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El coordinador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para Puerto Rico y el Caribe, Orlando Olivera, rechazó que la restricción de fondos que impuso esa dependencia pueda impactar la asistencia directa autorizada más temprano el miércoles por el presidente Joe Biden en el marco de la tormenta tropical Ernesto.

Pero aceptó que la limitación pudiera incidir sobre obras de reconstrucción asociadas a este evento o a los proyectos aprobados tras los huracanes María y Fiona o los terremotos de 2020 que aún no tengan dinero comprometido.

“Tenemos un proceso de recuperación corriendo, que es la Oficina de Recuperación de María, que está trabajando junto al COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia) y las otras entidades gubernamentales, y hay un dinero que ya ha sido obligado, y eso no se va a ver afectado. Lo del presupuesto es algo que no afecta ese proceso de recuperación ni lo que estamos actualmente atendiendo (Ernesto), que es la asistencia federal directa”, indicó Olivera.

Cualquier limitación o retraso en los desembolsos federales producto del déficit presupuestario de FEMA “involucraría proyectos futuros”, aseguró el funcionario federal.

“Pero, nuevamente, yo no vislumbro ningún problema en el futuro en cuanto a la agencia poder responder y tener fondos disponibles para reparar y reconstruir, de ser necesario y peticionado por el gobierno de Puerto Rico”, agregó Olivera.

La incertidumbre en torno al futuro de los desembolsos responde al déficit que enfrenta el Fondo de Ayuda para Desastres de FEMA, que se estima en $6,000 millones, y que no ha podido ser subsanado ante las demoras en la aprobación congresional de un paquete de $9,000 millones propuesto por Biden, que cubriría las necesidades fiscales hasta el 30 de septiembre.

“La prioridad de FEMA es garantizar que la agencia tenga disponible los recursos para apoyar las actividades de salvar vidas y subsistencia. Dado el actual entorno de desastres y las necesidades proyectadas de financiamiento, FEMA ha implementado la directriz de Financiamiento para Necesidades Inmediatas (INF, por sus siglas en inglés) para extender el balance restante del Fondo de Ayuda en Desastres”, expresó el martes un portavoz de FEMA en la capital federal.

Puerto Rico, según datos del COR3, tiene alrededor de $28,000 millones en fondos comprometidos, pero no desembolsados, a raíz de los desastres naturales acontecidos desde 2017. Sin embargo, según Olivera, los subrecipientes mantendrían su acceso a esos recursos pese al déficit, aunque no necesariamente ocurriría lo mismo con el dinero que no ha sido “obligado”, como se denomina a las partidas ya destinadas a proyectos específicos.

En lo referente a la declaración de emergencia del presidente Biden, Olivera puntualizó que permitiría a FEMA brindar asistencia directa en caso de que el gobierno central o los municipios carezcan de los recursos para atender situaciones causadas por la tormenta Ernesto que amenacen servicios esenciales, vida o propiedad.

“Si el gobierno, por ejemplo, dice que necesita hacer una asignación especial porque no tiene un generador para suplir a un hospital que se quedó sin servicio (eléctrico), esa asignación directa para salvar vidas es elegible. (…) Nosotros damos una asignación al Cuerpo de Ingenieros (del Ejército), y entonces buscamos el generador y se instala de ser necesario”, explicó Olivera, al precisar que, hasta el momento, el gobierno ni los municipios han realizado un pedido bajo esa disposición.

Olivera aclaró que la ayuda provista bajo la declaración presidencial es distinta a la que FEMA provee bajo las categorías A y B de su Programa de Asistencia Pública, que da paso a reembolsos federales para tareas incurridas por gobiernos estatales y locales en el periodo siguiente a una emergencia, como el recogido de escombros y otras medidas para proteger vida y propiedad.

Las categorías A y B, así como las que corresponden a trabajos de obra permanente, se activan luego que el presidente emite una declaración de zona de desastre mayor a pedido del gobernador, que, a su vez, debe estar sustentada en estimados preliminares de daños, un proceso que puede tomar unos días. Con la declaración de desastre, también se activarían los programas de asistencia individual.

Luego del huracán Fiona, en 2022, Biden decretó el desastre mayor en Puerto Rico a tres días del paso del ciclón.

Olivera, en su entrevista con este diario, subrayó que FEMA había anticipado los impactos generalizados causados por Ernesto, particularmente en torno a las interrupciones del servicio eléctrico, que a media tarde del miércoles aún mantenían a la mitad de los clientes sin energía, y que llegó a tener, al menos, a 25 de los 69 hospitales dependientes de generadores propios.

“Es básicamente el mensaje que, junto al Negociado de Manejo de Emergencias (y Administración de Desastres), habíamos estado llevando, de la importancia de que tanto hospitales como municipios y cualquier facilidad crítica que tengan las agencias deben contar con sus generadores. Entiendo que se está implementando el plan”, dijo Olivera, quien caracterizó igualmente como “proactivo” el trabajo de los alcaldes.

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El periodista José A. Delgado colaboró en esta historia desde Washington D.C.