La Universidad George Washington propone una segunda fase del estudio sobre las muertes

Washington - La Universidad George Washington (GWU) quiere expandir el estudio en el que ha subrayado que –en medio de la falta de preparación de las autoridades– las muertes causadas por el huracán María alcanzaron 2,975, con la esperanza de que sus hallazgos incentiven mayor atención a los más pobres, las principales víctimas del desastre.

Al dar a conocer una investigación encomendada por el gobierno de Puerto Rico, a un costo de $305,000, el Instituto Milken de la Escuela de Salud Pública de GWU adjudicó fallas significativas en las agencias públicas que limitaron la capacidad de respuesta ante la emergencia.

El estudio, además, determinó que fueron los más pobres, junto con los hombres de más de 65 años, los más afectados.

La investigación de la institución universitaria, que se llevó a cabo durante seis meses, concluyó que el exceso de muertes entre septiembre de 2017 y febrero de 2018 fue de entre 2,658 y 3,290, con una mediana de 2,975.

Al entrar el año 2018, con el país todavía medio a oscuras, la crisis seguía latente. De acuerdo con el estudio, entre enero y febrero pasado, las muertes en exceso a las que hubiesen ocurrido de no haber azotado el huracán, fueron casi 900.

“El huracán afectó a todas las regiones de Puerto Rico, pero desproporcionadamente a los más pobres y a los hombres de mayor edad”, indicó el profesor Carlos Santos Burgoa, principal investigador y quien fue decano de la Escuela de Salud Pública de México.

La cifra que provee GWU no es un conteo exacto de los 2,975 muertos, con las causas de los fallecimientos, sino un cálculo matemático que se hace a base de los datos oficiales del Registro Demográfico, así como factores como la migración, el riesgo de la edad, el sexo y las capacidades económicas de las personas.

Según la investigación, la cifra de 2,975 representa un 22% por encima de las muertes que pudieron esperarse entre septiembre de 2017 y febrero de 2018 de no haber ocurrido el huracán. En el caso de los que vivían en los municipios más pobres, el riesgo de muerte se elevó en un 60%.

En el caso de los pobres en general, el riesgo de muerte fue 45% más alto y para los hombres de 65 años, el incremento fue de 35%.

Santos Burgoa sostuvo que la alta proporción de víctimas fatales de hombres de 65 años o más puede estar relacionada, entre otras cosas, a que asumen másriesgos.

Aunque la encomienda que ledio el gobierno de Puerto Rico fue investigar las muertes hasta febrero pasado, la decana de la Escuela de Salud Pública de GWU, Lynn Goldman, dijo que pudieran encontrarse más víctimas fatales a partir de marzo, si alguien hiciera ese análisis, pues muchos en la isla aún estaban sin electricidad.

Los investigadores realizaron entrevistas a funcionarios del Registro Demográfico, directores de funerarias, hospitales, patólogos forenses, de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y miembros de “asociaciones importantes”.

También entrevistaron a 11 líderes de oficinas del gobierno, incluidas personas a cargo de las comunicaciones del gobierno de Puerto Rico, y 22 líderes comunitarios, entre ellos siete alcaldes.

No hubo entrevistas a familiares de víctimas.

El estudio toma nota de que entre septiembre de 2017 y febrero de 2018 ocurrieron 16,608 muertes en Puerto Rico (9,054 hombres y 7,554 mujeres).

Además, calcula que la población de Puerto Rico se redujo en ese período en un 8%, de 3,327,917 habitantes que había en septiembre a 3,048,174 a mediados de febrero, una baja de 279,743.

Esta primera parte del estudio esperan publicarla, con más detalles, en una revista profesional.

La segunda fase del estudio, que depende de una propuesta que presentaron al gobierno de Puerto Rico y a otras instituciones, permitiría hacer una lista de las 2,975 muertes, con sus nombres y las causas específicas del fallecimiento, dijo Santos Burgoa, en entrevista con El Nuevo Día.

En una sesión informativa con periodistas, ayer en la mañana, la decana Goldman sostuvo que en la primera etapa del análisis no buscaron precisar las causas de cada una de las muertes.

Pero, dijo que más allá del impacto directo de los vientos y las inundaciones, quieren establecer las razones indirectas, como la falta de acceso a servicios de electricidad, salud y de transporte.

“Podríamos reconstruir la historia de cada una de las víctimas”, las condiciones ambientales, en el hogar y los servicios médicos disponibles, señaló Santos Burgoa, sin querer precisar el costo de ampliar la investigación.

Santos Burgoa, además de ser el principal investigador de un grupo de 26 personas –incluidos académicos de la Universidad de Puerto Rico–, le llevó el informe el lunes al gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Aunque no quiso confirmar que lo entregó directamente al gobernador, dijo que en la reunión con funcionarios del gobierno puertorriqueño sintió una reacción positiva.“Sabíamos que no había buenas noticias. El número es más grande de lo que se había publicado”, sostuvo.

Lo primero que ha tenido que hacer el gobernador es actualizar oficialmente la cifra de muertos. De 64 muertes, el gobierno elevó ayer la cifra a 2,975.

El estudio de GWU se suma a otras investigaciones universitarias. Por ejemplo, un análisis de Penn State había estimado las muertes asociadas al poderoso huracán María en cerca de 1,139.

Mientras, sin contar con el beneficio de los datos del Registro Demográfico, otro análisis de la Universidad de Harvard –que contó con el apoyo de la Universidad Carlos Albizu– había establecido que las víctimas fatales podían rondar entre 793 y 8,498, con una mediana de 4,645.

El gobierno de Puerto Rico mantuvo en secreto hasta el 1 de junio los datos del Registro Demográfico para todo el período del estudio. Medios de comunicación tuvieron que ir a los tribunales a reclamar la información.

El propio Instituto Milken de GWU no tuvo los datos hasta mediados de mayo, según Santos Burgoa.

En comparación con el análisis de la Universidad de Harvard, Santos Burgoa destacó que GWU contó con el beneficio de tener “la totalidad de los certificados de defunción”.

“El estimado oficial del gobierno de 64 muertes a causa del huracán (fue) bajo principalmente porque las formas utilizadas para la atribución causal solo permitieron la clasificación de muertes atribuibles directamente a la tormenta, por ejemplo, las causadas por el colapso estructural, escombros voladores, inundaciones y ahogamientos. Durante nuestro estudio más amplio, se encontró que muchos médicos no estaban orientados en la certificación del protocolo adecuado”, indica el estudio de GWU.

Trump

Por meses, la atención sobre la respuesta al huracán ha estado centrada en la ineficacia del gobierno del presidente Donald Trump, lo que ha reconocido hasta un informe reciente de FEMA que acentúa que cuando ocurrió el huracán sus abastos de alimentos en Puerto Rico no eran suficientes.

Las expresiones de Trump del 3 de octubre de 2017, en su visita a la isla dos semanas después del huracán, en el sentido de que el nivel de muertes era de solo 16 y que Puerto Rico no había experimentado una emergencia tan grande como la de otro huracán categoría 5, Katrina, en Luisiana, en 2005, han quedado ahora tachadas.

En Katrina, el total de muertes fue estimado en más de 1,800, aunque no se hizo un estudio tan abarcador como el de María en Puerto Rico. El total de muertes del huracán que azotó la isla hace un año compara con las 3,000 que se estima ocurrieron en 1899, tras el huracán San Ciriaco.

“El presidente sigue orgulloso de todo el trabajo que realizó la familia federal para ayudar a nuestros conciudadanos en PuertoRico”, dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

Falló el gobierno

Pero, el informe subraya la falta de preparación del Departamento de Seguridad Pública (DSP), el Departamento de Salud y la Oficina Central de Comunicaciones (OCC).

“Según entrevistas con personal de agencias del gobierno de Puerto Rico, cuando ocurrió el huracán, ni el DSP ni la OCC en la oficina del Gobernador tenían planes escritos sobre crisis y riesgos de emergencias”, indicó.

Los planes de respuesta, en el caso de los que existían, se basaban en un huracán categoría 1, no de la furia de María, que llegó a la isla como un ciclón categoría 5 y penetró el país como categoría 4.

Con respecto al Departamento de Salud, el estudio denuncia que hubo falta de personal para atender la emergencia, así como ausencia de comunicación, guías y entrenamientos para los doctores conocer cómo certificar muertes a causa de desastres.

En el caso del Departamento de Seguridad Pública, además, el informe subrayó que los planes de emergencia “no fueron actualizados ni coordinados”.

Mientras, agrega que las entrevistas con los mismos funcionarios del gobierno reflejaron que fue insuficiente el personal para comunicarse con el pueblo y que “el gobierno central no estaba preparado para utilizar canales de comunicación alternativas para la vigilancia de la salud, y la mortalidad, la difusión de información de salud pública y la coordinación con las comunidades”.

“Líderes claves que fueron entrevistados indicaron que percibieron que el conteo de muertes es mucho más alto y consideran que el liderazgo del gobierno estuvo desconectado de las realidades de las comunidades puertorriqueñas, que no hubo transparencia en la información, que fue intencionalmente retenida para evitar que les echaran culpas y que no hubo sistemas adecuados para rastrear el total de muertes”, indicó el estudio.

La decana Goldman afirmó que el estudio no buscó echar responsabilidades sobre funcionarios específicos. En ese sentido, los investigadores indicaron que estaban impedidos de divulgar la reacción al informe de los líderes de los departamentos cuya respuesta fue deficiente.

Pero, en momentos en que se ha denunciado la lenta respuesta federal a la emergencia en la isla, la decana sostuvo que la asistencia al Departamento de Salud de Puerto Rico debió ser prioridad.

“Hay muchas oportunidades para mejorar. Tienen que planificar para asegurar la continuidad de operaciones. Tener la contabilidad de las defuncionesno es un lujo, es algo que se requiere. No es para informar a la sociedad, sino para la toma de decisiones”, afirmó el profesor Santos Burgoa.

El investigador sostuvo que a las fallas internas del gobierno de Puerto Rico se suman problemas de comunicación, “en ambos sentidos”, con el gobierno federal.

En la Cámara baja federal, la congresista demócrata Nydia Velázquez tiene pendiente legislación para crear una comisión independiente –como la que se estableció tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en contra de EE.UU.– que investigue la respuesta y establecer protocolos federales para contar los muertos en casos de desastre.

Para Velázquez, el estudio de GWU hace más urgente aprobar su legislación y “subraya que la respuesta federal a los huracanes fue desastrosamente inadecuada”.