Ni el padre ni el hermano de la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, administradores de Yabucoa Auto Service –centro de inspección que hasta diciembre estuvo a nombre de la funcionaria–, comparecieron este miércoles ante la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes, que investiga presuntas irregularidades en la venta de marbetes.

Según el presidente de la Comisión, el representante José “Cheíto” Hernández, los familiares de Pérez Peña se excusaron alegando que no querían interferir con la investigación que el Departamento de Justicia lleva a cabo sobre el mismo asunto. La justificación no fue acogida.

“No comparecieron. Se excusaron porque están dándole espacio a la investigación de Justicia. Aun así, les contestamos que no estaban excusados, al igual que a los demás seis que no vinieron en el día de hoy”, apuntó Hernández, en un aparte con la prensa.

Adelantó que, la próxima semana, volverá a citar tanto a los familiares de la secretaria como a los titulares de los otros seis centros de inspección que no se presentaron este miércoles, y advirtió que, de no comparecer, activará los mecanismos adicionales que el reglamento de la Cámara provee.

De no comparecer “bajo apercibimiento de desacato”, entonces, la Comisión puede acudir a los tribunales por vía del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez. “Si la próxima semana no acuden, nosotros vamos a trabajar con un apercibimiento de desacato”, anotó Hernández.

Yabucoa Auto Service estuvo bajo la titularidad de Pérez Peña hasta diciembre pasado, cuando la cedió a la corporación Yabucoa Auto Service LLC, presidida por Noel Pérez Martínez, su padre.

Como divulgó inicialmente el programa televisivo “Los datos son los datos” (WAPA), el centro de inspección supuestamente emitió más de 1,900 marbetes fraudulentos. Como resultado, se le impuso una multa de $987,500, la cual se habría transado por $5,000.

La Comisión citó este miércoles a vista ejecutiva a 10 propietarios de centros de inspección –multados por supuestamente emitir marbetes ilegales–, como parte de una investigación. La información que resulte de los intercambios será comparada con la presentada al organismo por el Departamento de Hacienda, anticipó Hernández.

De los cuatro citados que acudieron, tres se marcharon sin responder preguntas, ya que comparecerán la próxima semana en compañía de un abogado. Al respecto, Hernández reconoció que, en la convocatoria, no se incluyó que podían asistir con representantes legales.

“No entiendo por qué esto tiene que ser una vista ejecutiva que, obviamente, nos obliga a nosotros a que nuestro deber de informar y fiscalizar, pues, se limite por las reglas de la Comisión, que nos impone un nivel de confidencialidad”, cuestionó el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en la Cámara, Denis Márquez.

“Mucha de esta información, o la inmensa mayoría, es información pública que se ha discutido en múltiples ocasiones... a todo el mundo, le interesa la responsabilidad de la secretaria de la Vivienda con un negocio que no es hasta diciembre de 2025 que renuncia a él”, agregó.

En su aparte con la prensa, Hernández indicó que evalúa la posibilidad de que las próximas audiencias sean públicas. Mencionó que recibieron una petición de la Alianza de Centros de Inspección a esos efectos.

“La celebración de vistas o reuniones de carácter público fortalece la confianza en el proceso, promueve la rendición de cuentas y garantiza que las distintas partes relacionadas puedan ser escuchadas de manera justa y equilibrada, evitando percepciones erróneas”, reclamó la Junta de Directores de la Alianza, en una carta a Hernández.

Cuestionado sobre si citaría a Pérez Peña como parte de la investigación, Hernández se limitó a responder que “todo siempre va a estar en consideración”. “Estamos trayendo aquí a la gente que nos puede dar la información. El centro de inspección decide quién fue que trabajó la investigación para que puedan llegar aquí”.

Por otro lado, Hernández describió como “un completo desastre” el proceso investigativo que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) realizó en los centros de inspección señalados por mal manejo en la venta de marbetes.

Aunque aseguró que no responsabiliza de dicho “desastre” al exdirector de Investigaciones e Inspección del DTOP Arturo Deliz Vélez, dijo que fue él, junto a otro empleado de la agencia, quien lideró los trámites que incluyeron, en varias instancias, acuerdos para la reducción de multas.

“Yo no responsabilizo a nadie todavía. Le estoy dando los datos”, acotó.

“Por lo que hemos visto con este centro, lo que puedo decir es que el proceso del DTOP fue un completo desastre. Desde el principio ha sido así. En la documentación que recibimos, evidentemente, faltan muchos documentos que no están en el sistema”, expuso Hernández. “O sea, aquí no hay un documento, por ejemplo, de las rebajas que se hicieron de $100 mil, $200 mil, $300 mil a varios centros de inspección”.

Hernández hizo alusión a que el único deponente este miércoles, representante de un centro de inspección en Vega Alta, no acordó una reducción en la multa de más de $26,000 que el DTOP le fijó. Sin embargo, dijo, de su testimonio se desprende que no se llevó a cabo un proceso de notificación formal.

“Todo fue por teléfono y, lo puedo decir, el proceso que se llevó para notificarle a estos centros fue muy malo”, agregó el representante, al señalar que, tal cual se le ha solicitado, citará a Deliz Vélez una vez concluya con los centros de inspección.

Hernández anticipó, asimismo, que citará a la exsecretaria del DTOP Eileen Vélez, bajo ya incumbencia se realizaron las transacciones cuestionadas, y recalcó que cualquier ilegalidad identificada será referida.

“Si queremos tener los centros de inspección actuando de manera correcta, lo primero que tenemos que hacer es arreglar la casa, y es que el DTOP haga su trabajo y lo haga de manera correcta”, subrayó.