El Departamento de la Vivienda llevará a cabo un nuevo esfuerzo dirigido a identificar un terreno -en el municipio de Toa Baja- donde se puedan reubicar las 187 familias de la comunidad Juana Matos, en Cataño, que viven en condiciones de vulnerabilidad a inundaciones severas.

La reunión entre el personal de la agencia, el liderato comunitario y el alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez García, debería ocurrir en las próximas semanas, dijo Pedro Carrión, líder comunitario.

“Tuvimos un diálogo favorable porque nosotros, realmente, no sabíamos lo que estaba pasando. Nos informaron que el proyecto sigue en pie y que se están contemplando unos nuevos terrenos bastante cerca de Cataño”, expresó.

En el encuentro, resultado de un reclamo de la comunidad, se informó que la agencia asistirá a las familias -que así lo deseen- en la identificación de unidades de vivienda disponibles donde reubicarse en lo que se completa el proceso. “Esperamos que en las próximas semanas se nos avise para ir a reunirnos con el alcalde de Toa Baja y empezar a explorar estos nuevos espacios que se están contemplando”, dijo.

La secretaria de Vivienda, Ciary Pérez Peña, se expresó complacida con el resultado de la reunión. Sostuvo que la prioridad es la seguridad y el bienestar de las familias.

“Nuestro compromiso es claro, acompañar a cada familia en este proceso, ofrecer orientación transparente y asegurar que cualquier decisión se tome con información completa y participación comunitaria. Por ello, estaremos convocando una reunión abierta con todos los residentes, donde se presentarán formalmente las alternativas discutidas y se atenderán sus preguntas e inquietudes”, mencionó la funcionaria, en expresiones escritas.

Con una asignación de $100 millones en fondos federales, se impulsa un ambicioso plan para relocalizar a las casi 200 familias que aún viven en la histórica comunidad, clasificada como zona de alto riesgo ante lluvias y eventos atmosféricos. Los fondos aprobados son bajo el Programa Multisectorial para la Mitigación Comunitaria, de Vivienda, bajo las Subvenciones en Bloque para Desarrollo Comunitario tras Desastres (CDBG-DR, en inglés).

A mediados del año pasado, este medio reseñó que los residentes serían mudados a una urbanización nueva –construida de cero– en un terreno en el barrio Minillas de Bayamón. No obstante, dicho espacio quedó descartado por el tipo de suelo y los costos de construcción.

“Como es un proyecto de relocalización, no es un proyecto compulsorio ni obligatorio sino que está dirigido a que las personas tomen sus decisiones de si quieren moverse o no. Hay familias que están en lugares donde no se inundan y no tienen el interés de moverse, pero el resto de las personas que decidieron moverse son de las áreas más inundables en la comunidad”, expresó Carrión.

El programa federal requiere que el 60% de la comunidad favorezca la relocalización. Al momento, dicha cifra alcanza el 68%, dijo Carrión. Sostuvo que hay un sector que ha expresado que tomará una determinación final una vez el proyecto esté mas adelantado.

Una vez identificado el terreno, dijo Carrión, debe iniciar el diseño del proyecto en colaboración con la organización Pathstone. La entidad también asiste a las familias y brinda apoyo en el proceso para determinar su elegibilidad al programa y facilitar otros trámites.