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El gobernador adelantó que las próximas agencias que podrían ser consolidadas son las que se encuentran bajo la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. (Archivo / GFR Media)
El gobernador adelantó que las próximas agencias que podrían ser consolidadas son las que se encuentran bajo la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. (Archivo / GFR Media)

Con la firma ayer de la Ley del Nuevo Gobierno, la administración de Ricardo Rosselló apuesta a establecer un mecanismo más ágil y eficiente que permita reducir las 131 agencias existentes a 30 o 35 en los próximos años.

Pero el mecanismo creado bajo la nueva Ley 122 de 2017, firmada ayer por el gobernador, puede interpretarse como uno más complejo que la vía actual, que sería mediante legislación ordinaria.

La Ley 122 de 2017 permite la consolidación de cualquier agencia de gobierno con excepción de aquellas con rango constitucional y solo protege los derechos de los empleados regulares que puedan ser reubicados bajo el concepto del empleador único.

“Esta nueva plataforma va a permitir una evaluación ágil de lo que sería la consolidación estructural de distintas agencias, la eliminación o creación de agencias”, destacó Rosselló. La primera agencia en la mira: la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, adelantó el mandatario.

Aseguró que los empleados de las agencias a reestructurarse conservarán sus derechos. Sin embargo, el nuevo estatuto solo cobija al “empleado regular”, no al empleado transitorio.

El procedimiento que establece la nueva ley para aprobar consolidaciones es más extenso que la vía ordinaria para crear legislación. Esta fue la ruta utilizada para crear la primera consolidación de la administración de Rosselló: el Departamento de Seguridad Pública.

La Ley 122 establece que el gobernador debe hacer un estudio para identificar “cuáles agencias, oficinas, unidades, servicios o programas deben ser creados, transferidos, reorganizados, agrupados, consolidados o externalizados”. Hecho ese análisis, el primer ejecutivo presentará uno o varios “planes de reorganización” que describan la nueva estructura de gobierno a crearse y sus funciones.

La Legislatura tendrá 30 días, a partir de la fecha en que recibió la propuesta, para para aprobar o denegar el plan de reorganización presentado.

“El plan deberá presentarse al menos 45 días previos al último día de aprobación de medidas (de la sesión legislativa) para poder ser considerado en la sesión ordinaria en la que fue sometido. De presentarse el plan antes de los 45 días previo al último día de aprobación de medidas o mientras la Asamblea Legislativa esté en receso, el término de 30 días comenzará a transcurrir a partir del primer día de la próxima sesión ordinaria”, lee el estatuto.

Si al concluir los 30 días no hay un acuerdo entre los cuerpos legislativos, se le conceden 15 días adicionales para llegar a un acuerdo. Si concluye el término, los cuerpos legislativos deberán aprobar una resolución rechazando el plan o se aprueba “tácitamente” si no hay un rechazo explícito.

El gobernador, por su parte, tiene 15 días para presentar el proyecto o los proyectos de ley que deroguen leyes o partes de leyes afectadas como consecuencia del plan de reorganización aprobado.

Sin embargo, Rosselló adelantó que pretende presentar el plan de reorganización junto con las leyes orgánicas que deben enmendarse.

No estuvieron presentes en la conferencia de prensa los presidentes legislativos Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz.

La Legislatura tendrá hasta el último día de aprobación de medidas de la sesión -en la que fue presentada dicha legislación o hasta 40 días posterior a su radicación- para actuar.

Para el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, la nueva ley no le añade celeridad a la consolidación de agencias.

Recordó que, en esta sesión legislativa, Rosselló presentó la medida para consolidar agencias bajo el Departamento de la Familia, pero el proyecto no se ha aprobado debido a problemas con la separación de poderes y la posibilidad de que se afectaran fondos federales y servicios que ofrecen las agencias que iban a ser consolidadas.

“Esta Ley (122) es de reconfiguración gubernamental simulada, en el sentido de que, al final del camino, el gobernador siempre requerirá aprobación de leyes de la Legislatura. Por lo tanto, lo que hace esta ley es establecer que en lugar de llegar de Caguas a Ponce por el expreso, ahora tendrás que llegar por La Piquiña, la ruta más larga y más complicada. Pero llegas al mismo sitio”, destacó el senador del PIP.

“Es un laberinto burocrático y procesal que no le otorga una sola pulgada de facultades adicionales al gobernador”, agregó.