La gobernadora Jenniffer González firmó una orden ejecutiva para extender automáticamente la vigencia de las licencias de portación de armas que hayan expirado a partir del 25 de mayo para permitir a la Policía ponerse al día tras reportarse una falla técnica que alteró el proceso de verificación de antecedentes penales de los solicitantes.

El teniente Johnny Acevedo, de la División de Reglamento de Armas y Expedición de Licencias de la Policía, indicó que, al presente, quedan pendientes de evaluar unas 360 licencias de portación de armas cuya vigencia fue extendida mediante la orden ejecutiva 2025-046.

“Se ve poco, pero es mucho porque los ciudadanos cumplen con la ley. Te puedo decir que el 90% cumple con la ley, y el que no cumple es porque tiene algún delito”, expresó Acevedo.

El decreto surgió a solicitud de la Policía, confirmó Acevedo, luego que el gobierno perdiera, de forma temporal, la interconexión entre el National Crime Information Center (NCIC) y el Registro Criminal Integrado (RCI). Ambas plataformas son utilizadas por la Uniformada para verificar los antecedentes penales del peticionario durante el proceso de renovación de las licencias de portación de armas.

Ambas bases de datos ya están en funcionamiento. La orden ejecutiva, no obstante, estará vigente hasta que cada una de las licencias impactadas por la avería haya sido debidamente evaluada y renovada, conforme a los requisitos dispuestos en la Ley de Armas (Ley 168-2019).

“Esta extensión será estrictamente temporal y no exime del cumplimiento de los requisitos establecidos por ley para la renovación o posesión de licencias”, subraya el decreto, firmado por la mandataria el 11 de agosto.

“El sistema está resuelto. Lo que queremos es ponernos al día, y creo que, en dos a tres semanas, deberíamos estar al día con esto”, expuso el oficial, al agregar que el sistema estuvo fuera de funcionamiento cerca de mes y medio.

Desde el 1 de junio de 2020 hasta el pasado 9 de agosto, precisó, se habían solicitado 148,994 licencias nuevas de portación de armas y 84,378 renovaciones, para un total de 223,272.

“La Ley 404 duró 20 años... y, al presente, yo creo que se ha duplicado la cantidad de licencias que estuvieron vigentes en 20 años”, mencionó sobre el estatuto que rigió antes el otorgamiento de licencias de armas de fuego.

El presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas (Codepola), Ariel Torres Meléndez, reconoció la necesidad de aprobar la orden ejecutiva. “Todos los portadores de armas conocemos bien las consecuencias de utilizar el arma o portarla sin la debida licencia vigente para hacerlo”, indicó en expresiones escritas.

Hasta el 9 de agosto, en tanto, la Policía había otorgado 800 licencias de portación de armas a 727 mujeres y 73 hombres víctimas de violencia de género o acecho, según cifras de la División de Reglamento de Armas y Expedición de Licencias.

La Ley de Armas provee un proceso expedito para las víctimas de violencia de género, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales, entre ellos, ser mayor de 21 años y tener expediente negativo de antecedentes penales.

El Artículo 2.14 de la Ley de Armas estipula que esta licencia especial no tendrá costo y su vigencia será temporal (90 días). Acevedo agregó que ha visto cómo la mayoría de las tenedoras de la licencia provisional por violencia de género luego cambian a una licencia regular.