En una vista que volvió a revelar las tensiones prevalecientes entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy, pareció surgir este viernes un consenso de la necesidad de implantar una cláusula en la factura de luz dirigida específicamente a financiar las reservas de emergencia de los operadores privados del sistema, existentes por disposición contractual, pero sin fondos hace más de un año.

Los principales oficiales financieros de LUMA, Genera PR y la AEE coincidieron en que, al presente, no hay un mecanismo que asegure que las cuentas de las dos compañías a cargo del grueso de las funciones operacionales mantengan el balance de $30 millones que sus respectivos contratos requieren.

“Ciertamente, ellos (AEE) no tienen mecanismo ahora mismo para proveer el dinero”, sintetizó la jefa de Finanzas de Genera PR, María Sánchez Brás, en la continuación de las vistas adjudicativas del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para revisar la tarifa base.

En el caso de Genera PR, dijo Sánchez Brás, ante la indisponibilidad de fondos en la cuenta de emergencias, han dependido de recibir financiamiento federal para asumir los gastos asociados a ese tipo de eventos.

“Creo que debemos tener las cuentas del OMA (acuerdo de operación y mantenimiento) y alguna manera de financiar esas cuentas”, abundó la contadora pública autorizada, a preguntas del oficial examinador del NEPR Scott Hempling.

Su homólogo en LUMA, Andrew Smith, subrayó que, al excluir el huracán Fiona (2022) y la tormenta Ernesto (2024), la empresa ha gastado un promedio de $50 millones anuales en eventos de apagones, una cantidad que excede, incluso, el balance requerido para las cuentas dispuestas en su contrato. A lo largo de tres años –el período que cubre el procedimiento de revisión tarifaria–, ese nivel de gasto supondría la necesidad de recaudar alrededor de $150 millones de los consumidores, en caso de aprobarse una cláusula tarifaria a esos efectos.

Smith enfatizó que el desafío mayor es asegurar el financiamiento para responder a un desastre mayor, que pueda implicar la necesidad inmediata de gastar decenas de millones de dólares.

Aunque reconoció que una alternativa es crear una cláusula o “rider” en la factura que los clientes paguen mensualmente para asegurar una entrada constante de fondos a las cuentas de emergencia, sostuvo que siempre “existe una discrepancia entre el momento en que el costo se asume (por parte de LUMA para responder a la emergencia) y cuando el cliente paga”.

En ese sentido, sugirió la posibilidad de una cláusula que se active cuando las cuentas de LUMA o Genera PR se reduzcan por debajo de cierto umbral.

“Una cláusula (permanente) es mucho más precisa y transparente”, planteó Hempling, aunque igualmente puso en duda el “apetito” de los abonados de ver líneas adicionales en sus facturas.

En julio, ante la ausencia de fondos en las cuentas de los operadores, el NEPR aprobó, a modo provisional, una partida fija –no restituible– de $15 millones a la que LUMA, Genera PR y la AEE pueden recurrir en eventos de emergencia, según criterios establecidos por el regulador que no necesariamente se alinean con los estipulados en los contratos.

“Si tenemos una fuente de financiamiento para los OMA, no haría falta (la cuenta separada creada por el NEPR)”, dijo el contralor de la AEE, Juan Carlos Adrover.

Tanto Adrover como Sánchez Brás consideraron, sin embargo, que cualquier mecanismo futuro requeriría mayor capacidad de “supervisión”, momento en el que Hempling –ante repetidas intervenciones de las representantes legales de LUMA y la AEE– advirtió que el caso tarifario no tiene el propósito de convertirse en foro para dilucidar “acusaciones de la conducta pasada de nadie”, en obvia referencia a las disputas en curso entre la corporación pública y el consorcio a cargo de la red de transmisión y distribución.

“De experiencia, puedo mencionar que tuvimos fondos que se usaron demasiado frecuentemente. Se usaron sobre $300 millones y creo que, si tenemos mejor supervisión o rendición de cuentas, se puede explicar (el gasto) mejor a los consumidores”, sostuvo Adrover, quien puntualizó que los gastos considerados bajo los parámetros de emergencia, al presente, no se reportan al NEPR en los informes periódicos de manejo presupuestario.

Según LUMA, desde su entrada en 2021, los gastos asociados a emergencias han superado los $300 millones, mientras que la AEE ha depositado poco menos de $90 millones en las cuentas de reserva, dejando una brecha de más de $200 millones que el operador ha reclamado que se restituya en su totalidad.

De acuerdo con Smith, al lunes pasado, LUMA adeudaba $229 millones a suplidores y contratistas, gastos atribuibles “parcialmente a eventos de apagones”.

“Lo que me parece importante es que tengo consenso del señor Adrover, la señora Sánchez Brás y el señor Smith de que necesitamos mecanismos de rendición de cuentas”, sostuvo Hempling.