Un año y siete meses después de su aprobación, la Alianza de Autismo de Puerto Rico (AAPR) denunció la inacción de nueve agencias gubernamentales en la implementación de la ley que establece una política pública para garantizar servicios integrales a las personas con trastornos del espectro autista (TEA).

La Ley 163 del 13 de agosto de 2024 dispone que múltiples agencias de gobierno, entre ellas el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y el Departamento de la Familia, deben trabajar en conjunto a través de un comité interinstitucional, que será el encargado de impulsar la implementación de las normas para garantizar la protección y bienestar de la comunidad con TEA.

También son parte del comité la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Policía de Puerto Rico y los gobiernos municipales.

La directora ejecutiva de la Alianza, Joyce Dávila Paz, señaló que el comité se reúne cada dos semanas y ha realizado más de 30 reuniones, a las cuales asisten los representantes de las agencias. No obstante, indicó que “el problema no es la falta de presencia, es la falta de acción”, pues –señaló– en los encuentros no se han presentado resultados, sino promesas de que “van a cumplir”.

“Ellos asisten, pero no dicen nada porque no están haciendo nada. La de Rehabilitación (Vocacional) dice que es muy claro que el Departamento de Educación no hace su parte y ellos no pueden cubrir con todo. Educación, igual que Salud, ninguno de los dos ha enmendado sus normas y reglamentos, que es lo que dice la ley. Familia nunca cumplió nada. En el Departamento de la Vivienda, todo lo que dice aquí (la ley) tampoco lo han hecho. Después está Recreación y Deportes, que se supone que tenga programas deportivos, nada de eso existe”, detalló Dávila Paz sobre la falta de ejecución gubernamental, en el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que se conmemoró el miércoles.

De acuerdo con la ley, Salud debe garantizar el diagnóstico temprano y la coordinación de servicios clínicos especializados; Educación debe proveer educación individualizada y asegurar servicios de apoyo educativo adecuados; y Familia debe crear el Comité Interinstitucional de Servicios para Adultos con Trastornos del Espectro Autista.

Mientras, la ARV tiene que desarrollar un banco de talentos jóvenes con TEA que estén listos para emplearse; Vivienda debe promover acceso a vivienda adaptada para las necesidades de la comunidad autista; y el DRD debe ofrecer oportunidades de participación en sus programas deportivos. Al DTOP le toca garantizar accesibilidad en el transporte y la infraestructura pública. Por su parte, la Policía tiene que establecer protocolos adecuados de intervención; y los gobiernos municipales deben desarrollar programas comunitarios y coordinar servicios locales dirigidos a esta población.

Ante este panorama, Dávila Paz anticipó que la Alianza de Autismo someterá este mes un informe a la Legislatura para dar cuenta de las deficiencias en la implementación del estatuto y de los servicios aún pendientes para la población con autismo.

“Cada dos semanas, nosotros les recordamos (a las agencias) que todos están en incumplimiento. Ahora mismo estamos escribiendo el informe del comité a la Legislatura y eso va a ser un desastre porque no tienen nada que informar. Van a decir que ahora es que están empezando, cuando la ley está aprobada hace más de año y medio”, dijo la directora de la organización sin fines de lucro.

Este medio solicitó reacción de las agencias mencionadas y solo el Departamento de Salud respondió.

El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, rechazó los señalamientos de inacción, al plantear que sí han trabajado en la renovación de reglamentos y que cuentan con fondos para asignar a los servicios escolares de los niños con autismo, pero que “en un año no se va a resolver lo que no se ha hecho por años de años”.

“Estamos haciendo reglamentos, se está trabajando en los puntos que establece la ley uno por uno. Lo que no va a pasar es que el comité, en vez de convertirse en un comité de trabajo para llevarle servicio a los pacientes, sea un comité de inquisición de otras agencias de gobierno. Eso no va a pasar mientras yo sea secretario y a veces ellos pretenden que eso sea así. Así que nosotros vamos a seguir trabajando en el comité junto con la Alianza, junto con las demás agencias, para ir progresando en los servicios que se les dan a los pacientes (con autismo)”, afirmó el funcionario, al resaltar que tuvo una reunión el miércoles sobre cómo reforzar el comité.

En medio de los reclamos, la Alianza de Autismo celebrará el Mes de la Concienciación sobre el Autismo con la campaña “Unidos por la Concienciación del Autismo” para “movilizar a todo Puerto Rico en un esfuerzo colectivo de empatía, educación y visibilidad” a través de la compra de una camisa conmemorativa del autismo.

“Es sumamente importante cumplir con las leyes que protegen a esta población que es tan vulnerable y que cada día crece más en Puerto Rico. Son vidas que se están mal trabajando, que se están desatendiendo, son familias dirigidas por mujeres, 80% solas, empobrecidas, sin apoyo y que tienen que luchar por cada servicio que por ley deben recibir sus hijos, y cuando llegan a la adultez no tienen ningún servicio. Nosotros apelamos al gobierno de Puerto Rico que cumpla con la ley que ya está legislada”, reiteró Dávila Paz.