Desde que su caso quedó paralizado por la quiebra de Puerto Rico, hace cerca de una década, Laura Lasanta no escuchaba la palabra “desalojo” usada en referencia a ella o su vivienda, la última que queda en pie en la calle Iglesias, tras un proceso de expropiación forzosa en la comunidad de San Mateo, en Santurce.

La maestra retirada volvió a escuchar la tormentosa palabra, el pasado mes de febrero, cuando la abogada María del Pilar Rodríguez, del Departamento de Justicia, pidió a la jueza María Díaz Pagán que fijara una fecha para que desalojara el hogar familiar, ubicado en el predio del parque localizado detrás de Ciudadela.

“En ese momento, yo me quedé en blanco. O sea, lo que sentí fue como que se me cortó la respiración. (…) Yo decía: ¿Qué es esto? Yo no me inventé ese documento", contó la santurcina, sobre el momento en que la amenaza de desalojo se sintió cercana.

Aunque la casa está oficialmente expropiada desde 2003, Lasanta –por su convicción de permanecer– nunca fue al tribunal a reclamar el dinero que el gobierno depositó por su vivienda. Dos décadas después, el 12 de octubre 2023, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), actual titular de la propiedad, le cursó una carta en la que autorizaba a la mujer a permanecer en su hogar.

“Esperamos que esta comunicación le brinde la seguridad que la Autoridad no va a llevar a cabo ninguna acción para perturbar el uso residencial que le da a la propiedad, ni que se llevarán acciones de desalojo mientras usted ocupe la propiedad como su residencia”, lee la misiva, que detalla una serie de condiciones que Lasanta ha seguido al pie de la letra.

Aunque el documento fue suscrito por la entonces directora ejecutiva de la AFV, Blanca Fernández González, el gobierno ha cuestionado ahora la autoridad legal de la funcionaria para otorgar tal autorización, indicó la representante legal de Lasanta, Alicia Díaz.

La jueza Díaz Pagán dio 30 días a Justicia para que exponga sobre la carta. Otros 30, para que Lasanta responda. Ambos escritos se discutirán en el próximo señalamiento, el 19 de mayo.

Ante la petición de comentarios de El Nuevo Día, la AFV indicó, por escrito, que es solo una de las partes involucradas en el caso y que, “por ser este un asunto bajo litigación, no se estarán ofreciendo más detalles hasta que el proceso culmine”.

Al pedir una expresión del Departamento de la Vivienda respecto a las razones para reactivar el pleito, refirieron la solicitud a Justicia.

Constantemente, Lasanta se cuestiona: “¿Qué pasa ahora? ¿Qué hay de nuevo? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás?“.

Aunque técnicamente la casa está en terreno del Estado, ahora el predio alberga un parque para el cual la empresa Putnam Bridge tiene un contrato de administración por 30 años. Ellos también desconocen cuál es la motivación para reactivar el caso.

“Siempre hemos apoyado a Laura en todo. A nosotros, no nos molesta para nada, de hecho, ella sabe, y eso te lo puede decir ella misma: estoy de acuerdo con su posición, que la dejen tranquila, que viva en su casa. Esa es la postura de nosotros”, dijo el jefe de operaciones de la empresa, Joel Peña.

Desde la primera conversación con El Nuevo Día, en 2024, Lasanta ha destacado la relación cordial tanto con los ejecutivos de la empresa -presidida por Nicholas Prouty-como con los cuidadores del parque. De hecho, ella camina diariamente por el espacio recreativo.

La licenciada Díaz, de la clínica probono del Centro para la Recontrucción del Hábitat, se pregunta cuál es el fin público que justifique la expropiación, pues, aunque no fue el motivo inicial, el parque se construyó contemplando la presencia de la estructura.

Incluso, las entrevistadas mostraron una moción en la que el propio gobierno reconoció que, “de no utilizar la propiedad para el fin público dispuesto, no sería necesario mantener el proceso de expropiación”.

“Me topo con esta moción, y obviamente yo quiero trabajar sobre esa moción tratando de que el Estado revierta la titularidad a favor de Lasanta”, explicó Díaz, quien incluso conversó con la abogada de Justicia sobre llegar a un acuerdo para poner fin al pleito, previo a que se pidiera el desaolojo.

Al reactivarse el caso, Lasanta ha revivido las angustias que pasó su familia durante el desplazamiento de San Mateo. Ese miedo que agravó las condiciones cardíacas de su padre, que dejó catatónica a su madre y que deterioró la salud de su hermana, Amárilis, quien padecía de distrofia muscular.

“No hay dinero en el mundo. Ahora, si el gobierno me dijera: ‘Yo te voy a devolver a tu papá, a tu mamá con salud y a tu hermana, a cambio de la casa’. Sí, yo (aceptaría), pero como no me los van a poder devolver, sencillamente, no me interesa”, subrayó la maestra jubilada.

Desde su balcón, la mujer atendió a este periódico acompañada de algunas de sus amigas, quienes atestiguaron la angustia de la expropiación y la determinación por permanecer que sigue incólume en la santurcina.

“Es una poca vergüenza solemne porque esta casa no le molesta a nadie. Pero, cuando los intereses son grandes, el chiquito tiene que luchar. Y no luchar, pelear”, consideró Isabel Pineda, exvecina de Lasanta, quien aseguró que, en el proceso, “ella está bien acompañada”.

Para Díaz, la Ley de Expropiación Forzosa carece del “lado humano de lo que es sacar a una persona que tiene raíces dentro de una propiedad, a pesar de que el Estado lleva décadas utilizando el proceso”.

Entre los compromisos programáticos de la gobernadora Jenniffer González, está otorgar títulos de propiedad, lo que ha cumplido en muchas comunidades. Pero esa misma administración es la que pretende sacar a Lasanta del hogar que ha habitado por décadas.

La educadora se alegra de que las personas puedan, finalmente, tener sus títulos de propiedad. “Por otra parte, me entristece porque les puede pasar en un futuro lo que me pasó a mí. Yo tenía título de propiedad aquí”, subrayó.