La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) autorizó esta noche a los rectores de los recintos en huelga a tomar medidas para manejar la paralización de labores académicas y administrativas, entre ellas iniciar procesos disciplinarios contra los estudiantes huelguistas y detener el desembolso de fondos en unidades paralizadas, lo que incluye salarios de empleados.

En una reunión extraordinaria en la cual se limitó el debate en torno a las cuatro mociones discutidas, el cuerpo rector aprobó además autorizar a los rectores a extender las directrices que permiten el trabajo y las clases a distancia. Asimismo, se dio una directriz para que las negociaciones para reabrir portones en los recintos que continúan en huelga se hagan entre la administración de los recintos y solo representantes de los Consejos Generales de Estudiantes, eliminando de los procesos a otros grupos, particularmente los Movimientos Estudiantiles.

Los procesos disciplinarios se tomarían contra aquellos alumnos que se determine que violentaron de alguna manera el Reglamento General de Estudiantes y “ponga en riesgo la operación de la institución y seguridad de la comunidad”, lee la moción aprobada.

“En el diálogo, con el diálogo respetuoso, con evidencia, con negociaciones justas, se abren portones”, manifestó la representante claustral ante la Junta de Gobierno, Margarita Villamil, quien cuestionó si las mociones aprobadas están alineadas con las normativas vigentes de la institución.

Las mociones fueron aprobadas con la oposición de los representantes claustrales y estudiantiles.

“No entiendo por qué insistir en la confrontación entre los estudiantes, el personal docente y no docente y así lo dejo estipulado. Esto lo que está llevando es a la confrontación y creo que el deber de fiducia de esta Junta también es proteger a nuestros estudiantes, a nuestros docentes y a nuestros no docentes”, argumentó el representante estudiantil a nivel graduado, Jorge Rivera Velázquez.

El líder estudiantil recordó que la Junta de Gobierno ya aprobó una certificación que autoriza a los rectores a decidir que las labores se hagan a distancia, por lo cual consideró que se discutía un punto redundante.

Incluso la presidente interina de la UPR, Mayra Olavarría Cruz, levantó la voz de alerta sobre las repercusiones de desmantelar ahora los comités creados en los recintos para atender los reclamos estudiantiles.

“Quiero que quede clarísimo que no he hecho ningún acto ilegal al nombrar estos comités. Los Consejos Generales de Estudiantes están incluidos en estos comités, creo que los diálogos deben ser inclusivos. Hemos abierto ya dos unidades y estamos en proceso de abrir las demás”, manifestó Olavarría Cruz, al establecer que consultó con una asesora legal y mantiene que tener representación de los Movimientos Estudiantiles en los comités es válido.

La presidenta de la Junta de Gobierno, Mayda Velasco Bonilla, justificó las medidas tomadas en la reunión extraordinaria al señalar que fueron discutidas con abogados de la institución y permiten que los rectores tomen decisiones efectivas para evitar perjudicar las operaciones de la universidad de Estado.

En un esfuerzo por obtener más información en torno a las mociones discutidas, Eliud Rivas, representante estudiantil a nivel subgraduado ante el cuerpo rector, intentó que las mociones fueran referidas a comités internos de la Junta. No obstante, su moción fue derrotada.

“Estamos en una situación de emergencia. Los rectores han pedido apoyo y estamos aquí para dárselo de una forma ágil”, manifestó Velasco Bonilla.

En torno a la moción para detener el desembolso de fondos, Velasco Bonilla sostuvo que no afectará los sueldos de trabajadores que estén laborando a distancia, pero argumentó que hay empleados que no se han reportado a trabajar de forma presencial cuando se les ha requerido.

“Algunos de los individuos, donde podían estar trabajando, aunque estemos en la situación que estemos, no lo están haciendo”, señaló Velasco Bonilla.

La presidenta del cuerpo rector reconoció que aún no han determinado qué harán en el recinto de Cayey, donde los empleados no pueden entrar a las instalaciones.

Los estudiantes en seis de los 11 recintos de la UPR llegaron a decretar huelgas en las últimas semanas -Mayagüez, Humacao, Cayey, Bayamón, Río Piedras y Ponce- en reclamo a que se tomen medidas para garantizar la estabilidad financiera futura de la institución, así como peticiones particulares de cada unidad académica.

Tanto Velasco Bonilla como Olavarría Cruz reconocieron que se han establecido comités de diálogo en los recintos para discutir las opciones para lograr que se levanten las manifestaciones estudiantiles.