Una orden judicial emitida el 23 de octubre reveló que existe una investigación federal sobre una propiedad de la familia de la gobernadora Jenniffer González.

La información surgió de una orden de detención contra Daniel García Martín, de 67 años, a quien le ocuparon armas de fuego en su residencia y $104,000 en efectivo durante un allanamiento en Lajas, según el documento de cuatro páginas que obtuvo El Nuevo Día.

“Este asunto surge de un allanamiento llevado a cabo por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) tras el diligenciamiento de una orden autorizada judicialmente en la residencia del imputado”, indicó el magistrado federal Marshal D. Morgan.

“La orden (de allanamiento) surgió de una investigación de cuello blanco no relacionada (con este caso) que involucra a la gobernadora de Puerto Rico y una propiedad que le pertenece a su familia”, añadió Morgan.

Morgan no precisó si el caso se relaciona a la casa de los suegros de González ubicada en la Reserva Natural La Parguera, que ha sido eje de controversia por años, y qué relación tendría el imputado con la gobernadora o su familia.

El magistrado indicó que durante la ejecución de la orden de allanamiento los agentes encontraron tres armas de fuego y 143 municiones del mismo calibre en el cuarto del sujeto.

“El acusado admitió ser el propietario de todas las armas de fuego, negando que pertenecieran a su pareja o a su padre enfermo, a quien cuida. El acusado está imputado por posesión de armas de fuego y municiones siendo un delincuente convicto”, apuntó Morgan en la orden.

“La gravedad de este delito se ve acentuada por el extenso y violento historial delictivo del imputado, junto con su pleno conocimiento de la prohibición legal de poseer armas de fuego o municiones”, debido a que su expediente “refleja dos condenas previas por asesinato: la primera supuestamente cometida cuando el imputado tenía 14 años, y la segunda, por asesinato en primer grado, cuando tenía 40 años”, agregó

Según el documento, la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio recomendó que se le permitiera salir bajo fianza.

Sin embargo, Morgan indicó que “el tribunal encuentra que el Ministerio Público ha establecido evidencia clara y convincente de que el imputado posee un peligro para la comunidad”, por lo que “deberá permanecer detenido hasta el juicio”.

En la misma orden, Morgan ordenó que esté bajo la custodia del Departamento de Justicia en confinamiento en una sección de un complejo correccional separada de las personas que estén esperando o sirviendo sentencias, o que estén esperando apelación.