El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, presentó este lunes nueve propuestas legislativas que, según sus proyecciones, allegarían a los municipios cerca de $11 millones, que les permitirían aliviar el impacto económico que representa una ley recién aprobada que exime del pago de la propiedad mueble los medicamentos recetados.

“Más allá de hacer una conferencia de prensa para traer lamentos y pedir auxilio por parte del gobierno estatal, lo que estamos haciendo hoy, como Federación de Alcaldes, no es otra cosa que presentar alternativas, proyectos de ley, donde podamos comenzar a mitigar toda esta pérdida de fondos que se aproxima”, indicó Hernández.

La nueva Ley 78-2025 representa una merma de $21.5 millones en los recaudos municipales, según cálculos de la Federación. Pero el panorama fiscal de los ayuntamientos se complica aún más con la prevista congelación del impuesto al inventario, una promesa programática del Partido Nuevo Progresista (PNP) y que está contenida en un proyecto ante la consideración de La Fortaleza.

El Proyecto de la Cámara (PC) 420, que congela el impuesto al inventario por los próximos tres años, espera por la firma de la gobernadora Jenniffer González. La medida dispone que se identifique un sustituto de esos ingresos para junio de 2027 o, de lo contrario, el gravamen desaparecerá en 2028.

Actualmente, las obligaciones presupuestarias anuales de los gobiernos municipales con el Estado rondan los $450 millones. En el año fiscal 2025, por ejemplo, los municipios aportaron $162 millones para el sistema de pensiones “PayGo”y $163 millones para la tarjeta de salud, dijo Hernández.

“No podemos desangrar los gobiernos municipales. Tenemos que buscar alternativas donde esos fondos sean recurrentes para que podamos seguir dando los servicios básicos en los 78 municipios”, sostuvo el líder de la organización que reúne a los alcaldes del PNP.

Entre las propuestas legislativas presentadas este lunes, está congelar en $126 millones la aportación anual que hacen los gobiernos municipales al Fondo de Redención, lo que les representaría una economía de $7.9 millones. Ese fondo fue creado, en 2020, para respaldar las obligaciones financieras en las que incurre la Corporación de Financiamiento Municipal a nombre de los ayuntamientos.

Asimismo, proponen que el cobro de la patente municipal para servicios de telecomunicaciones prestados fuera de Puerto Rico sea a través del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y su dinero sea distribuido entre los 78 municipios. Actualmente, este dinero es cobrado y queda en manos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), señaló Hernández. Esta medida atraería a los municipios $1.1 millones, dijo.

Una tercera propuesta busca distribuir un sobrante de $2.4 millones provenientes del cobro de, precisamente, la patente por servicios de telecomunicaciones prestados fuera del país. “Son dinero de los municipios... dinero que el gobierno no sabía que existía”, afirmó Hernández. Estos fondos, según la propuesta, serían asignados a los pueblos de Ceiba, Las Marías, Comerío, Florida, Maunabo y Patillas.

“Escogimos estos seis municipios porque son municipios pequeños, con un presupuesto bien limitado, en donde el por ciento de pobreza es mucho mayor que en los demás municipios”, expuso durante el intercambio con la prensa.

Asimismo, buscan que se les autorice a recoger y disponer de los neumáticos desechados y facturar por dichos servicios, y que se les excluya del pago de primas en aquellos casos en que los empleados municipales rechacen la aportación patronal y se acojan al plan de salud del gobierno.

La proyección de $11 millones, aclaró Hernández, no contempla el dinero que podría dejarles a los municipios el recogido de neumáticos.

Hernández destacó, además, una propuesta para que los comisionados de las policías municipales sean considerados funcionarios del orden público, lo que les permitiría intervenir y actuar como agentes en situaciones que así lo requieran; y la implementación obligatoria de un registro de licitadores para participar en subastas informales.

Culminó con otras dos propuestas dirigidas a agilizar los procesos administrativos de los municipios y a señalar al CRIM como el receptor de la porción de los ingresos provenientes de la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” que corresponden a los ayuntamientos, según la Ley 11-1933.

“No está definido a dónde va ese dinero, cómo se va a depositar y qué cantidad va a recibir cada municipio”, mencionó, al señalar que la distribución se haría según definido en la “Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico”(Ley 53-2021).

Hernández reconoció que, de aprobarse las nueve medidas, los municipios aún estarían en déficit por unos $10 millones por concepto de la eliminación del impuesto sobre la propiedad mueble a los medicamentos recetados. Al respecto, dijo, es un tema que tienen que discutir con el gobierno estatal.

“Tendríamos que solicitarles que nos dé un crédito en lo que aportamos al plan de salud o de lo que aportamos al ‘PayGo’”, anticipó.