La menor Alma Yariela Cruz y su madre, Yomayra Cruz. (GFR Media)
La menor Alma Yariela Cruz y su madre, Yomayra Cruz. (GFR Media)

El abogado designado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced como secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera Santiago, ocupó el cargo de Secretario Auxiliar de Menores y Familias en el Departamento de Justicia, cuando esa agencia ordenó el arresto y la presentación de cargos criminales contra una niña negra por disputas escolares.

Se trata del caso de la niña Alma Yariela Cruz Cruz, quien al momento de enfrentar cargos criminales tenía 11 años y pertenecía al programa de Educación Especial del Departamento de Educación.

Como secretario auxiliar de menores y familias, Rivera Santiago estaba a cargo de supervisar todas las labores que realizan los Procuradores de Menores y Procuradores de Familia en las 13 regiones del Departamento de Justicia. Los procuradores de menores son quienes determinan cuáles casos presentar ante el Tribunal de Menores.

Bajo la jefatura de Vázquez Garced y con el aval de Rivera Santiago, el Departamento de Justicia presentó -en enero de 2017- cargos por agresión simple, amenaza y alteración a la paz, que se amparaban en el testimonio de dos compañeras de clase que se querellaron porque supuestamente empujó a una de ellas, amenazó a tirar a dos por las escaleras y usó lenguaje soez. Alma Yariela y su defensa legal negaron los hechos y señalaron que ella había sido víctima de un patrón de acoso, con insultos racistas por parte de esas mismas niñas.

Rivera Santiago justificó entonces, en declaraciones escritas a los medios, que los procuradores de menores evalúan la prueba y, “de existir los elementos de la ley para radicar y si hay interés de la parte perjudicada, se presenta ante el Tribunal ya que es el derecho que le asiste a todo ciudadano víctima de un delito o falta”. Agregó que los servicios de mediación son ofrecidos en los casos de menores, “más son de carácter voluntario y las partes no pueden ser obligadas a mediar".

En cambio, el abogado de defensa de Alma Yariela en ese caso, Leo Aldridge, criticó en ese momento que el Estado decidiera emplear su discreción para procesar criminalmente a una niña de 11 años. 

No fue hasta un año después, en febrero de 2018, que el Departamento de Justicia desistió del caso criminal en contra de la niña de educación especial, pues las madres de las presuntas víctimas no querían que sus hijas declararan con periodistas presentes. La jueza Delmarie Vega había accedido a la presencia de periodistas en la sala tras una moción de El Nuevo Día.  El Departamento de Justicia apeló esa determinación, pero el 27 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones ratificó la decisión de la jueza Vega.

Sobre la designación de Rivera Santiago, Aldridge expresó en declaraciones escritas a este medio que confía que, “en esta ocasión, el licenciado utilizará su poder de una manera más asertiva, justa y sensible hacia las personas más vulnerables que se afectan directamente con sus acciones e inacciones”.

Según su resumé, Rivera Santiago fue nombrado fiscal auxiliar en 2011, bajo la administración de Luis Fortuño. En 2012, ocupó el cargo de Procurador de Menores, en Guayama; y luego, fue Procurador de Menores de Fajardo. 

Al momento de su designación como secretario de Trabajo, Rivera Santiago estaba destacado en La Fortaleza como asesor en asuntos laborales, según el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón. Su nombramiento tendría que ser confirmado por el Senado, por lo que interinamente ocupará el cargo la subsecretaria del Departamento del Trabajo, Mabel Santiago.

En esta nota colaboraron los periodistas Wilma Maldonado Arrigoitía y Benjamín Torres Gotay.