LUMA Energy solicitó al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que apruebe “tan pronto sea posible” la revisión de las regulaciones aplicables a los sistemas de energía solar instalados en residencias y comercios, lo que estandarizaría los parámetros para limitar la producción que estos generadores inyectan a la red cuando se registran desviaciones en elementos como el voltaje y la frecuencia de los circuitos de distribución eléctrica, afectando así la compensación que –a modo de crédito– reciben estos clientes.

Según LUMA, posponer por un año adicional la implantación obligatoria de las funcionalidades automáticas o “inteligentes” con las que cuentan los sistemas solares modernos para controlar el voltaje y la frecuencia en la red atentaría contra la estabilidad del servicio. En la moción que LUMA entregó al NEPR el 20 de junio, la empresa abundó que algunas de estas “herramientas” de control de voltaje –conocidas como “Volt/Watt” y “Volt/Var”– ya se han estado utilizando bajo determinadas circunstancias irregulares.

“LUMA se opone a la propuesta de aplazar aún más la activación del Volt/Watt. El Volt/Watt y el Volt/Var son herramientas de estabilidad que ya están en uso bajo condiciones de operaciones anormales. Retrasar su activación continúa colocando en peligro la operabilidad del sistema de distribución y aumentando los riesgos de la red bajo una alta penetración de sistemas de energía distribuidos. La funcionalidad de Volt/Watt también tiene el beneficio de mantener sistemas de energía distribuidos en línea en escenarios de alto voltaje, lo que mantiene el sistema conectado por periodos más largos”, esbozó el consorcio.

La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, en inglés) ha pedido al NEPR que posponga, al menos hasta el 30 de junio de 2026, la activación compulsoria del Volt/Watt, una funcionalidad con la que cuentan la mayoría de los sistemas solares adquiridos de 2018 en adelante. En síntesis, el Volt/Watt, una vez activado, limita –o incluso paraliza– automáticamente la producción que los sistemas de generación distribuidos exportan a la red cuando se detectan problemas de sobrevoltaje.

Paralelamente, LUMA insistió, en su escrito, que los prosumidores cuya producción resulte limitada temporalmente por situaciones asociadas a la red no tienen derecho a una compensación económica bajo el programa de medición neta, que desde 2007 otorga créditos a los clientes que instalan sistemas propios interconectados.

“LUMA rechaza firmemente la noción de (otorgar) compensación por cumplir con requerimientos regulatorios. Las funcionalidades de inversores inteligentes son mandatorias bajo el Reglamento de 8915 (del NEPR). Estas funcionalidades son no-discrecionales y críticas para la seguridad de la red, y LUMA tiene la responsabilidad de implantarlas a la luz del Reglamento 8915 y sus obligaciones bajo el contrato de operación y mantenimiento de transmisión y distribución”, argumentó.

Bajo esa premisa, la activación compulsoria de estas funcionalidades de control de voltaje y frecuencia aplicaría a todos los sistemas que las tengan disponibles, incluso si se adquirieron antes del 1 de enero de 2025, cuando entraron en vigor los nuevos estándares del Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, que incorporan la integración de los “inversores inteligentes”. Según LUMA, el Reglamento 8915 del NEPR reconoce que “la mayoría” de los sistemas instalados a partir de 2018 cuentan con este tipo de mecanismos de autorregulación.

En entrevista previa con El Nuevo Día, sin embargo, el profesor de Derecho Energético Luis Aníbal Avilés Pagán advirtió que modificar retroactivamente las condiciones de compensación de los prosumidores sería una práctica con visos de inconstitucionalidad al tratarse, en esencia, de un ajuste unilateral de los contratos de medición neta.

En una moción que SESA sometió el 23 de junio –tres días después del escrito de LUMA–, el gremio que agrupa a compañías de sistemas solares subrayó el planteamiento de inconstitucionalidad en la propuesta de LUMA. SESA, además, pidió al NEPR que cite a una vista técnica en o antes de fin de mes.

Aunque los informes periódicos que LUMA entrega al NEPR datan de 2021 en adelante, los datos consignan que la inmensa mayoría de los sistemas de generación distribuidos se han instalado en los pasados cuatro años. Específicamente, 139,000 de los 165,000 participantes del programa de medición neta se registraron desde junio de 2021, de acuerdo con LUMA.

“LUMA ha maniobrado para balancear adecuadamente los intereses de acomodar las capacidades de tecnologías de inversores comercialmente disponibles y mantener la seguridad, confiabilidad e integridad operacional del sistema de transmisión. LUMA propone que estas configuraciones revisadas se hagan efectivas tan pronto sea posible”, puntualizó.

En su propuesta, LUMA sugirió que la activación del Volt/Watt se haga obligatoria en aquellos circuitos de distribución donde la penetración de sistemas de generación haya excedido el 30% de la capacidad del alimentador, así como para “todos los clientes identificados en el área de un alimentador que esté experimentando alto voltaje a base de estudios suplementarios o según informado por llamadas de abonados que indiquen condiciones problemáticas”.

De acuerdo con el mapa de “capacidad de alojamiento” en el portal de LUMA, el 59% de los alimentadores del país tienen una penetración de energía distribuida en exceso de 15%, aunque no se precisa en cuántos se supera el 30%.

“Puerto Rico presenta retos únicos al compararse con otras jurisdicciones frecuentemente mencionadas, como California y Hawái. Por ejemplo, Puerto Rico experimenta muchas más desviaciones de frecuencia en la red y apagones totales o parciales en comparación con las islas de Hawái”, indicó LUMA, que también puntualizó que, contrario a California, Puerto Rico no puede vender a otras jurisdicciones el exceso de generación eléctrica.