Senador José vargas Vidot. (GFR Media)
Senador José vargas Vidot. (GFR Media)

La Cámara de Representantes incluyó en Calendario de Órdenes Especiales del día un proyecto del Senado que intenta frenar el discrimen laboral por razón de haber sido resultado culpable de un delito. 

La pieza legislativa se aprobaría sin enmiendas, por lo que el próximo paso sería enviarla a La Fortaleza para la firma de la gobernadora Wanda Vázquez.

El Proyecto del Senado 992 de Miguel Romero y José Vargas Vidot dispone que ningún patrono podrá inquirir sobre el historial delictivo de un aspirante durante una solicitud o formulario de solicitud de empleo hasta tanto se extienda una oferta condicional de trabajo. Posterior a la oferta, el empleador podrá solicitar el certificado de antecedentes penales e investigar el historial delictivo del aspirante que se relacione directamente al empleo. 

La medida establece una serie de parámetros para cumplir con este requisito como si el historial se relaciona directamente con los deberes y responsabilidades del cargo. De concluir en la afirmativa, el patrono estará obligado a considerar el tiempo que ha transcurrido desde que los actos que llevaron a la convicción ocurrieron, la naturaleza y severidad de la ofensa, la edad del solicitante el momento de cometer el delito y las circunstancias en que ocurrió el delito, incluyendo atenuantes.

No se precisa en la medida cómo el patrono tendría acceso a detalles tan específicos, pero sí se le instruye al titular del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos aprobar todos los reglamentos necesarios para que se cumpla con el propósito de la propuesta ley, incluyendo la capacidad de investigar patronos por su incumplimiento. 

El proyecto enmienda la Ley contra el discrimen en el empleo para incluir la prohibición al discrimen por haber sido convicto de un delito. También enmienda la Ley de Antecedentes Penales para reducir los términos con que tendrá que cumplir un convicto de delito grave o menos grave para recibir lo que se conoce como un Certificado de Rehabilitación y Capacitación. En casos graves, se reduce de cinco años a un año desde el momento en que la persona cumplió la sentencia y de seis meses a un mes en casos de delitos menos graves.

Estas reducciones en términos no aplicarán a convictos por delitos sexuales violentos, de abuso contra menores o convictos por infracciones a la Ley de Violencia Doméstica o por corrupción.

El proyecto también reduce los términos para la eliminación de convicciones por delitos graves y menos graves de los Certificados de buena conducta. 

La Cámara también llevará a votación hoy, aunque con enmiendas, un proyecto de ley que le restituye a los confinados sentenciados bajo los códigos penales de 2004 y 2012, salvo por ciertos delitos, la posibilidad de bonificar por buena conducta.

El Proyecto del Senado 1181, de Romero y Vargas Vidot, establece en su Exposición de Motivos que en el sistema carcelario coexisten confinados sentenciados bajo el Código Penal de 1974, que contemplaba bonificaciones y aquellos sentenciados bajo los códigos penales de 2004 y 2012, que no contemplan el beneficio de bonificar por buena conducta o asiduidad.

Al defender la medida, Romero indicó que la pieza legislativa es un paso de justicia.

La Sociedad para la Asistencia Legal favoreció el proyecto, al igual que el Departamento de Corrección y Rehabilitación, no así el Departamento de Justicia, que sostuvo en su ponencia que el proyecto “desvirtúa la intención legislativa del estatuto penal en cuanto a penalizar por la comisión de delitos y el respectivo castigo adecuado a aquellos que delinquieron”.

Están excluidos de participar en estos programas de bonificación convictos por abuso sexual infantil, trata humana, secuestro agravado, proxenetismo, rufianismo y producción de pornografía infantil, entre otros delitos. En el caso de convictos por 99 años sentenciados antes del 20 de julio de 1989, sus bonos serán a razón de 13 días por cada mes y serán elegibles para el Programa de Libertad bajo Supervisión Electrónica siempre y cuando lo determine así la Junta de Libertad bajo Palabra.

El proyecto, por ejemplo, dispone que se bonificarán 12 días por cada mes si el confinado cumple una sentencia de 15 años o menos. Si cumple una sentencia de 15 años o más, bonificará 13 días por cada mes cumplido en prisión.