Aunque con disposiciones que evidencian algunas lecciones aprendidas de la transacción previa con LUMA Energy, el contrato que el gobierno otorgó a Genera PR para operar la flota generatriz del país contiene elementos que, a la luz de los objetivos de política pública energética, convierten el pacto en una especie de ensamblaje dispar, a juicio del Centro para una Nueva Economía (CNE), que analizó el acuerdo de más de 300 páginas.

Por un lado, el contrato que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) negoció con la subsidiaria de New Fortress Energy (NFE) creó del saque una estructura de indicadores de desempeño, incentivos y penalidades que proveen certeza de las expectativas y obligaciones que carga el contratista. Sin embargo, para Sergio Marxuach, director de Política Pública del CNE, quedan interrogantes sobre si dicha estructura propenderá en la práctica a la transformación del sistema eléctrico que se prometió cuando se decidió traspasar las distintas fases de la red al sector privado.

“Estamos haciendo estas transacciones porque fue lo que prometimos o que esta es una nueva visión, pero no veo que nadie se haya sentado, ni siquiera en el Negociado de Energía, a analizar que, una vez tenemos a LUMA (como operador de transmisión y distribución) y a Genera, cómo queda el mercado de electricidad. Y lo que tienes es como un Frankenstein. No tienes competencia de verdad”, subrayó Marxuach en una mesa redonda con periodistas, en la que enfatizó que la red continúa presentando un oligopolio en el área de generación y un monopolio de transmisión y distribución.

El contrato concedido a Genera PR el 24 de enero dispone una serie de incentivos financieros por desempeño, entre los que destacan las bonificaciones que la empresa compartiría, a partes iguales, con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por concepto de ahorros en los gastos operacionales y por compra de energía y combustible. Aunque Marxuach celebró que el pacto define con bastante claridad los parámetros en los que se basará el desempeño, puso en duda el impacto que tendrá en última instancia sobre los consumidores y cuestionó si contravienen la transición que –según la Ley de Política Pública Energética– debe producirse hacia fuentes renovables.

En ese sentido, el economista y abogado puntualizó que el informe del Comité de Alianzas, organismo que dio paso a la selección de Genera PR y negoció el contrato de 10 años, alude al trabajo de la firma de consultoría FTI, que ofreció unos estimados de los ahorros que el nuevo operador podría lograr. Sin embargo, Marxuach subrayó que del informe del Comité de Alianzas no se desprende que FTI haya realizado una “evaluación independiente” para validar el cálculo de ahorros que la propia Genera PR proyectó entre $100 millones y $200 millones anuales.

“Si calculamos los ahorros (para la AEE), que son $100 millones (en el escenario más optimista) y los gastos de combustible son $2,100 millones, eso sería básicamente 4.7% de los gastos de combustible. Eso es algo, pero no es un ‘game-changer’, un paradigma nuevo. Y, si lo comparas con los gastos totales de correr la AEE, que son como $4,000 millones, es un 2.5%, que no es ‘game-changer’”, dijo Marxuach, al recordar que a esos cálculos será necesario incorporarles el servicio a la deuda de la corporación pública que apruebe el Tribunal Federal.

En un escenario donde la AEE destine anualmente $300 millones a su deuda, “me ahorro $100 (millones), pero si los costos me aumentan por $300 (millones), la factura va a subir por $200 millones”, dijo el experto.

Según el análisis del CNE, el “corazón del contrato” y el área de la que Puerto Rico se beneficiaría de una buena ejecución sería la fase de decomiso de unidades generatrices, que se proyecta comience a partir de 2028. Marxuach sostuvo que, en las negociaciones de los incentivos relacionadas con ese renglón, el gobierno priorizó el decomiso ágil de las unidades por encima de una ejecución costo efectiva, evidenciando la importancia de lograr la transición hacia fuentes de energía más limpias y baratas.

A pesar de ello, Marxuach advirtió que otros elementos del contrato, como la posibilidad de convertir unidades a máquinas de gas natural, pudieran obstaculizar ese proceso clave para que el país alcance el 100% de energía renovable para 2050 (una meta establecida por ley).

“Se nota que Genera está empujando la conversión de plantas a gas natural. En la práctica, eso va en contra de la política pública establecida, que es salirnos de los combustibles fósiles. De acuerdo con el reporte de FTI, Genera dice que esas conversiones generarían más o menos el 50% de los ahorros totales”, indicó Marxuach, recordando que NFE es un distribuidor internacional de ese combustible.

En pasadas semanas, la AAPP publicó una solicitud de cualificaciones para la construcción, operación y mantenimiento de una planta de gas natural que en el futuro sea convertible a hidrógeno verde, otro combustible en el que NFE ha mostrado interés. Marxuach recalcó que el contrato incluye disposiciones –que “en el papel se ven bien”– para evitar conflictos de intereses en procesos competitivos donde participen afiliadas de Genera PR, pero que queda por ver cuán efectivas son en impedir que la empresa comparta información privilegiada con su matriz.

Lecciones aprendidas

En el lado positivo, Marxuach acentuó que la transacción incluye salvaguardas que se obviaron en el contrato de LUMA y que, en teoría, proveerán más garras a la AAPP y el Negociado de Energía de Puerto Rico en su función de garantizar el cumplimiento de Genera PR.

“Creo que el gobierno aprendió algunas lecciones de LUMA, para ser justo. Uno de los defectos grandes que señalamos sobre el contrato de LUMA es que el contrato como tal tenía un anejo que decía que LUMA tenía que cumplir con todos estos objetivos y, si cumple, tiene unos incentivos y, si no, unas penalidades. Pero esos objetivos no estaban definidos, sino que estaban sujetos a negociación futura con el Negociado de Energía. Tres años después, todavía están negociando”, resumió el abogado.

En el caso de Genera PR, además de los renglones de costo eficiencia en la operación y compra de combustible y energía, se introdujeron parámetros relacionados con la disponibilidad de unidades generatrices, diligencia con los requerimientos de información y cumplimiento con regulaciones ambientales y de seguridad laboral. En estos últimos dos, dijo Marxuach, la AEE históricamente ha registrado un desempeño “pésimo”.

En términos generales, cada categoría de incentivos permite a Genera PR recibir bonificaciones ascendentes a $15 millones anuales, o pagar una penalidad de $5 millones por incumplimiento. Anualmente, el contrato estableció un tope de incentivos de $100 millones, que se suman al pago base de $22.5 millones.

Asimismo, el director de Política Pública del CNE destacó que el contrato ata la mayoría de los eventos de incumplimiento a la posibilidad de que la AAPP inicie el trámite de cancelación del pacto. “Está la posibilidad de que, si por dos años consecutivos (Genera PR) no cumple con las métricas de desempeño, el contrato se puede cancelar. Está conectado directamente con los eventos de incumplimiento que, bajo este contrato –cualquier tipo de contrato como este–, cuando se declara un evento de incumplimiento, le da derecho a la parte que lo declara a terminarlo. Obviamente, hay un proceso, no es automático, pero es un adelanto versus LUMA”, dijo.

Otros elementos contractuales que Marxuach vio con buenos ojos incluyen la obligación de Genera PR de reclutar a los empleados actuales de las generatrices, así como de contar con un portavoz y equipo de comunicaciones experimentado en el mercado puertorriqueño y con dominio del español.

A juicio de Marxuach, la entrada de Genera PR puede representar una mejora respecto al “status quo” que hubiera implicado mantener a la AEE a cargo de la generación, pero subrayó que esa una “vara muy baja”, y enumeró múltiples escollos externos que el sistema eléctrico aún debe superar para encaminar una transformación verdadera, incluyendo la influencia de grupos que cabildean a favor de los combustibles fósiles, la falta de acceso a capital de la AEE y las diferencias entre sectores ambientalistas sobre el modelo a seguir para introducir energía renovable a la red.

“Hay una falta de coordinación brutal ente el gobierno de Puerto Rico, el federal, el sector privado, las ONG (organizaciones sin fines de lucro); cada cual está metiendo la cuchara (…) Tenemos que buscar un mecanismo de coordinar mejor a todos estos jugadores”, sentenció.