamentos y sus tratamientos de salud. En Puerto Rico, hay cerca de 850 farmacias de comunidad en los 78 municipios.

Si bien la orden requiere determinadas acciones a las farmacéuticas, del texto no se desprende ningún marco regulatorio que las obligue a hacerlo, aunque plantea ciertas amenazas en cuanto a regulación futura.

En su orden, Trump instruye al secretario de Comercio y el representante comercial de Estados Unidos tomar “todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar que los países extranjeros no participen en ningún acto, política o práctica que pueda ser irrazonable o discriminatoria, o que pueda perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos, y que tenga el efecto de obligar a los pacientes estadounidenses a pagar una cantidad desproporcionada de investigación y desarrollo farmacéutico global, incluyendo la supresión del precio de los productos farmacéuticos por debajo del valor justo de mercado en países extranjeros”.

En la misma dirección, ordena al secretario de Salud y Servicios Humanos establecer, en o antes de 30 días, los objetivos de precios de acuerdo con los de la “nación más favorecida” y comunicarlos a los fabricantes farmacéuticos, “para que los precios para los pacientes estadounidenses se ajusten a los de países con un desarrollo comparable”.

Aunque no establece una cronología clara más allá de los 30 días, el decreto sostiene que, si no se logran avances significativos, el secretario de Salud y Servicios Humanos deberá presentar un plan para la imposición de precios mediante reglamentación. Además, en momentos en que crece la guerra arancelaria debido a las imposiciones de Trump sobre el resto de los países y la respuesta de otras naciones con tarifas similares, la nueva orden amenaza con recurrir a la importación de medicamentos, a precios más bajos, si las farmacéuticas no reducen sus costos.

Dentro de ese escenario, la orden plantea que el secretario de Salud y Servicios Humanos deberá certificar que la importación “no representará un riesgo adicional para la salud y la seguridad públicas y resultará en una reducción significativa del costo de los medicamentos recetados para el consumidor estadounidense”.

Si el secretario lo certifica, el comisionado de Alimentos y Medicamentos deberá tomar medidas “para describir las circunstancias bajo las cuales se otorgarán de manera consistente exenciones para la importación de medicamentos recetados, caso por caso, desde países desarrollados con medicamentos recetados de bajo costo”.

De igual modo, establece que se revisarán y considerarán “todas las medidas necesarias respecto a la exportación de medicamentos farmacéuticos o materiales precursores que puedan estar fomentando la discriminación global de precios”.