Al ponerle punto final ayer al debate sobre la Ley de despido injustificado (Ley 80-1976), el Senado no solo abrió la puerta para que se anule el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en torno al presupuesto, sino que intensificó el clima de confrontación entre el presidente de ese cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz; el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y el ente que controla las finanzas públicas.