El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) dio luz verde este viernes al contrato de la empresa Power Expectations para el suplido de 800 megavatios (MW), sujeto a que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) negocie, en o antes del 9 de julio, modificaciones dirigidas a que el acuerdo se extienda por 10 años, de forma que redunde en un menor costo en la compra de energía.

---

Read this article in English.

---

La resolución del NEPR se produce un día después de que Javelin Global Commodities, quien fuera el otro finalista del proceso de solicitud de propuestas (RFP) que convocó la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), recurriera al Tribunal de Primera Instancia para exigir que se le haga entrega del expediente administrativo de la licitación, sobre la que ha levantado múltiples objeciones relacionadas con la selección de Power Expectations.

Si bien la determinación del NEPR subrayó la urgencia de adquirir recursos de generación eléctrica de manera “temporal” para atender las deficiencias existentes en ese sector, el organismo justificó paralelamente el requerimiento de que el contrato se extienda por una década a partir de la premisa de que los términos del pacto sometido –de dos años garantizados con dos opciones de extensión de un año cada una– “no son los más favorables para los consumidores”.

“El récord administrativo refleja que hay propuestas de largo plazo que ofrecen condiciones de precio más favorables”, estipuló el NEPR, que la semana pasada requirió, entre otros elementos, que la AEE le remitiera copia del informe que preparó Regulatory Compliance Services (Recoms), la firma en que la AAPP delegó el RFP.

El contrato acordado por Power Expectations contempla un precio de venta de energía de 24.5 centavos por kilovatio hora a lo largo de los dos años garantizados y el primer año de la posible extensión, seguido de 24.35 centavos bajo una hipotética segunda extensión. “Sin embargo, el NEPR identificó, a base de la documentación sometida por la AEE, que el proponente ofreció una versión del contrato propuesto con un término de 10 años, que incluía una tasa fija, todo incluido, de 18.9 centavos para (la generación producida en la central) Aguirre y 20.3 centavos para Costa Sur. El NEPR concluye que entrar en un acuerdo más largo a base de esta propuesta resulta en mayor beneficio para los consumidores”, puntualizó el regulador.

Tan reciente como la semana pasada, el propio NEPR había cuestionado a la AEE los términos del acuerdo, al sostener que Genera PR, al advertir de las deficiencias de la flota generatriz, había señalado que la emergencia podía extenderse por 18 meses, un período menor a la extensión del pacto propuesto.

No obstante, el NEPR expuso que, en procedimientos administrativos separados y a partir de las enmiendas estatutarias a la política pública energética en favor de los combustibles fósiles, ha sustentado la necesidad de evaluar la adquisición de un mayor volumen de energía a largo plazo.

“A la luz de estas circunstancias, y dado el estado crítico del sistema eléctrico, el NEPR concluye que extender el contrato propuesto por un término de 10 años no es inconsistente con la política pública energética de Puerto Rico”, indicó el organismo.

Como parte de su resolución, el NEPR instruyó a la AEE a notificar, en o antes del 9 de julio, si fue posible lograr un acuerdo más beneficioso con Power Expectations o, “en la alternativa, explicar las razones por las que perseguir la modificación aquí dispuesta no es viable”.

En su determinación, el NEPR no abundó sobre las ofertas de competidores de Power Expectations ni los cuestionamientos a la pureza del proceso que, a lo largo de las pasadas semanas, presentaron licitadores como Javelin Global Commodities y New Fortress Energy, que pusieron en tela de juicio la capacidad de la empresa seleccionada para cumplir con su propuesta.

Javelin, precisamente, demandó el jueves a la AEE, la AAPP y Recoms, reclamando que se le entregue el expediente del RFP, que fue publicado en marzo y se extendió hasta mediados de junio, cuando se notificó la adjudicación a favor de Power Expectations.

En el recurso judicial, Javelin reiteró varios de los argumentos que planteó el 18 de junio en una solicitud de reconsideración a la AAPP y Recoms, cuando señaló aparentes irregularidades en la administración del RFP.

“En síntesis, el expediente administrativo que documenta el proceso de evaluación y adjudicación de un contrato financiado con recursos públicos no está protegido por excepción válida alguna que permita negar su divulgación”, esbozo Javelin en el escrito, que incluyó a Power Expectations como parte con interés.

Javelin pidió al Tribunal que acorte de 10 días a cinco el término de los demandados para responder y que celebre una vista dentro de los tres días posteriores.

En días recientes, fuentes de El Nuevo Día aseguraron que Power Expectations se ausentó a reuniones técnicas programadas con personal de LUMA Energy y Genera PR, levantando nuevas interrogantes sobre la capacidad de la empresa de desarrollar en pocas semanas el proyecto de 800 MW, que supondría la instalación de unidades de generación terrestres en los predios de las centrales Aguirre (Salinas) y Costa Sur (Guayanilla).

Al momento, tampoco han quedado claros cuáles serían los mecanismos de Power Expectations –empresa con base en Florida que se concentra principalmente en soluciones de generación a pequeña escala– para asegurar el financiamiento de la inversión inicial, la adquisición de las unidades, el suplido de gas natural que quemarían las máquinas ni la logística de transporte y almacenamiento de combustible en las centrales.