

12 de junio de 2025 - 12:03 PM
El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y zar de Energía, Josué Colón, concluyó que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no ha incumplido disposiciones de su contrato con Genera PR, que en mayo proveyó un ultimátum para que se subsanaran deficiencias en transferencias presupuestarias en las que la corporación pública, supuestamente, había incurrido.
Colón, en una de tres comunicaciones escritas enviadas el miércoles a los operadores privados del sistema eléctrico, sentenció que la AEE –entidad que dirigió hasta enero– ha estado realizando desembolsos a las cuentas de servicio de Genera PR “basado en su capacidad, es decir, los fondos disponibles”.
“La AEE ha informado en múltiples comunicaciones previas, y la AAPP ha confirmado independientemente, que la AEE está experimentando restricciones de liquidez atribuibles a circunstancias fuera de su control directo, en lugar de actos intencionales de incumplimiento. En particular, la condición financiera de la AEE se ha afectado materialmente por la incapacidad de LUMA (Energy) de generar ingresos adecuados de los recaudos del servicio eléctrico, así como su continua incapacidad de obtener reembolsos federales a tiempo”, subrayó Colón, haciéndose eco del planteamiento que ha esbozado públicamente desde que fungía como director ejecutivo de la corporación pública.
El portavoz de Genera PR, Iván Báez, adelantó este jueves que la empresa –a cargo de la flota de generación eléctrica de la AEE– espera responder por escrito a la comunicación del zar de Energía.
En expresiones enviadas a los medios, LUMA recalcó que, en sus cuatro años como operador de transmisión y distribución, se ha mantenido dentro de los presupuestos aprobados por el Negociado de Energía, mientras que “la AEE y el gobierno han fallado en sus depósitos adecuados para poder llevar a cabo las operaciones que requiere el sistema”.
Con relación al desfase en la recuperación de fondos federales para sufragar gastos incurridos, LUMA planteó que responsabilizarlo “por retrasos en un sistema complejo y controlado por múltiples entidades es injusto y revela desconocimiento del proceso e ignora las décadas de abandono y mal manejo que dejaron el sistema en ruinas afectando la calidad del servicio”.
“La AEE está en quiebra y, por ende, carece de credibilidad para emitir juicio sobre lo que constituye un uso responsable de los fondos”, acentuó el consorcio.
Con su misiva, Colón respondió a una serie de comunicaciones que Genera PR envió a la AEE y la AAPP en mayo, que en conjunto reclamaban que el gobierno debía transferirles de inmediato sobre $366 millones para mantener los balances adecuados en sus cuentas de compra de combustible, operaciones y emergencias. Específicamente, según Genera PR, los déficits en las transferencias ascendían a $272.2 millones para la cuenta de combustible, $72 millones para la cuenta operacional y $22.1 millones para la reserva de emergencia.
En una de las cartas de Genera PR, del 19 de mayo, la principal oficial financiera, María Sánchez Brás, advirtió que, si los pagos no se recibían al 30 del pasado mes, la empresa “expresamente se reserva todos sus derechos, reclamaciones y remedios bajo el OMA (contrato de operación y mantenimiento), bajo la ley aplicable y en equidad”.
Colón, en cambio, cuestionó los cálculos presentados por Genera PR para estimar los fondos necesarios para la compra de combustible, aunque no precisó a cuánto ascienden las transferencias realizadas por la AEE a esa cuenta, al tiempo que requirió al operador privado que, en 10 días, precise cuáles trabajos de reparación de unidades se ejecutaron con fondos de la reserva de emergencia.
“Todas las cuentas de servicio se han satisfecho con los umbrales contractuales mínimos, y la AAPP no ha observado conducta que constituya una violación o incumplimiento. Se insta a Genera a continuar dialogando con la AEE y esta oficina de buena fe y resolver cualquier disputa constructivamente”, subrayó.
En otra de las misivas a las que El Nuevo Día tuvo acceso, el zar de Energía requirió tanto a LUMA como Genera PR explicar, en o antes de las 5:00 p.m. del jueves, las causas de una aparente deficiencia de gas natural que ha impactado las operaciones en la central Costa Sur, en Guayanilla, y la cogeneradora privada EcoEléctrica, en Peñuelas.
El miércoles, al participar de un foro de la Cámara Oficial de Comercio de España en Puerto Rico, Colón precisó que una de las unidades generatrices de EcoEléctrica había fallado mientras se cambiaba el combustible del gas natural habitual a diésel.
Las unidades #5 y #6 de Costa Sur, en tanto, han operado con búnker C –un derivado del petróleo de mayor costo– en pasados días, supo este diario.
Tanto Costa Sur como EcoEléctrica reciben gas natural de Naturgy, una empresa española que es en parte dueña de la cogeneradora privada. La compra del gas natural es responsabilidad de Genera PR, aunque los estimados del volumen de combustible que será necesario adquirir los prepara LUMA.
En una misiva enviada este jueves, Genera PR sostuvo que “LUMA significativa y unilateralmente se apartó de sus proyecciones (de despacho de energía), requirió el uso de petróleo sobre gas natural en Costa Sur y no tomó en cuenta los inventarios de combustible y sus impactos sobre el mantenimiento planificado, según requerido por contrato”.
Según Genera PR, al requerir entre abril y mayo que Costa Sur funcionara más tiempo de lo previsto en búnker C, los tanques de gas natural permanecieron sobrecargados y, recientemente, un barco de Naturgy no pudo despachar este combustible, “retrasando las entregas” posteriores.
Más temprano este jueves, en declaraciones escritas, EcoEléctrica señaló que la limitación de sus operaciones, según ordenada por el centro de control energético que administra LUMA, comenzó el martes y se extenderá hasta el 18 de junio, cuando se prevé la próxima entrega de gas natural.
Entre los requerimientos de Colón a los operadores, figuró “si la coordinación entre LUMA y Genera sobre el pronóstico de despacho (de energía) y la adquisición de combustible contribuyó, o pudo haber mitigado, la situación”.
En una tercera carta, con fecha del miércoles, Colón replicó a una comunicación previa de LUMA, y reiteró su postura de que el consorcio ha fracasado en los trámites de obtener hasta $550 millones en reembolsos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), entre ellos $385 millones asociados a gastos por el huracán Fiona, en 2022, lo que describió como “un desarrollo notable e inaceptable, además de inexcusable”.
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