Los documentos asociados a la deuda que solicita el comité de acreedores no asegurados en el Tribunal Federal tienen el potencial de descarrilar algunas de las prioridades de repago de la deuda pública, hallar potenciales conflictos de intereses entre los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y hasta descubrir ilegalidades en los procesos de emisión, compra y venta de estos instrumentos de inversión.