Cuando el 3 de julio el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) abra formalmente el proceso para revisar –por primera vez en ocho años– la tarifa base que pagan los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), los abonados de la red se expondrán a una serie de factores que, de manera combinada, podrían resultar en un aumento cercano a los 10 centavos por kilovatio-hora (kWh).

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Los reclamos que LUMA Energy ha hecho en la línea de duplicar su presupuesto, la necesidad de encontrar una solución permanente para el cumplimiento con las pensiones de los jubilados de la AEE y la reanudación del repago de deuda que se desprenda del caso de Título III bajo la ley Promesa son solo tres de los elementos del análisis que, a partir de esa fecha, recaerá sobre los cinco miembros del NEPR, con miras a la determinación que se conocerá en los primeros meses de 2026.

En 2017, el NEPR aprobó una tarifa base –todavía vigente– de 7.47 centavos por kWh, un monto que, a la luz de las variables que entrarán en juego, bien podría duplicarse durante la venidera revisión. Al presente, la tarifa base representa cerca del 30% de la factura, cuyos principales cargos siguen asociados a la compra de combustible y energía, factores que se revisan cada tres meses.

La tarifa base que se apruebe estará en vigor hasta el año fiscal 2027-2028.

Entre todos los elementos que se incorporan a la tarifa base –cargo del cual se recaudan los fondos para el mantenimiento y reparación de la infraestructura eléctrica–, el presupuesto de LUMA se perfila como el factor que podría producir la mayor variación dentro del trámite de revisión. El operador de la red de transmisión y distribución, en el año fiscal que concluirá el 30 de junio, administró un presupuesto de $693 millones, pero ha insistido públicamente en que requiere entre $500 millones y $800 millones adicionales para lograr una gestión óptima del sistema.

En el proceso tarifario de 2017, se estimó que cada $170 millones representan un centavo por kWh adicional en la factura, por lo que, si las exigencias de LUMA se traducen en una petición formal al NEPR, y el regulador lo avalara, los clientes experimentarían un impacto de tres a cinco centavos.

Hasta el momento, LUMA no ha adelantado cuál será la petición presupuestaria que someterá el 3 de julio, pero en mayo presentó una solicitud de aumento de emergencia que, extrapolada a un año completo, suponía un alza de $352 millones, o poco más de dos centavos el kWh. La petición fue denegada dos veces por el NEPR, que concluyó que el consorcio no había justificado un escenario de emergencia que ameritara el incremento temporal.

Principalmente, los argumentos de LUMA se han sustentado en la necesidad de llevar a cabo mejoras capitales que supuestamente no pueden cubrirse con los fondos federales asignados para la reconstrucción de la red.

“Hay formas de mitigar eso, porque LUMA indica que estos dineros se necesitan para proyectos capitales. Lo que hay que hacer es agilizar el echar a correr los fondos federales para evitar sacar ese gasto capital de los consumidores, sino que salga de los fondos de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, en inglés), como originalmente fue intencionado”, subrayó el ingeniero Tomás Torres Placa, exrepresentante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, al recordar que hay más de $10,000 millones disponibles tan solo para el sistema de transmisión y distribución.

En declaraciones escritas, el portavoz de Genera PR, Iván Báez, aseguró que la empresa no solicitará un presupuesto mayor a los $300 millones que tiene asignados este año para el mantenimiento de la flota generatriz, por lo que no habría un impacto tarifario asociado. Torres Placa recordó, en tanto, que uno de los objetivos del contrato de Genera PR es comenzar el decomiso de las plantas según la flota adquiera recursos de generación nuevos, lo que eventualmente debería redundar en recortes al presupuesto del operador.

Mientras, sigue siendo un misterio el requisito de ingresos que la AEE propondrá, cuya información acordó entregar a LUMA el 25 de junio tras agrias diferencias. Para el año fiscal en curso, la AEE solicitó más de $80 millones al año, pero el NEPR aprobó poco menos de $48 millones, una diferencia de $32 millones que, si la corporación pública insistiera en obtener, tendría un impacto tarifario de cerca de 0.2 centavos por kWh.

Por otro lado, el pago de las pensiones a los jubilados de la AEE parecería ser uno de los factores más previsibles de la revisión tarifaria, toda vez que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha reiterado que es un gasto –en torno a los $300 millones anuales– que debe recobrarse de la factura. Durante todo el año fiscal en curso, las pensiones se pagaron mediante préstamos del gobierno central, ahorrando a los clientes cerca de 1.8 centavos el kWh.

Torres Placa opinó que el gobierno central debe considerar recapitalizar el Sistema de Retiro –al que la corporación pública le adeuda $800 millones en aportaciones– o absorber a futuro el pago de las pensiones, librando a la AEE y los abonados de esa responsabilidad directa.

Al otro lado de la moneda, la gran interrogante a corto y largo plazo sigue siendo la reestructuración de la deuda por bonos de la AEE, estimada en $8,500 millones, y que la JSF ha advertido –en el plan fiscal más reciente– que no podrá repagarse mediante los ingresos de la empresa estatal. Planes previos, sin embargo, contemplaban un repago cercano a los $2,500 millones, que hubieran emanado de las facturas.

Según Torres Placa, ese monto, de realizarse una emisión de bonos a 30 años garantizado por la factura, supondría un impacto promedio de $173 millones anuales o el equivalente a un centavo adicional por kWh. “En el mejor de los casos, sería entre centavo y centavo y medio, dependiendo de la decisión final”, dijo el también planificador.