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La plaza pública de San Lorenzo.
Imagen de archivo de la plaza pública de San Lorenzo. (Archivo)

La Oficina de la Contralora reveló hoy, lunes, que un suplidor de combustible le facturó $198,348 en exceso al Municipio de San Lorenzo.

Según la investigación, el suplidor, quien no es identificado, habría utilizado facturas falsas del mayorista que representaron desembolsos de fondos públicos en exceso para el periodo investigado, entre 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2021.

“Esta situación, contraria a la segunda cláusula de los contratos formalizados para el despacho de combustible en el 2019 y 2020, pudo haber configurado una violación a la Ley 146-2012, Código Penal de Puerto Rico, según enmendada”, expresó la Contraloría en declaraciones escritas a la prensa.

La entidad analizó sobre 48 facturas sobre el despacho de combustible a los vehículos municipales y encontró que el suplidor intercaló entre los justificantes los documentos falsos, que carecían del logo de la compañía y de los datos de contacto del mayorista.

Además, de acuerdo a los hallazgos, las facturas del suplidor reflejaban precios más altos que los facturados por el mayorista. La diferencia fluctuó desde $0.144 hasta $0.0870 por galón.

“El oficial de preintervención del Municipio confirmó a los auditores de la Contraloría que nunca se había comunicado con el mayorista para validar la autenticidad de las facturas, ni se percató del cambio en el formato”, añade el comunicado de prensa.

El informe, con fecha del pasado miércoles, destaca que el Código Municipal de Puerto Rico establece que entre las funciones y responsabilidades del director de Finanzas está el supervisar las tareas de preintervención y procesamiento de desembolsos.

“El alcalde, los funcionarios y los empleados en que este delegue y cualquier representante autorizado del mismo o del municipio, serán responsables de la legalidad, exactitud, propiedad, necesidad y corrección de los documentos y todos los gastos que se autoricen para el pago de cualquier concepto”, cita el reporte aprobado por la contralora, Yesmín M. Valdivieso.

La entidad le recomendó al alcalde, el novoprogresista Jaime Alverio Ramos, que proceda, entre otras cosas, con el recobro de los desembolsos pagados en exceso al suplidor.

El resultado de esta investigación fue referido el pasado 3 de marzo al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y al Departamento de Justicia, “para que realicen los procesos que estimen pertinentes”.

Irán a los tribunales si el suplidor no paga

Alverio Ramos le indicó al El Nuevo Día que ya comenzó el proceso para recobrarle el dinero al suplidor.

“Ya se le envió factura por correo certificado, si no los paga, vamos a radicar un pleito en el tribunal”, adelantó vía telefónica.

Por otro lado, confirmó que fue él quien realizó el referido a las autoridades en febrero de 2021, cuando solo llevaba alrededor un mes al mando del Municipio.

“Vemos una serie de cosas, que no puedo dar detalles porque son parte de la investigación, que nos llamaron la atención de estas facturas... Vimos cosas que no nos parecían que estaban bien”, indicó vía telefónica.

El esquema comenzó bajo la pasada administración, del popular José “Joe” Román Abreu. Sin embargo, la pesquisa incluyó los primeros seis meses de la nueva administración, ya que el contrato era multianual y vencía el 30 de junio del año pasado.

El informe detalla que, bajo Alverio Ramos, se realizaron 12 pagos en los que se desembolsaron en exceso unos $44,817.

“Todos esos pagos se hicieron en coordinación con las autoridades. Era un esquema que había que verificar”, defendió el funcionario.

Sobre el oficial de preintervención del ayuntamiento —quien le confirmó a los auditores que nunca se comunicó con el mayorista para validar la autenticidad de las facturas y que no se percató del cambio en el formato de los documentos—, el primer ejecutivo municipal dijo que lleva 37 años en el puesto y que cuenta “con vasta experiencia”.

“Tenemos que verificar si está entre sus funciones verificar las facturas de los mayoristas, que era la que falsificó”, sostuvo.

De momento, el FBI ni el Departamento de Justicia le han requerido información al Municipio.

Por otro lado, el alcalde reveló que ha realizado una “cantidad sustancial” de referidos, pero que solo han “logrado conseguir documentación de un puñado de ellos”.

“Todos los asuntos que vemos, huelen o aparentan estar incorrectos, hemos estado haciendo los referidos. Hay que proteger los fondos públicos y hay que acabar esta práctica corrupta que está afectando tanto a Puerto Rico”, apuntó.

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