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El presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar, no ha presentado los informes financieros que le requiere la Ley de Ética. (Suministrada)
El presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar, no ha presentado los informes financieros que le requiere la Ley de Ética. (Suministrada)

El presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Walter Alomar, obtuvo un contrato millonario con el gobierno central, a través de una  corporación sobre la que no ha rendido informes financieros ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). 

La compañía DBPR Legal LLC, creada hace tres años, obtuvo el mes anterior un contrato con la Junta de Planificación (JP), por la cantidad de $5 millones. Se trata del acuerdo económico  más cuantioso  en su historia corporativa.

 El Nuevo Día llamó ayer a Alomar a su teléfono celular, pero no fue posible contactarlo.

Como director, Alomar  sometió su propuesta de negocios para el 30 de junio. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) certificó la disponibilidad de fondos al mes siguiente. El director de la  OGP, José Iván Marrero, y el secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, aprobaron el contrato para agosto.    

La empresa se dedicaría a redactar demandas de interdicto, multas, demolición o emplazamientos para asegurar se cumpla con los permisos de obra. La JP será recipiente de $79.5 millones de fondos federales como parte del Programa de Mitigación de Riesgos bajo la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.  

 El grupo legal  lo integra también la  CPA Jeanelle Alemar Escabí, a quien el gobernador, Ricardo Rosselló, nominó a la junta directiva del Instituto de Estadísticas, tras destituir a los miembros anteriores. El tribunal detuvo las destituciones. 

Cercano a la fecha en que se daban estas gestiones, la Junta de Gobierno de la UPR envió una consulta a la OEG sobre la obligación de rendir informes financieros. La portavoz de la OEG, Jennifer Rodríguez, confirmó que Alomar  no ha rendido el informe financiero que se le requirió desde agosto, un requisito de la Ley de Ética Gubernamental.