Los empleados públicos del gobierno de Puerto Rico tienen disponible el acceso a tres tipos de licencias especiales que les permiten atender situaciones relacionadas a la pandemia de COVID-19 sin que sus patronos tengan que cargar los días fuera del empleo a las licencias regulares de vacaciones y enfermedad.

"Cada autoridad nominadora ha sido debidamente orientada, se han emitido todos los memorandos especiales con especificidad de lo que proveen cada una de estas licencias, para que de ser necesarias las apliquen, tomando en consideración lo más importante, la salud y el bienestar del servidor público”, aseguró la licenciada Sandra Torres, directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), en entrevista ayer con El Nuevo Día.

Torres recordó a los patronos del gobierno que tienen que cumplir con la adjudicación de la licencia especial por COVID-19 establecida en la orden ejecutiva 021 firmada por la gobernadora Wanda Vázquez el 12 de marzo, siempre que se cumpla con los requerimientos establecidos en la orden.

Dicha licencia cubre por 14 días a un empleado público catalogado como caso sospechoso de COVID-19 mediante certificación médica o, diagnosticado con el virus, sin que haya que cargar ese periodo de cuarentena o aislamiento a la licencia por enfermedad o vacaciones. “La orden ejecutiva 021 sigue vigente”, afirmó la directora ejecutiva.

A pesar de las licencias disponibles, existen denuncias de falta de adjudicación por parte de patronos públicos. Ayer, por ejemplo, el presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA), Luis De Jesús, sostuvo que uno de los principales llamados al patrono de los empleados que representa en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) es cumplir con la adjudicación de la licencia especial por COVID-19.

De Jesús sostuvo que en algunos casos ya la Autoridad ha cargado a las licencias regulares los días que han empleados han tenido que ausentarse para realizarse una prueba de COVID-19 por sospecha de contagio.

“Han querido cargar esto a sus balances de licencias, y nosotros estamos en contra de eso. En algunos casos se está reclamando, en otros casos ya la Autoridad tomó esa determinación que nosotros entendemos que no es la correcta”, sostuvo.

Torres recordó que, además de la licencia mediante la orden ejecutiva 021, existen dos alternativas adicionales por disposición federal a través del Families First Coronavirus Response Act (FFCRA). Esta ley requiere proporcionar a los empleados una licencia por enfermedad pagada o licencia familiar y médica ampliada por razones específicas relacionadas con COVID-19. Las disposiciones están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020.

Asimismo, exhortó a las uniones a denunciar las situaciones que enfrentan ante la OATRH. “Nosotros exhortamos a los líderes sindicales, y los pueden referir a nuestras oficinas con muchísimo gusto. Cada autoridad nominadora que ha tenido algún tipo de confusión que nos han llamado, han sido orientados de forma verbal y por escrito”, manifestó la directora.

Una de las licencias otorga hasta dos semanas (80 horas) de licencia por enfermedad pagada a la tasa de pago regular del empleado cuando éste no puede trabajar porque está en cuarentena y/o experimenta síntomas de COVID-19 y se encuentra esperando por un diagnóstico médico.

La otra licencia por enfermedad, también por hasta dos semanas (80 horas) paga a dos tercios de la tarifa regular de pago del empleado, cuando éste no puede trabajar debido a una necesidad genuina de cuidar a una persona sujeta a cuarentena, o para cuidar a un niño cuya escuela o proveedor de cuidado infantil está cerrado o no disponible por razones relacionadas con COVID-19.

Las disposiciones de estas licencias aplican a ciertos empleadores públicos y empleadores privados con menos de 500 empleados.

“Si tienes un familiar y eres el custodio de ese familiar y resultó positivo al COVID también te aplica la orden ejecutiva 021”, sostuvo Torres.