La Universidad de Puerto Rico (UPR), en los últimos cinco años, ha logrado implementar medidas para allegar ingresos y reducir gastos que suman $78.5 millones. No obstante, esto no llega ni a una quinta parte de lo requerido por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el último Plan Fiscal certificado para la institución académica.

La cifra corresponde a los gastos y ahorros que han podido certificar, expuso el profesor Jorge Colberg Toro, integrante del comité de transición de la presidenta universitaria, Zayira Jordán Conde.

Al presentar los hallazgos del informe de transición ante la Junta Universitaria, la semana pasada, Colberg Toro señaló que, en 2021, la JSF impuso a la UPR 11 medidas de ingresos y ahorros que debían generar $420 millones para el año fiscal 2025-2026.

“No hay duda, inequívocamente, que estamos por debajo de lo que es la métrica de la Junta”, sostuvo Colberg Toro en la reunión, que fue transmitida en línea.

De acuerdo con el Plan Fiscal de 2021, la UPR debía generar $85.8 millones con el aumento en el costo del crédito para estudios subgraduados; al momento, se ha certificado que la medida generó $3.7 millones adicionales, señaló Colberg Toro. El aumento de cargos y cuotas debió generar $11.3 millones, pero solo se han certificado $6.3 millones. Los ingresos en servicios educativos al gobierno debían estar en $20 millones para este año fiscal, pero solo está en $12 millones.

Mientras, la JSF estimó en $19.8 millones los ingresos adicionales que debía generar el aumento en el costo de créditos por estudios graduados, sin embargo, “al día de hoy no hay números certificados”, apuntó Colberg Toro. Tampoco se pudo contabilizar cuánto dinero adicional se ha generado en “concesiones y fondos federales”, principalmente por los cambios en política pública impulsados por la administración de Donald Trump.

De esta manera, la UPR ha podido certificar ingresos adicionales por unos $22 millones, a pesar de que la JSF estimó que serían de $176.5 millones.

En cuanto a los ahorros, se han certificado unos $53 millones en medidas requeridas por la JSF, pero la meta era de $244 millones, precisó Colberg Toro.

La reducción de beneficios a empleados ha generado $5.3 millones en ahorros, pero la JSF estimó $22.3 millones. Consolidar servicios entre recintos debió dejar ahorros por $19.8 millones, mas no se ha podido certificar cuánto ha generado. La reducción de la fuerza laboral mediante la congelación de plazas ha ahorrado $37.2 millones en cinco años, no obstante, la JSF proyectó $124.9 millones. Mientras, la reforma de pensiones ha ahorrado $10.8 millones, pero se requirió que fuera $77.3 millones.

“Aunque se reconocen importantes avances en la consecución de algunos objetivos y se refleja una reducción importante en el déficit estructural de la Universidad, lo cierto es que la hoja de ruta que se está ejecutando va a paso lento, y su ubicación presente se encuentra muy distante del calendario establecido para cumplir con las metas trazadas”, estableció el informe presentado por el comité de transición, del cual El Nuevo Día obtuvo copia.

Tras la reunión de la Junta Universitaria, representantes claustrales y estudiantiles ante el organismo asesor denunciaron que la información presentada “deslegitima” y menosprecia las gestiones realizadas en los últimos años por la Junta de Gobierno de la UPR para “cambiar la narrativa pública” de que la UPR “cuesta mucho”, para afirmar, en cambio, que constituye una “inversión”. Detallaron que no se reconoce el trabajo de la Junta de Gobierno para detener recortes de la JSF y acuerdos establecidos para transformar la UPR.

“Es crucial señalar que la información (del informe de transición) está incompleta, sacada de contexto y, en muchos aspectos, intencionadamente engañosa. Si bien es cierto que existen obligaciones financieras como las relacionadas con el plan de pensiones, estas no pueden usarse como justificación para deslegitimar el valor y la necesidad de la UPR”, denunciaron líderes estudiantiles y profesores, mediante un comunicado de prensa.

“La verdadera crisis no radica en la capacidad de la UPR para cumplir con sus responsabilidades, sino en la falta de apoyo y de un financiamiento adecuado por parte del gobierno. La UPR ha sido la entidad del Estado que ha sufrido los recortes más significativos, debilitando su estructura y afectando directamente a sus estudiantes y empleados, aun cuando ha cumplido con el pago de todas sus deudas y compromisos”, añadieron.

Asimismo, tanto Colberg Toro como el contador público autorizado (CPA) Kenneth Rivera indicaron que la UPR tampoco ha cumplido en su totalidad con los 30 hitos de transformación establecidos por la JSF para tener acceso a presupuesto que se ha dejado bajo custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). La JSF ha autorizado el desembolso de unos $91 millones, pero aún quedan $172 millones en manos de OGP.

Jordán Conde nombró un comité de transición poco después de ser designada presidenta de la UPR este verano, el cual estuvo compuesto por funcionarios de la UPR y personal externo, así como por un representante estudiantil.

Rivera detalló que la UPR tiene un déficit estructural acumulado de unos $910 millones, lo cual es una reducción al compararlo con el déficit de $1,300 millones del año fiscal anterior. El presupuesto consolidado de este año fiscal asciende a $1,210 millones.

Uno de los principales retos detectados por el comité de transición fue el uso de los fondos para la reconstrucción asignados tras el paso de huracanes y terremotos.

La UPR ha recibido, desde 2018, asignaciones federales para la reconstrucción ascendentes a $1,167 millones, el 98% de estas para la recuperación tras el paso del huracán María, en 2017. Al momento de la entrega del informe del comité de transición, en julio, se habían desembolsado $30.9 millones, lo que representa el 2.5%, para proyectos como reparaciones en el techo de la biblioteca José M. Lázaro, en el recinto de Río Piedras, y el reemplazo de acondicionadores de aire en el edificio de Biología del recinto de Mayagüez.

Solo se han terminado proyectos equivalentes a $5 millones, precisó Colberg Toro.

“Es un tema que necesitamos ponerle velocidad, apretar el acelerador”, expresó.

El presidente de la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend), Carlos de León, se unió a las denuncias de integrantes de la Junta Universitaria, al cuestionar la información presentada en la reunión y expresiones posteriores de Colberg Toro en el programa televisivo “Jugando Pelota Dura”.

“La Universidad no está en quiebra”, manifestó De León, en declaraciones escritas. “Pero siguen haciendo todo lo posible para llevarla ahí. El problema es la falta de presupuesto y la falta de voluntad de la Junta de Gobierno y de la presidenta para reclamar lo que en ley nos corresponde”, añadió.