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Sobrino sostuvo que el gobierno pagará las pensiones, pese a la decisión judicial que pone por encima el derecho de los bonistas a reclamar como suyas las aportaciones patronales al Sistema de Retiro. (GFR Media)
Sobrino sostuvo que el gobierno pagará las pensiones, pese a la decisión judicial que pone por encima el derecho de los bonistas a reclamar como suyas las aportaciones patronales al Sistema de Retiro. (GFR Media)

El principal oficial ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino Vega, indicó ayer que la decisión del Primer Circuito de Apelaciones en torno a los bonos de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) no afectará los pagos que los pensionados de ese sistema reciben en la actualidad.

La decisión del panel apelativo restituye a los acreedores de los bonos de obligaciones de pensiones (POB, por sus siglas en inglés), el derecho de reclamar -como suyas- las aportaciones patronales a la ASR. En el mundo de la quiebra, eso implica que los POB son deuda asegurada y sus dueños tienen prioridad antes que otros acreedores como serían los jubilados.

Sin embargo, Sobrino Vega indicó que se analizará la decisión del foro intermedio para determinar si acudirán a la Corte Suprema de Estados Unidos y si el fallo pudiera tener un efecto dominó en la deuda emitida por otras dependencias del territorio estadounidense y el proceso de Título III del gobierno central.

“Vamos a continuar haciendo los pagos de los pensionados según la Ley 106 (de 2017)”, expresó Sobrino Vega en referencia al estatuto que creó el sistema “Pay Go”.

Esa ley estableció que una vez se agotaran los activos de la ASR, los jubilados participantes de ese plan de pensiones reciben su pago del Fondo General.

El plan de pensiones quedó sin activos líquidos desde mediados del 2017.

“No hemos determinado si vamos a apelar, es algo que estaremos evaluando con la Junta (de Supervisión Fiscal), que es la que representa al deudor que es Puerto Rico”, explicó Sobrino Vega.

Para el funcionario, el revés que recibió Puerto Rico en el caso de los POB evidencia “el valor” que supone sentarse a negociar con los bonistas, en vez de pelearse con ellos. Sobrino Vega hizo referencia a la resolución del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el plan de ajuste de la Corporación del Fondo Interés Apremiante (Cofina) y las conversaciones con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El pasado miércoles, los jueces del Primer Circuito, Sandra L. Lynch, Norman H. Stahl y William J. Kayatta, concluyeron que la jueza Laura Taylor Swain erró al decidir que los bonistas de POB no tenían interés propietario sobre las aportaciones patronales a la ASR.

La determinación se basó en que en el 2008 -cuando el gobierno emitió unos $2,900 millones en POB- no se anotó correctamente el gravamen en el Registro de Transacciones Comerciales (UCC, en inglés).

Con esta decisión, los jueces dieron la razón a Altair Global Opportunities, la familia de fondos de UBS Financial Services en Puerto Rico y otros inversionistas que poseen POB.

“Encontramos que las enmiendas a las declaraciones financieras radicadas en 2015 y 2016 satisficieron los requisitos de perfección en la radicación cuando se leen en conjunto con las declaraciones financieras de 2008”, reza el fallo escrito por la jueza Lynch.

“Esteinterés propietario (el gravamen sobre las aportaciones patronales a la ASR) no puede obviarse bajo (la ley federal) Promesa”, se agrega en el escrito.

Inclinada la balanza

Desde el inicio de los casos de Título III, el Primer Circuito de Apelaciones ha revocado a Swain en cuatro ocasiones.

El pasado 8 agosto, Boston revocó a Swain cuando concluyó que los bonistas de la AEE tenían derecho a que se levantara la suspensión automática de litigios que provee Promesa para que la corte determinara si procede nombrar un síndico.

Ese mismo día, en otra disputa separada, Boston decidió que Swain no abusó de su discreción cuando determinó que Peaje Investment no posee un derecho estatutario sobre los recaudos de peajes en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), pero ordenó a Swain encausar un nuevo proceso judicial.

En septiembre de 2017, Boston también revocó a Swain. En ese momento, el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) salió por la puerta ancha cuando el Primer Circuito concluyó que -contrario al análisis de Swain- el grupo podía intervenir en una demanda de Assured Guaranty contra la JSF que buscaba anular el plan fiscal.

Darán la batalla

Tras conocer el fallo adverso, Miguel J. Fabre Ramírez, presidente del Comité Oficial de Retirados (COR), grupo que también participa de los casos de Título III, expresó su inconformidad.

“El COR continuará presentando todos los argumentos legales apropiados sobre esos asuntos ante el tribunal de distrito y los tribunales de apelaciones, para proteger los intereses de los retirados y beneficiarios de (la ASR)”, indicó Fabre Ramírez.