1 de mayo de 2025 - 5:04 PM
La denuncia de acciones abusivas por parte del gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en contra de los obreros del país, así como el reclamo de un trato y condiciones dignas tanto en el sector público como privado, coparon el mensaje central de los cientos de trabajadores que marcharon este jueves, en San Juan, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores.
“Mientras la Junta de Control Fiscal goza de salarios jugosos, los empleados públicos continuamos con un plan de reclasificación que lo que hizo fue humillarnos”, afirmó Jessica Martínez, presidenta de Servidores Públicos Unidos (SPU), al dirigirse a una multitud de trabajadores que marchó desde la avenida Dr. José N. Gándara, entre la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Río Piedras y la escuela Ramón Vila Mayo, hasta la sede de la JSF, en la Milla de Oro, en Hato Rey.
La JSF, cuya oficina está ubicada en el piso 11 del edificio que también alberga al Tribunal de Apelaciones, estaba resguardada por una batería de agentes de la Policía, quienes establecieron una barrera impenetrable frente a la multitud, que se manifestaba de forma pacífica con consignas y discursos que llamaban a la lucha por sus derechos. Más de 30 organizaciones laborales participaron en la marcha convocada por la Coalición Sindical.
El escenario era similar frente a la sede del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en Hato Rey, donde cientos de manifestantes hicieron una parada en la que reclamaron el “rescate” de la agencia y subrayaron su oposición a la secretaria designada Nydza Irizarry Algarín.
“Vinimos a rescatar al Departamento del Trabajo, porque es la casa del trabajador y los patronos se lo han robado”, sostuvo Rafael González, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Licorera de Ponce, con micrófono en mano frente a la multitud. “Usted no nos representa, usted no representa a la clase obrera”, pronunció, dirigiéndose a la secretaria.
González manifestó que “cada año son más los patronos que botan injustificadamente (a trabajadores) y no hacen nada”, en referencia directa a los patronos del sector privado y el presunto silencio del Departamento ante estos despidos.
Con sus rostros hacia los manifestantes –que mantenían una actitud de protesta pacífica con consignas, pancartas y discursos que eran validados con gritos y aplausos–, otra batería de agentes de la Policía protegía el perímetro de entrada hacia el Departamento.
Los manifestantes reclamaron salarios justos “que alcancen para vivir, no solamente para sobrevivir”, exigieron protección ante despidos arbitrarios, así como respecto a los procesos de negociación colectiva y los acuerdos que surgen como resultado de dichas negociaciones.
“No nos podemos rendir”, subrayó, en tanto, Nelly Ayala, presidenta de la Federación de Trabajadores, frente a la sede de la JSF. “La Junta de Control Fiscal ha sido lo que ha utilizado el gobierno para detener las negociaciones colectivas de los trabajadores”, afirmó.
“Durante muchos años, hemos llegado aquí a condenar los abusos de la Junta de Control Fiscal. Basta ya, queremos que la Junta salga de aquí”, añadió, en su discurso, Edwin Méndez, presidente de la Unión General de Trabajadores, quien repasó el impacto de las políticas de recortes impulsadas por el ente y el estado precario de los trabajadores que han visto mermados sus beneficios marginales, además de sus salarios.
El presidente de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, José “Cheíto” Maldonado, señaló que el gobierno “sabe muy bien cómo atropellar”.
“Pero nosotros sabemos también cómo lidiar con soberbios y defender nuestro derecho laboral”, afirmó, acompañado de los aplausos de la multitud. Sobre el plan de reclasificación y retribución del gobierno, Maldonado subrayó que “no les hace justicia a nuestros compañeros”.
“Llegaremos hasta donde tenemos que llegar para que ese plan se ajuste a las necesidades”, alertó.
Los reclamos también fueron múltiples desde el sector educativo, que reclamó un trato digno a las maestras y maestros del país, salones de clases en condiciones adecuadas para ejercer el indispensable trabajo de enseñar a las generaciones más jóvenes, respeto a una pensión de retiro digna y que el dinero asignado a estudiantes y escuelas les llegue.
“Los ajustes no son otra cosa que recortes”, señaló Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, al describir las acciones de la JSF, con el aval de la gobernadora Jenniffer González, a quien describió como “títere” del ente.
El magisterio también señaló una gestión deficiente por parte del secretario de Educación, Eliezer Ramos, quien “está teniendo la segunda oportunidad de turno al bate”, recordó la presidenta de Educamos, Eva Ayala, en referencia a que es la segunda ocasión que Ramos ocupa el secretariado. “Ya llevamos un semestre y estamos peor”, afirmó.
“Estamos cansadas de la politización y centralización en nuestro sistema educativo; estamos cansadas de que el dinero no llegue a las escuelas y que se lo roben”, expuso, al reclamar autonomía para todas las escuelas públicas.
Igualmente, movimientos estudiantiles universitarios se manifestaron contra los recortes de presupuesto a la UPR, junto a la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y la Hermandad de Empleados No Docentes, que, en múltiples ocasiones, han denunciado cómo estos recortes han precarizado sus condiciones laborales.
Este año, además de la fuerza laboral pública estatal, también fue destacada la presencia de los trabajadores del gobierno federal, quienes denunciaron con ímpetu el impacto negativo de las políticas de austeridad impulsadas por el presidente Donald Trump, incluyendo el despido de trabajadores y violaciones a convenios colectivos.
“La fuerza laboral federal en Puerto Rico también se está viendo impactada”, recordó Iris Álvarez, presidenta de la Local 2614 de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales. “Estamos luchando por nuestros beneficios, que también se están viendo afectados aquí en la isla”, manifestó.
En la marcha, participaron empleados de la Administración de Veteranos, Administración de Seguridad en el Transporte, el Servicio Postal y la Administración del Seguro Social.
“Repudiamos al gobierno de Trump, repudiamos al gobierno de Jenniffer González y repudiamos a la Junta de Control Fiscal”, manifestó Samuel Hernández, en representación de la Unión de Empleados Postales.
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