Ruidos excesivos, peleas, bloqueo de entradas residenciales y aceras con desechos son algunas de las situaciones con las que tienen que lidiar vecinos de Isla Verde, y que han incrementado tras la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas en San Juan a altas horas de la madrugada debido a las personas que se trasladan a la popular zona de Carolina.

“No existe ningún tipo de control de la música ni de los asistentes en sus comercios. Es solamente vender, vender, música, música. Hablan de derechos de los comerciantes, pero dónde están mis derechos como ciudadana... Cómo es posible que un restaurante ahora sea una discoteca after hours”, se cuestionó Ilia Vélez, residente en el condominio Playa Blanca.

“No estamos en contra de que haya establecimientos, nosotros lo que estamos es en contra de que no haya empatía con la comunidad. No podemos hablar de economía e ignorar la seguridad”, apuntó.

El Municipio de Carolina llevó a cabo este lunes una vista pública para discutir los cambios al Código de Orden Público que promueve su alcalde, José Carlos Aponte Dalmau, en busca de garantizar la seguridad en la zona y atender los reclamos de los residentes. En la audiencia, participaron sobre 50 deponentes. Este medio presenció los trabajos casi en su totalidad, y la mayoría de los presentes favorecieron las propuestas.

“Vamos a evaluar todos los comentarios y vamos a ver si el Código merece una revisión haciendo un balance de intereses y tomando en cuenta las prioridades que tenemos que evaluar al momento de hacer el lenguaje”, dijo la directora de Asuntos Legales del Municipio de Carolina, Liany Vega.

La propuesta municipal es permitir la venta y estipendio de alcohol en la zona turística de Isla Verde hasta las 12:00 a.m. de domingo a jueves, y los viernes y sábados hasta la 1:00 a.m. Contempla, además, que cuando lunes sea feriado, las ventas de la noche del domingo a lunes podrán extenderse hasta las 1:00 a.m. Esas condiciones ya aplican en el resto de Carolina.

Estarían exentos de esta regulación los hoteles, que podrán continuar el expendio de bebidas alcohólicas a sus huéspedes, y las farmacias, supermercados y gasolineras, cuya venta no sea para consumo en el lugar.

La propuesta municipal, asimismo, incrementa a $1,000 a $5,000 las multas administrativas a las que se expone el dueño del establecimiento comercial que no cumpla con las nuevas disposiciones.

De acuerdo con un análisis municipal que compartió Vega, de 120 comercios en Isla Verde, 34 operan después de las 2:00 a.m., pero solo 17 de estos venden bebidas alcohólicas, por lo que se verían afectados directamente con la propuesta enmienda.

“No duermes suficiente, vives con miedo...”, indicó Lian Méndez, vecina del área hace tres años y medio y quien contó que la Policía ha tenido que investigar dos incidentes reportados en la zona donde desconocidos abren fuego hacia los edificios.

“Tú sabes lo que es tener que vivir bajo esa presión innecesariamente, que yo me despierte de madrugada porque hay ‘tucutucutun’ tan y tan fuerte que crees que te están baleando, que estés en una zona de guerra. Es una zona de guerra. Vivimos en una zona de guerra”, señaló Méndez.

Josué Vázquez, residente y comerciante de Isla Verde, lamentó que las medidas propuestas vayan en detrimento de todos los comerciantes del área.

Aunque entiende que hay áreas por mejorar, Vázquez abogó por que las partes se sienten a la mesa a conversar, incluido el alcalde, con quien no han tenido la oportunidad de reunirse a pesar de múltiples peticiones. “Si se están haciendo cosas mal, vamos a arreglarlo, pero vamos a arreglarlo bien, no determinando ya que va a haber un nuevo código”, señaló.

Vázquez negó que haya carreras clandestinas en el área y sostuvo que los comerciantes tienen contratadas compañías que se encargan de la limpieza de las aceras y la disposición de desperdicios sólidos. Cuestionó a algunos supuestos residentes que, dijo, solo visitan el lugar los fines de semana.

“Por unos estamos pagando todos, y eso es bien lamentable”, apuntó. “Castigarnos a todos por algo que se puede ajustar y se puede trabajar, yo creo que es un poquito exagerado”, agregó Vázquez.

Ernesto Sgroi afirmó que el Código Municipal vigente contiene las herramientas necesarias para atender los problemas de ruido excesivo y seguridad que se han reportado y que han afectado la sana convivencia. “Todas las quejas que tienen los residentes, que estamos de acuerdo, se pueden atender hoy”, expuso.

El documento, agregó a modo de ejemplo, dispone para el cierre de comercios que operan fuera de su permiso de uso, que hacen ruido innecesario y que no cuentan con estacionamiento para sus clientes.

“Los dejan que operen al garete allí, todos los días, hasta que explotó lo que tenemos aquí ahora mismo”, dijo Sgroi, al compartir que su padre fue el primero en establecer un negocio en la zona, Pizza City, que operaba las 24 horas y vendía alcohol. “Dejen los (negocios) que cumplan quietos”, requirió.

Barnabé Andrades también rechazó la propuesta. El hombre, en representación de los transportistas, afirmó que limitar el horario de operación de los comercios en la zona turística representará una reducción de hasta un 25% en sus ingresos.

“Al reducir los horarios, un conductor perdería de $300 a $400 cada semana”, expuso.

Tiffany Rohena, quien se expresó a favor de las enmiendas, sostuvo que, para lograr promover una sana convivencia y una mejor calidad de vida, es vital que la problemática se trabaje de una manera integral, que fomente la conciencia colectiva.

Más allá de entrar en los méritos, Rohena cuestionó cuál será el plan de monitoreo y evaluación una vez se ejecuten los cambios propuestos y cómo se mantendrá informada a la ciudadanía y los comerciantes sobre los resultados.

“Es importante establecer comunicaciones proactivas para construir relaciones sólidas que fortalezcan la reputación del Municipio y su implementación de política pública, especialmente en casos donde se pudiera ver afectado su entorno”, indicó Rohena.

Además de las enmiendas propuestas, Rohena sugirió reforzar los artículos que regulan las carreras clandestinas y los ruidos excesivos.

Cuestionó, de otra parte, la falta de flexibilidad de la convocatoria a vista pública, ya que no tomó en consideración a miembros de la comunidad que, por su horario laboral, se vieron impedidos de participar. Tampoco se transmitió en las redes sociales del gobierno municipal.

David Rodríguez, residente en el barrio San Antón, dijo que los cambios propuestos dejan fuera otros asuntos medulares, como el sector de los alquileres a corto plazo, específicamente en el asunto de ruidos excesivos.

“Se necesitan garantías de que esta propuesta va a ir acompañada de acciones concretas”, dijo, al expresar preocupación por que la enmienda no favorezca a los hoteles versus los pequeños comerciantes.