Pese a la reciente orden judicial en su contra, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) sostuvo este viernes que “nunca” cerró los portones ni obstruyó el acceso al recinto de Cayey, donde las manifestaciones continuarán hasta que se atiendan las querellas contra un supervisor del campus por supuesto hostigamiento laboral.

“Hubo un cambio en la estrategia. Continuaremos haciendo lo que consideramos justo para la paz de nuestros empleados y exigiendo un ambiente libre de hostigamiento laboral”, insistió el presidente del Sindicato, David Muñoz, en entrevista con El Nuevo Día.

Negó, reiteradamente, que los trabajadores hayan sido quienes cerraron los portones, a raíz del paro en la unidad cayeyana, que comenzó el lunes de la semana pasada.

Mientras, la rectora interina de Cayey, Rochellie Martínez Vivas, indicó que la unidad activó su plan de contingencia para asegurar la continuidad de los servicios y las labores académicas, y aseguró que “el personal docente, no docente y estudiantes se han reincorporado”.

Por escrito, Martínez Vivas relató que la querella que el Sindicato presentó, en marzo, contra el supervisor de conserjes imputándole el supuesto hostigamiento, firmada por 50 empleados, fue dirigida a la Oficina de Recursos Humanos. Dijo que la administración respondió, en abril, con un “requerimiento de información necesaria para que cumpliera con el protocolo de acoso laboral”.

Añadió que, tan reciente como el miércoles pasado, cerca de 20 empleados –de los firmantes– recibieron orientación sobre el debido proceso de radicación de querellas relacionadas con acoso laboral.

“La institución confía en que, con la continuidad de las conversaciones, el próximo lunes se pueda transitar hacia una normalidad plena, priorizando siempre la estabilidad, el bienestar de la comunidad universitaria y la continuidad académica de sus estudiantes”, declaró.

Muñoz compartió, por su parte, que más de 60 empleados se reunieron más temprano este viernes, en los talleres del Departamento de Recursos Físicos del recinto, para recibir instrucciones y “evitar confrontación” con el supervisor.

El Tribunal de San Juan emitió el jueves una orden provisional de entredicho que prohibió al Sindicato obstruir los accesos a todos los recintos y unidades de la UPR, tras varias protestas en solidaridad con los reclamos de los empleados de Cayey.

El paro en Cayey está relacionado con la reinstalación de un supervisor que, en agosto, según el Sindicato, había sido removido tras señalamientos de supuestas “prácticas antiobreras contrarias al convenio colectivo, reglamento general y las reglas de conducta que debe exhibir un funcionario universitario”.

“Nunca la intención fue que el paro se extendiera más de una semana, pero no se han atendido los reclamos”, recalcó Muñoz.

Agregó que, tras reunirse el martes con la administración del recinto, no hubo “ningún resultado”. Más bien, dijo, la rectoría solicitó más tiempo para acudir al tribunal.

“Ellos (administración) entendían que las querellas habían sido atendidas adecuadamente. No estamos reclamando que lo despidan, sino que lo reubiquen en otro lugar”, puntualizó.

Señaló que el supervisor fue nombrado, el año pasado, por la exrectora Carmen Quiroga, quien renunció, en agosto, a petición de la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde.

Según el Sindicato, el supervisor fue reubicado por la pasada administración del recinto tras un “acuerdo verbal” con la unión. Sin embargo, Martínez Vivas habría removido a todos los empleados administrativos que formaron parte del pacto, que apenas duró dos meses.

“El acuerdo con la pasada administración le han dado para atrás. Ninguna persona que participó del acuerdo verbal permanece en su puesto”, dijo Muñoz.

En torno al paro, afirmó que “no estábamos bloqueando nada, sino que las personas ven un piquete en los portones y se van; no había a quién bloquear”. Agregó que la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios también determinó no cruzar la línea de piquete.

El contrato de algunos de los empleados que se han querellado por hostigamiento laboral vence el 31 de diciembre y la renovación debe ser evaluada por el mismo supervisor que están denunciando.

“No saben si el año próximo tendrán un empleo… Están reclamando acoso laboral, y van a ser evaluados por el mismo supervisor que acusan. Temen que una mala evaluación (como represalia por las protestas) les deje fuera del recinto. Denunciamos que se juegue con el futuro y las habichuelas de nuestros trabajadores”, subrayó Muñoz.