La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en torno a la validez de los nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) es fruto de una serie de “malabares” de parte del alto foro federal y esta tiene el efecto de reafirmar el poder colonial del Congreso sobre Puerto Rico mientras se añade a la lista de los tratos discriminatorios que representa la doctrina de los Casos Insulares, indicó el abogado Rolando Emmanuelli.

“Lo que es bien significativo es que el Tribunal Supremo, al dejar intacta la jurisprudencia de los Casos Insulares porque los menciona como ‘muy criticados’, pero no los revoca, en la práctica, la valida. Ahora este caso es prácticamente el más reciente en esa doctrina”, dijo Emmanuelli.

Las expresiones de Emmanuelli se produjeron luego de que este lunes el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocara un fallo del Primer Circuito y concluyera que los nombramientos de los integrantes de la JSF son legítimos, pues el Congreso otorgó a estos poderes principalmente locales -es decir, sobre el territorio puertorriqueño bajo el Artículo IV de la constitución estadounidense- y por ello, son oficiales del gobierno isleño y no oficiales federales.

En octubre del año pasado, Emmanuelli y su colega Jessica E. Méndez Colberg, en representación de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), argumentaron ante el alto foro federal que la JSF es un organismo inconstitucional porque habida cuenta sus amplios poderes de la JSF, estos debieron ser nombrados y confirmados con el consejo y consentimiento del Senado federal, según dispone la cláusula de nombramientos en la carta magna estadounidense.

Mientras Emmanuelli y Méndez Colberg representaron al sindicato, el conocido abogado y exprocurador general de Estados Unidos, Theodore B. Olson, representó a Aurelius Capital y otros fondos de inversión que son acreedores de parte de la deuda constitucional de Puerto Rico. El año pasado, Assured Guaranty también se unió al litigio. Las tres disputas se consolidaron y la audiencia del alto foro judicial federal  se produjo el 15 de octubre de 2019.

“Esa determinación de no invalidar los Casos Insulares y de validar el amplio poder del Congreso agudiza más la situación política de Puerto Rico”, dijo Emmanuelli al hacer referencia a las dudas que expuso la jueza Sonia Sotomayor en su escrito en torno a la controversia.

Aunque describió que bajo Promesa, el resultado ha sido la existencia de una junta supervisora que existe en “una dimensión desconocida de rendición de cuentas”, pues no fue electa por los puertorriqueños y tampoco está sujeta a las disposiciones de la cláusula constitucional de nombramientos, la jueza Sotomayor voto a favor de la legitimidad de la JSF.

En una decisión unánime, el alto foro federal concedió al Congreso “el máximo de latitud” en lo que respecta a Puerto Rico, dijo Emmanuelli.

Para establecer si un funcionario ejerce funciones a nivel federal o de tipo “primordialmente local”, la jurisprudencia requiere analizar el cargo a la luz de un conjunto de estándares legales. En su decisión, empero, el alto foro concluyó que ninguno de los casos que han servido para ilustrar ese análisis (entiéndase Buckley v. Valeo y Lebron v. National Railroad Passenger Corporation) debían aplicarse en el caso de Puerto Rico, de acuerdo con la opinión suscrita por el juez Stephen Breyer.

Emmanuelli recordó que el mandato otorgado a la JSF a través de Promesa, se centra en modificar la deuda de la isla, proceso que a la larga, va a influir en el estado de derecho que rige el mercado municipal estadounidense y destacó que ahora que la pandemia del coronavirus amenaza con dejar sin ingresos a los gobiernos estatales, es posible que el Congreso tenga que tomar medidas para que estas entidades atiendan sus problemas fiscales. Para esa realidad, según Emmanuelli, a menudo se menciona Promesa como un referente.

Sin embargo, de acuerdo con la opinión del Tribunal Supremo, “tomar acciones con consecuencias a nivel nacional o transforma automáticamente a un funcionario local en un funcionario de Estados Unidos”.

Según Emmanuelli, con su decisión, el Tribunal Supremo volvió a crear “una distinción” como las que se crearon con territorios como Puerto Rico hace un siglo y que es “realmente artificial” entre un funcionario con una autoridad significativa y otra de alcance local. Esto porque aparte de que las decisiones que tome la JSF impactarán el mercado de deuda municipal, regido por el gobierno federal, el fallo judicial también valida un nuevo mecanismo de nombramiento de oficiales desde el Congreso utilizando el mecanismo de listas o ternas, lo que a su vez, podría privar a la rama Ejecutiva federal, es decir, al presidente de Estados Unidos, de su poder como autoridad para nominar a personas a distintos cargos.

La decisión del Supremo cierra los cuestionamientos legales en torno a la constitucionalidad de la composición de la JSF, pero ahora recién comienza otra controversia en torno a la validez de Promesa.

Dicha controversia arrancó la semana pasada cuando Ambac Assurance radicó una demanda para anular los Títulos I, II, y III de Promesa, por entender que el estatuto es inconstitucional porque según establece una cláusula constitucional, se requiere al Congreso aprobar leyes “uniformes” de bancarrota.

Según Emmanuelli, el fallo del alto foro, a la larga, provocará que otras controversias lleguen al Tribunal Supremo, pues "al establecer particularidades en un caso" como sería el de Puerto Rico, también se genera "contradicciones" que tendrán que atenderse en su día.