Aunque en las vistas de transición gubernamental se discutió la posibilidad de eliminar o mitigar los incrementos anuales en la factura de agua, el plan fiscal propuesto por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) mantuvo los ajustes de 2% hasta, por lo menos, el año fiscal 2039.

De acuerdo con la JSF –que en pasados días emitió una notificación de incumplimiento a la propuesta revisión del plan fiscal–, los aumentos periódicos sirven como “la principal medida fiscal para generar recaudos incrementales que cubran costos operacionales ascendentes y las obligaciones del servicio a la deuda, mantener suficiente liquidez para financiar los múltiples depósitos requeridos por el Fideicomiso del Acuerdo Maestro y, en última instancia, balancear los presupuestos”.

La comunicación, suscrita por el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, detalla que no implantar los aumentos –que han entrado en vigor cada 1 de julio desde 2022– “resultaría en un déficit estructural de casi $2,600 millones” a lo largo del periodo de 2025 a 2039.

“Es esencial que la AAA continúe aplicando anualmente ajustes tarifarios modestos o proponga medidas presupuestarias alternativas para cerrar el déficit”, añade la carta del 28 de abril, que precisa que la propuesta de aumentos de 2% cubre a todos los grupos de clientes.

El consenso entre la AAA y la JSF, por lo tanto, descarta, por el momento, que se revise la política de aumentos, como habían contemplado miembros del comité de transición de la gobernadora Jenniffer González, que apuntaron a que el proyecto de reemplazo de contadores por equipos “inteligentes” –que debe ejecutarse por los próximos cinco años– redundaría en recaudos adicionales que podrían acercarse a los $100 millones anuales.

Los contadores inteligentes, en principio, deben producir mayores recaudos al medir el consumo de agua con mayor precisión que los aparatos mecánicos existentes, que pierden efectividad con el paso del tiempo.

Tras su designación más temprano este año, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, había indicado que cualquier revisión de los aumentos debía aguardar a una evaluación del funcionamiento de los nuevos contadores, que, hasta el momento, solo se han utilizado como parte de un proyecto piloto en el área metropolitana.

La JSF, de otra parte, rechazó evaluar, a través de la revisión del plan fiscal, la petición de la AAA para que la corporación pública deje de estar considerada como una “entidad cubierta” bajo la ley Promesa. Las entidades cubiertas –designaciones que decide la propia JSF– están sujetas, entre otras cosas, al control presupuestario y la continua elaboración de planes fiscales que deben ser certificados por el organismo.

En entrevista con El Nuevo Día en marzo, González Delgado describió como uno de sus principales objetivos convertir a la corporación pública en la primera entidad gubernamental que sale de la jurisdicción de la JSF desde la promulgación de Promesa. Contrario a otras corporaciones públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica o la Corporación del Fondo de Interés Apremiante, la AAA resolvió sus obligaciones por medio del Título VI de Promesa, evitando años de litigios contra sus acreedores.

“El plan propuesto delinea las opiniones de la AAA en torno a las interpretaciones de la sección 209 de Promesa, indicando que cree que, conforme a su análisis de la sección 209, la Junta de Supervisión debe remover su designación como una instrumentalidad territorial cubierta. Esa discusión está fuera de lugar y debe ser removida”, advirtió Mujica en la carta.

La misiva abunda que, si bien la AAA ha sostenido que el refinanciamiento de algunas de sus obligaciones evidencia que ha logrado tener “acceso a los mercados a tasas razonables”, la “proyección de déficits operacionales” y la necesidad de recurrir a reservas presupuestarias en los próximos tres años, combinado con altos niveles de agua no facturada (NRW, en inglés), “apuntan a posibles restricciones financieras que pudieran colocar en peligro su estabilidad fiscal a largo plazo”.

La capacidad de recurrir al mercado para financiamiento es uno de los requisitos que fija Promesa para dar por finalizada la quiebra del gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas.

Al igual que ocurrió con la revisión del plan fiscal en 2024, la JSF señaló las elevadas tasas de NRW y advirtió que urge un plan más detallado para reducir esas pérdidas, que se subdividen en físicas y comerciales. En el año fiscal 2023-2024, el NRW ascendió a 66%, un punto porcentual por encima del periodo previo, puntualizó la JSF.

En síntesis, el cálculo de NRW toma en cuenta el volumen de líquido procesado por la AAA versus los cobros a clientes, tomando en cuenta pérdidas que pueden responder tanto a fallas del sistema –como salideros– como al hurto o ineficacia de contadores.

“El plan propuesto reconoce que el NRW sigue siendo uno de los retos más críticos de la AAA. Sin embargo, carece de una estrategia definida para su reducción”, acentuó Mujica.

En el borrador del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático –pendiente de aprobación legislativa–, se recomienda tomar medidas para reducir la pérdida de agua a 17%.