Un análisis comisionado por el Negociado de Energía (NEPR) consignó la viabilidad legal de que los municipios presten asistencia en el mantenimiento o reparación del alumbrado público, siempre y cuando medien acuerdos que delimiten claramente el alcance de los trabajos y no concedan a los ayuntamientos una facultad de toma de decisiones “generalizada o permanente” sobre elementos del sistema eléctrico.