La Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés) adscrita a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) se encontraba cerca de finiquitar un acuerdo con New Fortress Energy (NFE) para extender por una semana el contrato de emergencia vigente desde el 17 de julio para el suministro de gas natural licuado a 14 unidades temporales de generación en las centrales San Juan y Palo Seco (Toa Baja).

El contrato de emergencia vencía hoy, viernes, a las 5:00 p.m., pero el zar de Energía y jefe de la AAPP, Josué Colón, confirmó a El Nuevo Día que las partes estaban cerca de completar el trámite para evitar la interrupción del suplido, como ocurrió hace dos semanas.

Colón precisó que la extensión sería hasta el 1 de agosto.

“Con toda probabilidad, el contrato que está en vigor, de las (unidades) temporeras, se va a extender bajo los mismos términos actuales. Estamos en esa dirección”, señaló Colón, puntualizando que las negociaciones recaen sobre el 3PPO, función delegada en la firma Regulatory Compliance Services.

Más temprano en el día, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que autoriza los contratos de suministro de combustible, había indicado que no tenía ante sí ningún acuerdo de extensión sometido por el 3PPO.

El 12 de julio, las 14 turbinas de combustión administradas por Genera PR se quedaron sin abastos de gas natural cuando expiró un contrato que NFE mantenía desde 2024, luego que la JSF rechazara un acuerdo de 15 años y $20,000 millones que se había negociado con el 3PPO. Por cinco días, más de la mitad de las unidades permanecieron fuera de servicio ya que, aunque tienen la capacidad de funcionar con diésel, tampoco había suficientes abastos de este combustible para permitir una operación continua de las turbinas.

En esta ocasión, “no se va a interrumpir” el suplido de gas natural ni la operación de las máquinas, aseguró el zar de Energía el viernes en la tarde.

Al momento de publicación, el portal de la JSF ni el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor reflejaban el trámite correspondiente a la extensión del pacto, que fue suscrito el 17 de julio bajo un mecanismo de “emergencia”, sin atravesar una licitación abierta.