Hace un mes, oficiales de varias agencias federales inspeccionaran el área y confirmaran que había una investigación en curso. (Archivo)
Hace un mes, oficiales de varias agencias federales inspeccionaran el área y confirmaran que había una investigación en curso. (Archivo) (Alex Figueroa Cancel)

Funcionarios del gobierno federal regresaron hoy a la Bahía de Jobos en Salinas, en momentos en que continúa la investigación relacionada a la construcciones en terrenos que las autoridades alegan son parte de una reserva natural.

Los oficiales fueron vistos por personas que estaban durante la mañana de hoy en el área de Bahía Jobos, donde el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) asegura que administra la reserva en terrenos que fueran comprados a principios de la década de 1980 con fondos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

El Nuevo Día supo que los funcionarios estaban entrevistando personas, como parte de la recopilación de información de la pesquisa. No hubo arrestos ni allanamientos.

La visita ocurre a un mes después de que oficiales de varias agencias federales inspeccionaran el área y confirmaran públicamente que había una investigación en curso.

Personal del Cuerpo de Ingenieros lideró aquel recorrido, en el que estuvieron los fiscales federales Timothy Henwood y Héctor Ramírez Carbó, y el jefe en Puerto Rico del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Ese día también fue personal de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), mientras que de Puerto Rico había personal del DRNA, fiscales del Departamento de Justicia y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) de Puerto Rico.

También participa en la investigación la Oficina del Inspector General del Departamento de Comercio de Estados Unidos (DoC-OIG, por sus siglas en inglés). “El Doc-OIG participó de una acción de ley y orden y no tiene comentarios adicionales”, indicó a El Nuevo Día esa agencia, que en el pasado ha llevado casos criminales por violaciones a la Ley federal de Agua Limpia.

Durante el recorrido, un oficial del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos indicó que las construcciones de muelles que hicieron los invasores son delitos federales a la Ley de Agua Limpia, así como la Ley de Ríos y Bahías.

“No voy a detallar en qué etapa de investigación estamos, ni cómo vamos, pero les aseguro que si hay violaciones de ley federal, nosotros las vamos a procesar”, sostuvo Ramírez Carbó, subjefe de la fiscalía federal en Puerto Rico. “No vamos a dejar que esto pase desapercibido”.

Además de la investigación de delitos ambientales y violación a la Ley federal de Agua Limpia, Ramírez Carbó dijo que “pueden haber crímenes de cuello blanco a nivel federal, como fraude electrónico y sobornos. Cualquier delito federal que se haya cometido y la evidencia lo refleje, así lo vamos a procesar”.

En cuanto a la jurisdicción, Ramírez Carbó explicó que son “terrenos federales” donde “no se puede construir”.

A principios de este mes, el DRNA emitió nueve órdenes de demolición de “toda estructura ilegalmente construida” sobre la zona marítimo terrestre y terrenos sumergidos en dicha reserva.

El Nuevo Día supo que, en fases posteriores, la agencia ordenará la demolición de hasta 44 muelles.

Paralelamente, el DRNA mantiene una demanda de carácter civil contra las personas con construcciones en esos terrenos.

Pero, el pasado 6 de junio, algunos de los ocupantes de predios en la Bahía Jobos se defendieron ante el tribunal estatal y alegaron que estaban allí de forma legal, pues sostienen que los terrenos que habitan no le pertenecen al DRNA.

La agencia, según trascendió durante una vista de la demanda, no cuestiona los títulos de propiedad obtenidos por los demandados, sino que alega que estos ocupan la finca equivocada.

Por su parte, el licenciado Calixto Díaz, representante de cuatro demandados, sostuvo que “esta finca tenía sus propietarios desde 1900 y así lo probaremos, las alegaciones que está haciendo el DRNA no son correctas. Se van a dar cuenta de la alegación de nosotros que el Departamento de Recursos Naturales está confundiendo la finca… no entendemos de dónde sacaron las alegaciones”.

Mientras, el licenciado José Manuel Fullana Hernández, abogado de otro demandado, solicitó la desestimación de la demanda alegando, entre otras cosas, porque el DRNA desconoce hasta dónde llega físicamente los límites de la Reserva debido a que “no existen monumentos que lo delimiten” y que los linderos entre las fincas en controversia se encuentran “confundidos” o se desconoce su localización física.

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