La tarifa base que pagan los clientes del sistema eléctrico aumentaría en 11 centavos por kilovatio hora (kWh) a partir de las solicitudes de incrementos presupuestarios que LUMA Energy, Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) presentarán este jueves, como parte de la primera revisión a ese componente de la factura en ocho años.

El principal oficial regulatorio de LUMA, Alejandro Figueroa Ramírez, precisó el miércoles que las tres entidades reclamaron aumentos anuales de cientos de millones de dólares a los respectivos presupuestos que utilizan para las labores de reparación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica y, en el caso de la AEE, para retomar los pagos del sistema de pensiones que, desde 2023, se han sufragado mediante préstamos del gobierno central.

El aumento de 11 centavos por kWh –que llevaría el monto total de la tarifa básica de unos 7.47 centavos a entre 18 y 19 centavos– se produciría si el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), en su análisis de la revisión, da paso a un presupuesto “óptimo”, como se le denomina al nivel de gastos requeridos para que se atienda cada necesidad identificada del sistema eléctrico. Un incremento de esa magnitud supondría que la tarifa básica, esencialmente, igualaría los costos del ajuste por combustible y compra de energía y llevaría la factura a cerca de 35 centavos por kWh.

El NEPR, no obstante, también pidió a LUMA que presente una propuesta presupuestaria “limitada”, que priorizara las necesidades más urgentes y pospusiera otras, a cambio de mantener una tarifa más reducida.

Con la presentación de la solicitud de revisión, arranca un procedimiento –que incluirá vistas públicas y testimonios de expertos– que pudiera extenderse entre siete y nueve meses hasta el momento en que el NEPR tome una determinación final sobre la nueva tarifa base permanente. Alrededor de septiembre, sin embargo, el NEPR tiene la facultad de aprobar una tarifa provisional, que permanecería en vigor hasta que se emita la resolución definitiva.

La revisión tarifaria que se radicará este jueves cubrirá los presupuestos del sistema eléctrico para el año fiscal que comenzó el 1 de julio, así como los años fiscales 2026-2027 y 2027-2028.

En entrevista con El Nuevo Día, Figueroa Ramírez precisó que, para el año fiscal 2025-2026, el presupuesto “óptimo” de LUMA rondaría los $1,541 millones, lo que duplicaría los $693 millones que el consorcio tuvo disponibles el pasado año para mantener la red de transmisión y distribución. En ese escenario, las partidas se desglosan en $946 millones para trabajos de mantenimiento y $595 millones para mejoras capitales.

A lo largo de los tres años que debe cubrir la revisión tarifaria, el escenario ideal propuesto por LUMA representaría gastos adicionales ascendentes a $3,500 millones, al tomarse como base el presupuesto del 2024-2025, indicó el ejecutivo.

En el escenario “restricto”, en cambio, LUMA tendría disponibles $737 millones para operación y mantenimiento y $386 millones para obras capitales, para un total de $1,123 millones, o cerca de $430 millones más que el pasado año fiscal.

“Lo que estamos proponiendo (en el escenario óptimo) es un aumento de 4.5 centavos el kWh (que se destinaría a) LUMA. Pero, añadiendo todos los demás componentes, el aumento es de aproximadamente 11 centavos”, explicó.

Según Figueroa Ramírez, las inversiones bajo el primer escenario, al cabo de tres años, lograrían reducir la duración y frecuencia de las interrupciones de servicio en 14% y 12%, respectivamente, mientras que, con el presupuesto limitado, las mejorías serían de 9% y 8%. En los pasados años fiscales, la duración de las interrupciones asociadas a averías de transmisión y distribución ha sido entre 12 y 14 veces por encima de los estándares fijados por el propio NEPR, mientras que la frecuencia ha sido de siete a ocho veces mayor.

“Ambas propuestas resultan en beneficios reales para los clientes, en inversiones reales para los clientes, pero claramente demuestran también que la mejoría en la calidad del servicio del sistema está atada a la cantidad de inversión que se devuelve al sistema”, acentuó.

Si bien hace una semana –cuando este diario estimó que la petición de revisión tarifaria contendría un aumento cercano a los 10 centavos por kWh– el portavoz de Genera PR, Iván Báez, había asegurado que la empresa había requerido un presupuesto similar al del 2024-2025, de unos $300 millones, Figueroa Ramírez detalló que la solicitud del operador ronda los $600 millones para el mantenimiento y mejoras capitales en la flota de generación.

El presupuesto de Genera PR correspondiente a los ingresos de la tarifa base no incluye los gastos de combustible ni compra de energía, que se ajustan trimestralmente.

Por su parte, la AEE pidió unos $450 millones para el año fiscal que acaba de comenzar, casi 10 veces más que los $48 millones que tuvo disponibles en el 2024-2025.

Aunque Figueroa Ramírez se abstuvo de entrar en los detalles de las solicitudes de Genera PR y la AEE, la petición de la corporación pública, presumiblemente, contempla los gastos para el pago de las pensiones, cuyas obligaciones se estiman en $25 millones mensuales o $300 millones anuales. La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha instruido repetidamente a la AEE a atender mediante la revisión tarifaria el financiamiento para el Sistema de Retiro, con el que la corporación pública acumuló una deuda en aportaciones patronales cercana a los $800 millones.

Con relación a la aprobación de una tarifa provisional en septiembre, Figuera Ramírez acentuó que el NEPR dispuso que el ajuste solo considere inversiones esenciales a corto plazo, lo que implicaría que –según la propuesta– el presupuesto operacional de LUMA aumente a $970 millones, o un 40% más que el pasado año fiscal. Por sí solo, ese monto representaría un aumento de 1.5 a dos centavos por kWh, a lo que habría sumarles los ajustes correspondientes a los presupuestos de la AEE y Genera PR.

Figueroa Ramírez indicó, de otra parte, que la propuesta de revisión tarifaria no contiene fondos para el eventual repago de la deuda de la AEE, lo que se alinea con el plan fiscal que la JSF certificó en febrero pasado.