Representantes del sector estudiantil y de los docentes ante la Junta Universitaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR) denunciaron la presunta improvisación en recientes gestiones de la administración universitaria, encabezada por la presidenta Zayira Jordán Conde, a quien acusaron de evidenciar “una preocupante falta de comprensión de los reglamentos universitarios, de la gobernanza académica y de la misión histórica de nuestra universidad”.

En una carta abierta a la comunidad universitaria, los representantes estudiantiles y claustrales señalaron a Jordán Conde de dar paso a acciones que afectan el sistema universitario sin tener en cuenta el rigor académico que se le reconoce a la UPR.

“Una de las señales más inquietantes, sin ningún análisis responsable, es la intención de redirigir a la UPR hacia funciones que corresponden a otros niveles del sistema educativo, mediante la oferta de cursos de albañilería, plomería, electricidad, carpintería, ebanistería, soldadura y otras destrezas técnicas”, establece la comunicación escrita.

“Estas áreas del conocimiento son valiosas y esenciales para el desarrollo del país, y la UPR puede, desde su peritaje académico, colaborar con las agencias pertinentes en su fortalecimiento mediante investigación aplicada, alianzas estratégicas y programas diseñados con rigor y evidencia. Esa colaboración, sin embargo, debe darse con responsabilidad y planificación”, añadieron estudiantes y profesores.

La UPR evalúa la ampliación de su oferta académica futura y, actualmente, apuesta a disciplinas ligadas a la industria de la construcción. En una comunicación enviada el martes, 14 de octubre –por correo electrónico– a los rectores, una ayudante ejecutiva de Jordán Conde los instó a enviar información a la Administración Central sobre la oferta académica que ya está disponible, particularmente en las áreas de albañilería, plomería, carpintería, ebanistería y otras afines a la construcción.

El pedido a las unidades académicas también contiene la “identificación de, al menos, una carrera directa en el área de construcción que el recinto se comprometa a desarrollar u ofrecer”.

Jordán Conde señaló, en declaraciones escritas a El Nuevo Día, que Puerto Rico experimentará una falta de mano de obra diestra y que la UPR tiene la “responsabilidad y la capacidad de aportar soluciones reales”.

No obstante, los integrantes de la comunidad universitaria destacaron que, al momento, la institución no está preparada para suplir esas soluciones.

“El desarrollo de este tipo de adiestramientos requiere una evaluación realista de los recursos humanos, financieros e infraestructurales disponibles, así como de la demanda y de las poblaciones a servir. La Universidad no cuenta actualmente con los equipos, talleres ni el personal especializado que tales programas requieren, y la creación improvisada de estos conllevaría altos costos, riesgos de seguridad y un desvío de fondos y atención de nuestras funciones esenciales de docencia, investigación y servicio”, argumentaron.

Destacaron que el Departamento de Educación es el responsable de desarrollar cursos vocacionales y técnicos, para lo cual recibe fondos federales.

“La UPR fue concebida para formar investigadores, científicos, humanistas, educadores y profesionales de alto nivel; no para sustituir funciones que corresponden a otras agencias gubernamentales”, expresaron.

A la vez, los representantes estudiantiles y docentes también criticaron al presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Ricardo Dalmau Santana, a quien acusaron de impedir la discusión de temas relevantes durante las reuniones del cuerpo rector.

“Lejos de fomentar el debate y la discusión profunda, (Dalmau Santana) se ha limitado a emplear tretas parlamentarias e interpretaciones excesivamente amplias de las disposiciones de transmisión de reuniones públicas, con el fin de acallar las voces universitarias”, señalaron, por escrito.

Los estudiantes y profesores destacaron como ejemplos de la presunta improvisación varias propuestas presentadas por Dalmau Santana, el mes pasado, para evaluación de la Junta de Gobierno, entre ellas, consolidar las rectorías del sistema universitario y la implantación del calendario académico dividido en cuatrimestres para los recintos que no lo tienen.

“La propuesta de transformar el calendario académico de semestres a cuatrimestres sin estudios de factibilidad ni análisis de impacto evidencia una gestión improvisada. Una universidad que produce más investigaciones científicas que todas las instituciones privadas combinadas no puede ser objeto de experimentos administrativos que pongan en riesgo su estructura académica, su investigación y sus acreditaciones”, argumentaron los representantes ante la Junta Universitaria.

Los representantes claustrales y estudiantiles ante el organismo asesor, además, reafirmaron que el difícil panorama económico que enfrenta la UPR se debe a los recortes que se le han impuesto por los pasados años fiscales, mediante los planes fiscales certificados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Resaltaron que no se oponen a la transformación de la universidad del Estado, pero entienden que los cambios deben estar alineados a la misión de la institución.

“La Universidad de Puerto Rico no puede ser administrada como una empresa privada ni convertida en una escuela técnica. Es, y debe seguir siendo, el corazón intelectual, científico y moral de Puerto Rico: el mejor activo que posee la nación y la vía más digna de progreso para su juventud. La evidencia acumulada apunta a una sola conclusión: esta administración no tiene un rumbo, ni una visión, ni un plan. Su única constante ha sido y sigue siendo la improvisación”, manifestaron.