A partir del 1 de junio, los clientes del sistema eléctrico se exponen a un aumento de 2.8 centavos por kilovatio hora (kWh) en su factura de luz como consecuencia de una petición de ajuste de emergencia presentada por LUMA Energy que, de ser autorizada por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), allegaría al operador privado $40 millones mensuales adicionales para cubrir una serie de inversiones que comiencen a revertir la “degradación” de la red de transmisión y distribución.

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Se trata de la primera vez, desde su entrada en funciones en 2021, que LUMA solicita al NEPR modificar la tarifa básica, la porción de la factura de la que provienen los recaudos que el consorcio utiliza para administrar la red. A su vez, la petición se produce a poco más de un mes del plazo para que LUMA entregue al NEPR su propuesta para la revisión permanente de la tarifa base, un proceso que no se realiza desde 2017.

Para el trimestre de abril a junio, el NEPR aprobó una tarifa residencial de 25.49 centavos por kWh, monto que, de darse paso al ajuste solicitado por LUMA, incrementaría a 28.3 centavos, o un 11% adicional. La última vez que los abonados estuvieron sujetos a una tarifa tan alta fue entre agosto y septiembre de 2022, cuando el costo del kWh ascendió a 30.38 centavos.

En entrevista con El Nuevo Día, el principal oficial regulatorio de LUMA, Alejandro Figueroa Ramírez, atribuyó la magnitud del ajuste solicitado al creciente estado de deterioro de la red, de lo que, a su vez, responsabilizó a la falta de inversión que data de más de una década, período en el que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha estado inmersa en intentos de reestructurar sus finanzas y, además, el país ha enfrentado el embate de múltiples desastres naturales.

“La degradación del sistema, a través de los años, ha sido de tal magnitud que la cantidad de inversión que requieres ahora, para poder revertir ese nivel de degradación y empezar a lograr mejorías, es mucho mayor de lo que hubiese sido si se hubiese realizado un plan de mantenimiento y mejoras capitales ordinario, como se debería haber hecho”, señaló Figueroa Ramírez.

Puntualizó que, de la AEE no encontrarse en quiebra, habría mecanismos de financiamiento alternos al aumento tarifario, como emisiones de bonos para mejoras capitales o líneas de crédito para acceder a capital a corto plazo, pero que, en el escenario actual, todo el dinero proviene de los recaudos por concepto de facturación, junto a la partida de cerca de $17,000 millones en fondos federales, de los que apenas se ha usado una fracción.

Al cierre de esta edición, LUMA no había provisto los documentos de apoyo a su petición, donde se suele precisar el nivel del impacto tarifario sobre un cliente promedio.

Según la Ley 57-2014, el NEPR tendrá 10 días para decidir si el ajuste temporal entra en vigor de forma “preliminar”. Si el NEPR aprueba el ajuste, deberá celebrar vistas públicas dentro de 30 días, tras lo cual se determinaría de manera definitiva su validez. En ese punto, si el NEPR decidiera que no procede un aumento de emergencia, LUMA podría verse en posición de tener que devolver a los consumidores las cantidades cobradas en exceso.

Figueroa Ramírez precisó que, de los aproximadamente $40 millones en recaudos mensuales adicionales que LUMA espera allegar, $30 millones irían al fondo operacional y los restantes $10 millones servirían para rellenar la llamada “cuenta de apagones”, que el consorcio debe tener disponible para la respuesta inmediata a emergencias. La reserva de apagones –que debe mantener un balance de $30 millones– ha sido una de las víctimas de la pugna financiera entre la AEE y LUMA y, según el consorcio, no ha recibido efectivo desde finales de 2023, lo que impactó la respuesta a la tormenta tropical Ernesto en agosto pasado.

El principal oficial regulatorio planteó, sin embargo, que la petición de aumento responde no solo a la falta de flujo de efectivo de la que LUMA y la AEE se responsabilizan mutuamente, sino a la necesidad de contar con un mayor presupuesto para trabajos que mejorarían la confiabilidad del sistema eléctrico, alineados con el plan de estabilización de dos años que el NEPR aprobó a finales de marzo.

Según Figueroa Ramírez, los trabajos prioritarios se enfocarán en componentes claves en la red –como el reemplazo de transformadores de alto voltaje en las principales subestaciones– para evitar interrupciones masivas del servicio, como las que se experimentaron el pasado día de Año Viejo y el 16 de abril.

“Son equipos que se ha identificado que, mientras más temprano se reemplacen y se pongan en servicio de nuevo, se mitigan esos riesgos de eventos de interrupciones a gran escala”, dijo, señalando que parte de los equipos ya están en los almacenes de LUMA, pero que se requiere el dinero para proceder con las instalaciones.

Enumeró que 150 equipos de subestaciones serían reemplazados o reparados y otros 400 componentes recibirían mantenimiento, se daría mantenimiento a más de 1,000 “equipos de protección” en subestaciones y líneas de transmisión y se restaurarían cinco líneas de transmisión. A nivel de distribución, se atenderían 750 “reparaciones críticas” en zonas que impactan a un alto volumen de abonados. Para el año fiscal 2025-2026 –que inicia el 1 de julio– LUMA tiene previsto despejar 2,500 millas de líneas de transmisión y distribución con fondos operacionales, detalló.

De otra parte, Figueroa Ramírez aclaró que LUMA no ha definido cuál será el monto del ajuste que solicitaría en la revisión de la tarifa permanente. Si se extrapolara el aumento de $40 millones mensuales a todo un año, el presupuesto del operador crecería de $693 millones actualmente a más de $1,170 millones.

“El NEPR hizo una determinación de que, en el ínterin (hasta que se apruebe una nueva tarifa provisional o permanente), habría un presupuesto (vigente) que aplicaría en el (año fiscal) 2026. Lo que estamos asegurando (con la petición de ajuste temporero) es que el presupuesto que nos aplicaría en el 2026 tenga su fuente de financiamiento desde el día uno”, dijo sobre la decisión de solicitar el aumento de cara el último mes del presente año fiscal.