Varias organizaciones que agrupan a los maestros de las escuelas públicas manifestaron hoy su descontento con la nueva ronda de cierres de planteles que se avecina al finalizar este año escolar, proceso que catalogaron como un ataque a la educación pública de Puerto Rico.

El anuncio evidencia que las decisiones en el Departamento de Educación se están tomando solo a base de consideraciones económicas y no tomando en cuenta las necesidades educativas de los estudiantes ni las condiciones de trabajo del personal docente, argumentó la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez.

“Nos han declarado la guerra y vamos a responder a las recomendaciones de una Junta de Control Fiscal que pretende que la educación pública pague las consecuencias de una deuda impagable, ilegítima e inmoral que nuestros maestros y estudiantes no han creado”, manifestó Martínez.

En entrevista con este diario, la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, reveló que la agencia continuará este año con el cierre de escuelas, tal y como sucedió durante el cuatrienio pasado. Las llamadas consolidaciones de planteles buscarán no solo enfrentar los cambios demográficos que experimenta la Isla, sino también acatar las directrices de la Junta de Supervisión Fiscal en torno a hacer un uso más efectivo de los recursos de la agencia más grande del Gobierno local. Keleher indicó que han identificado 370 escuelas con menos de 200 estudiantes que están siendo evaluadas, pero no detalló cuántas podrían ser cerradas.

Asimismo, la secretaria abrió la puerta al establecimiento de escuelas charters en Puerto Rico, un modelo educativo donde escuelas públicas son administradas por entidades privadas.

El presidente de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE), Emilio Nieves, lamentó que se le dé continuidad a las prácticas de la administración anterior, que cerró 177 planteles. Del mismo modo, aseguró que con esta movida queda claro cuál es el rol de Keleher, quien además de secretaria tiene un contrato como asesora en reestructuración con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

“(Con este anuncio) queda establecido por la secretaria dónde está su lealtad: con la Junta de Control Fiscal. Su prioridad es ahorrar e identificar los fondos que la Junta le ha asignado que busque. Está respondiendo al contrato que tiene con AAFAF, no a lo que exige la posición de secretaria de Educación”, manifestó Nieves.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, y la secretaria general de la Asociación de Maestros-Local Sindical, Grichelle Toledo, dejaron entrever en una declaración conjunta que le darían espacio a las propuestas de la secretaria de Educación, pero establecieron los puntosque no aceptarán.

Por un lado, aseguraron que las escuelas charter son inconstitucionales en Puerto Rico, que los municipios no deben administrar escuelas, que no permitirán que se aumente la carga de trabajo de los maestros y que, de hacerse consolidaciones de escuelas, se debería aprovechar el proceso para reducir el tamaño de los grupos de estudiantes.

“Estamos conscientes de que pueden existir escuelas que por su baja matrícula o condición física de la estructura, no se puedan mantener abiertas; sin embargo, solo avalamos aquellas consolidaciones o cierres en los que las comunidades escolares tuvieron participación y donde los grupos de estudiantes por salón se mantengan bajos y no excedan los establecido por Carta Circular, mientras negociamos un número más bajo con el Departamento de Educación”, expresaron Díaz y Toledo en una comunicación escrita.

Ante esta política educativa, el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública -compuesto por cinco organizaciones magisteriales- realizará el lunes una conferencia de prensa para dejar clara su postura de rechazo. Mientras, la Federación de Maestros además anunció que el próximo 18 de marzo celebrará su asamblea general, en la cual esperan tomar decisiones para su Plan de Acción.

“Los planes para la educación se limitan a reducir gastos destinados a nuestros niños y jóvenes para pagarle a los bonistas buitres. Ninguno de los cambios que propone la agencia tiene el objetivo de mejorar la educación y hacerla más accesible”, concluyó Martínez.

El Departamento de Educación tiene en la mira 370 escuelas que tienen una matrícula de menos de 200 estudiantes.