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Las estadísticas oficiales pintan un panorama difícil en el País: altas tasas de desempleo y bajas cifras de participación laboral, una alta deuda nacional y crecientes números de endeudamiento entre los individuos, un alza en el número de asesinatos al compararlo con el año pasado y una Isla que poco a poco se vacía debido a la constante emigración.  

Pero entre esos números y gráficas queda retratada la difícil realidad de miles y miles de personas en la Isla. Aquellas familias donde más de una persona trabaja, pero el dinero no les alcanza. Los individuos que tienen dos empleos, pero a tiempo parcial o mediante contratos de servicios temporeros que no les proveen beneficios marginales, como plan médico. Los adultos que viven en situaciones de mucho estrés, con múltiples presiones día a día, que pasan las evaluaciones que les realiza el Departamento de la Familia, pero no tienen las herramientas emocionales para atender adecuadamente a sus hijos. 

Se trata de lo que podría ser una nueva clase social, grupo que ya se está identificando como el nombre de “precariado”, un grupo que no cumple con los requisitos delineados en las legislaciones vigentes para ser considerados de clase pobre, pero tampoco se ajustan a las características de lo que típicamente se ha conocido como clase media, explicó el profesor de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Luis A. Avilés.

Parte del problema radica en que los retos que enfrentan estos sectores poblacionales se quedan en las sombras, invisibilizados tanto por el Estado como por los individuos que no reconocen los obstáculos que enfrentan, añadió Avilés.

“En las guías que definen lo que es el nivel de pobreza se usa la misma fórmula desde 1965. Lo que nos tenemos que preguntar es si hay que establecer un nuevo mecanismo, un nuevo instrumento, para medir lo que es la pobreza”, expresó el catedrático, quien destacó que la reglamentación vigente se basa en indicadores que no necesariamente aún existen.

Por ejemplo, las guías para determinar el nivel de pobreza asumen que el dinero para alimentos se utiliza exclusivamente para compras de productos no preparados en supermercados y no para adquirir comidas preparadas fuera de la casa, lo cual es cada vez más común a medida que hay menos tiempo para cocinar en casa. Ese tiempo que en las tardes antes se utilizaba para cocinar, ahora se utiliza para el segundo empleo que tiene un jefe de familia, para trabajar en un empleo con horario inestable o nocturno, para las actividades extracurriculares o cursos remediativos de los niños, o para acudir a un restaurante para evitar pasar horas en una congestión de tránsito. 

Todos estos escenarios son elementos que podrían contribuir como “estresores” sociales a aumentar las problemáticas que se viven en los hogares, señaló el presidente del Colegio de Profesionales del Trabajado Social, Larry Emil Alicea. Aunque el hogar cuente con un ingreso que sea relativamente alto, se deben tener en cuenta los gastos  o las situaciones que atraviesan en el empleo para obtenerlo, ya que contribuyen a crear ambientes difíciles o de “violencias” en el entorno social, añadió Alicea.

Dantesco panorama laboral

Uno de los principales factores que contribuyen a la llamada violencia económica se conoce como la “precarización” del empleo, que son las condiciones que hacen que conseguir o mantener un empleo sea cada vez más difícil, sostuvo Avilés.

 “En las actuales circunstancias económicas, no es solo una cuestión de bajar el salario de los obreros, sino todo lo que se refiere incluso a la pérdida de derechos laborales, reducciones de coberturas de planes médicos, la propia permanencia en un puesto que ya se perdió como derecho de trabajo. La precarización también la vemos en términos que se tiene que explotar más al obrero, hay nuevos mecanismos para garantizar que produzca más”, expresó el catedrático de Ciencias Médicas.

Estas situaciones pueden llevar a la explotación de los empleados, ya sea porque se exige que cumplan más tareas o porque se realiza trabajo que no es compensado. Estos escenarios no se dan necesariamente por órdenes expresas de los supervisores, sino que los trabajadores van aprendiendo que deben trabajar más, “dar más del 100%”, en una competencia  entre obreros para evitar perder su empleo en caso de recortes, explicó Avilés.

La Ley 7 de 2009 para declarar un estado de emergencia fiscal en el País –la cual provocó el despido de miles de empleados públicos– o la Ley 66  de Sostenibilidad Fiscal y Operacional de 2014 –que congeló los convenios colectivos de los empleados del Gobierno y varias corporaciones públicas– son algunos estatutos que han amenazado los empleos en el sector público, destacaron ambos profesionales.

Poco se discute el impacto que tienen las políticas gubernamentales en los diversos sectores sociales. Una excepción fue el año pasado cuando, como parte de la reforma contributiva propuesta por la administración de Alejandro García Padilla, se describió cómo el propuesto impuesto al valor añadido (IVA) tenía un impacto mayor sobre los sectores desventajados económicamente debido a que  utilizan una mayor proporción de sus ingresos en consumo, recordó Alicea.

Difícil panorama

La situación en el mercado laboral y en los escenarios sociales no parece que tendrán una pronta solución a nivel local, ya que existen estructuras que perpetúan la pobreza, argumentó Avilés. Del mismo modo, ante la situación fiscal que atraviesa la Isla y el establecimiento de una Junta de Supervisión Fiscal –ente creado a nivel federal para establecer un control de las finanzas del País– se prevé que los recortes que se impondrán en el Gobierno afectarán directamente los empleos en el sector público, así como losservicios directos que recibe la ciudadanía, indicó Alicea. 

 Aunque Puerto Rico lleva una década en recesión económica, la proporción de la ciudadanía que vive bajo el nivel de pobreza no ha variado de manera drástica en los últimos años. En Estados Unidos, entre el 2000 y el 2013, el sector de la población que vive en la pobreza aumentó alrededor de un 4%, destacó Avilés.

“Uno pensaría que ese número en Puerto Rico también debería variar, pero no lo ha hecho. Debemos preguntarnos por qué”, expresó Avilés, quien se especializa en  temas de salud desde una perspectiva social y económica.

Para Alicea, esto es uno de los tantos ejemplos de políticas públicas que se importan  desde los Estados Unidos y se establecen sin hacer evaluación alguna sobre su aplicabilidad a nivel local.

En la Isla no se ataca la raíz de lo que es la pobreza, un problema sumamente complejo que no se puede atender con parches o con programas que solo se dedican a ofrecer ayudas que atenderán a corto plazo los problemas del diario vivir, destacó el trabajador social.

 “Las políticas públicas que se usan para atajar estos problemas son remediativas, basadas en conceptos sociales como la caridad, pero no hay un plan dirigido a erradicar estas cosas. Hay un ajoro de los líderes políticos de implementar medidas a corto plazo que resulten simpáticas a las poblaciones, aunque esas medidas no vayan a lidiar con las causas”, expresó el trabajador social.

Ante esto, las soluciones no son sencillas, reconoció Avilés. Tan solo la mención de aumentar el salario mínimo provoca expresiones de rechazo de múltiples sectores, recordó, aunque esto haría poco por generar alternativas a largo plazo.

“Hay muchos elementos que se tienen que cambiar. Por ejemplo, en el tema de la salud, se tiene que establecer un sistema de salud universal. Crear un sistema de salud para los pobres lo que ha hecho es crear un pobre sistema de salud”, expresó, en referencia a la llamada reforma de salud, hoy conocida como Mi Salud.

Los costos del Plan de Salud del Gobierno son uno de los principales agravantes de los problemas de deuda y salud fiscal del País. Aunque no existen números precisos sobre cuánto costaría establecer un sistema de salud universal en Puerto Rico, propulsores de este modelo aseguran que sería más económico que el  existente y serviría mejor a los beneficiarios.

“Hay mecanismos que perpetúan la pobreza porque generan unos beneficios para unos”, expresó Alicea. “Como trabajador social me preocupan los discursos de ‘vamos a pagar la deuda, vamos a pagar a los bonistas’ por encima de lo demás. Tenemos que establecer un plan para atender la pobreza, para atender la precarización del empleo, que sea pensando desde la justicia social”, exhortó.